Saltillo, Coah.- Durante la Administración de Isidro López Villarreal le hicieron las cosas fáciles a la empresa “Grupo Canviso Tec, Calidad de Vida Integrando Soluciones de Tecnología, S.A. de C.V.”, responsable de aplicar el sistema recaudatorio de fotomultas.

La compañía, hecha a modo del proyecto, fue la única en participar en la “licitación” y tuvo un contrato a la medida, aun y cuando otras tenían mejor acreditación.

En un informe que hizo público ayer jueves, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer irregularidades en el contrato y vicios de origen en la relación entre Canviso Tec y el Ayuntamiento local, los cuales se acentuaron mientras miles de automovilistas de Saltillo y otras ciudades fueron víctimas del despliegue de operativos de recaudación.

La Auditoría hizo observaciones por 18 millones 982 mil 492.71 pesos al Gobierno municipal por irregularidades en su trato con Canviso Tec.

No se comprobó, o la información proporcionada no fue suficiente “por un valor de 4 millones 380 mil 745.73 pesos”, y además hubo ocho observaciones que sumaron 14 millones 511 mil 746.98 pesos por incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

El Gobierno de Isidro López no comprobó los pagos a la Secretaría de Finanzas por un monto equivalente al 10% de la recaudación por fotomultas; el recurso se debió entregar a cambio del padrón vehicular que elabora y mantiene actualizado la Administración Fiscal General del Estado.

Además, el Ayuntamiento violó la ley al facilitar el uso del padrón vehicular estatal a la empresa Canviso Tec.

EN CHAROLA DE PLATA

La Administración de López Villarreal le dio la vuelta a un proceso de licitación pública nacional y entregó el contrato a Canviso Tec de manera directa, con lo cual violó la ley en la materia y dejó fuera a otras empresas que prestan los servicios de emisión de infracciones electrónicas, cuestionó la ASE.

Además, el Ayuntamiento contrató a la empresa Brekford Corp. para suministrar el soporte digital de las fotomultas (Sistema iP360 Suite) a Grupo Canviso Tec, pero este último “no contaba con el certificado de registro para explotar el mismo”.

Hubo anticipos de pagos a Canviso Tec sin que fuera obligada a entregar fianza de garantía. La particular justificó lo anterior al señalar equipos instalados que no eran de su propiedad, sino de Brekford Corp.

Al contrato de prestación de servicios se le hicieron adecuaciones para satisfacer los intereses de Canviso Tec, a la cual también se le “realizaron pagos sin que contara con el refrendo de su registro en el padrón de proveedores del Municipio”. El proveedor no tenía experiencia en la prestación del servicio y tampoco era una empresa estable; prueba de ello es que en al menos dos ocasiones cambió su domicilio fiscal.

GOBIERNO INEFICAZ

La Auditoría Superior del Estado cuestionó que el Gobierno local “no ha realizado las gestiones para el cobro del total de foto multas” y con ello la “eficiencia operativa del programa es prácticamente nula, ya que logró una recuperación de 8.04% del total de las fotomultas emitidas”.

Se considera, señaló la ASE, “que el programa de fotomultas se implementó con fines recaudatorios, ya que el monto cobrado supera 4.36% al impuesto predial recaudado en 2016, que es uno de los principales ingresos propios que obtiene el municipio”.

El resultado de la revisión del programa se reportó este mismo jueves al Congreso estatal, quien está en condiciones de pedir a la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones para tratar de deslindar responsabilidades penales.

CANDiL DE LA CALLE...

El contrato del Ayuntamiento de Saltillo con la empresa Citelum México S.A. de C.V., por 228 millones 993 mil 233 pesos para la reposición de luminarias con sistema de ahorro de energía resultó un fiasco pues la ciudad sigue a oscuras y no hay quien responda por irregularidades observadas por la Auditoría Superior del Estado, por un total de 22 millones 344 mil 27.04 pesos.

Al poner en marcha el programa, el edil Isidro López ni siquiera tenía el proyecto ejecutivo sobre la modernización del alumbrado público, el cual de todas maneras arrancó sin conocer “las necesidades de implementación, factibilidad del proyecto, normas que lo regularon y el costo beneficio de la renovación”.

La ASE observó también que en el contrato original no se estableció el precio unitario por cada lámpara, ni de los artículos que se instalaron, y “el programa de ejecución del proyecto no incluye ubicaciones y acciones por ejecutar de forma cronológica, ni la descripción de los sectores donde se dio inicio a los trabajos”, de tal manera que la reposición de luminarias se hizo sin orden.

ADVERTENCIAS CLARAS

De las 51 mil 521 luminarias que se iban a renovar, 2 mil “no cumplen con los requerimientos mínimos de flujo luminoso (lúmenes), ni con las especificaciones acordadas”, 13 más “no cumplen con la tecnología y tipos especificados en el Contrato” y otras “128 no cuentan con un conector bimetálico “ponchable” en las conexiones”, advirtió la Auditoría.

Además, “las luminarias instaladas incumplen con los niveles mínimos de iluminancia recomendados por la NOM-013-ENER-2013 (Eficiencia Energética para Sistemas de Alumbrado en Vialidades), ya que los luminarios instalados son de menor potencia a los que la aplicación requiere”.

La ciudad está a obscuras y los saltillenses no cuentan con un sistema para presentar sus quejas, pues “el centro de atención telefónica para reportes de alumbrado público que opera el contratista, es un servicio subutilizado, ya que los reportes los recibe el Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) y este a su vez los canaliza al centro de atención ciudadana del contratista, ocasionando retrasos en los tiempos de solución a los reportes”.