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Por
Rosendo Zavala
Publicado el jueves, 12 de abril del 2012 a las 14:00
Saltillo.- Los problemas para la familia Mendoza no han terminado, y es que además de la deuda de 50 mil pesos que tienen con el Hospital Universitario, el enfado de una vecina comienza a preocuparlos, ya que amenazó con demandarlos si no reparan su casa y vehículo dañados durante la explosión del pasado 5 de abril.
Visiblemente confundida, doña Ruperta habló de su nuevo pesar y dijo desconocer la actitud de la quejosa, de quien aseguró siempre haber tenido otra imagen y optó por no dar su nombre debido al enfado que le causa la ciudadana con la bronca en que la ha metido.
Aunque la familia dañada en el estallido de la colonia Guadalupe Victoria ya comenzó a recibir el apoyo en especie por parte de algunas asociaciones, lo recolectado se ha ido terminando en construir el patrimonio de quien por azares del destino ya dejó de ser su amiga.
“Con el material que nos dieron ya estamos reparando la casa de la vecina de al lado, porque se nos puso al brinco y amenazó con demandarnos, ya no sabemos qué hacer porque la tenemos encima nomás diciéndonos que ya le paguemos, pero pues no podemos.
“La señora nos dijo: ‘si no me van a dar nada dejo parado el carro y me van a pagar como si estuviera trabajando’, como quiera ya se están reparando los daños en su domicilio pero sigue en lo mismo, insistiendo porque ya quiere tener su taxi en la calle”, dijo.
Por lo pronto, el material que se les ha otorgado se ha visto reducido considerablemente, porque además de tener que sanar los “detalles” en la casa aledaña, también tendrán que comprar un portón y pagar los gastos que generan los daños en el Tsuru dañado, que según la quejosa superan los 15 mil pesos.
Ruperta Mendoza comentó que una organización le entregó 8 mil pesos en efectivo pero ya los abonó a la cuenta que sostienen con el Hospital Universitario por las atenciones que le dan a su hermano Tomás, y que hasta el momento oscila en los 50 mil pesos.
La damnificada se dijo desilusionada de las instancias gubernamentales, que siguen negándose a prestarle apoyo material o económico argumentando que el no tener pagado el impuesto predial no le hace aplicar para darle atención.
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