México.- El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, pidió el "proceso debido" para los servidores públicos detenidos el martes en ese estado durante un operativo, sobre el cual admitió que "no tuvo tintes partidistas".
Dijo esperar que las autoridades federales presenten pruebas plenas para acreditar la responsabilidad de los servidores públicos aprehendidos y que se les castigue, pero de no ser así exigió que se les revindique públicamente.
También demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación sobre por qué no se le solicitó su colaboración en el operativo efectuado en Michoacán.
El mandatario estatal reclamó para los presidentes municipales detenidos, sin importar el partido al que pertenezcan, el "proceso debido", la garantía de audiencia y que les permitan presentar pruebas.
"Una vez que sean señalados plenamente deben de ser castigados y los que no, como lo dije en el comunicado que leí ayer (martes), deben de ser revindicados públicamente, porque ellos tenían un mandato popular, los presidentes municipales, y los otros contaban con la confianza nuestra".
Antes reconoció que el operativo en ese estado "no tuvo tintes partidistas" pues de 10 alcaldes detenidos sólo dos son de su partido, el PRD, entonces el objetivo es "buscar que no haya complicidades en ningún nivel de gobierno".
Godoy apuntó sin embargo que no se pondrá a disposición de ninguna autoridad y sólo lo hará si es requerido constitucionalmente, y anunció de hecho que presentará una "protesta enérgica" porque el martes agentes incursionaron en la sede del Poder Ejecutivo y detuvieron a un funcionario.
"El Código Federal de Procedimientos Penales establece un procedimiento especial en caso de las sedes de los titulares de los poderes en los estados", agregó en entrevista televisiva en el noticiario Primero Noticias.
Por su parte Ricardo Nájera, vocero de la PGR, aclaró que el gobernador "está totalmente libre de sospecha, él no forma parte de ninguna investigación ni está mencionado en ninguna averiguación previa", y descartó que se trate de un asunto electoral pues el operativo no se dirigió a un partido o agrupación política.
No es un problema de narcopolítica, sostuvo, sino "una acción contra quienes pueden estar involucrados en el crimen organizado".
Las labores de inteligencia "permitieron ubicar de manera directa a través de acciones de gabinete y de campo las posibles implicaciones de diversas gentes que, por accidente podría decirse, ocupan cargos públicos", subrayó.
Agregó sin embargo que dependiendo de las declaraciones e implicaciones de los detenidos "pudiera ser que el Ministerio Público tome decisiones de emitir otras órdenes de presentación y localización".
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