Saltillo, Coah.- Del 2001 al 2017 la Fiscalía General del Estado registró 5 mil 373 denuncias de desaparición forzada de personas, y han sido localizadas 3 mil 410, reportó el Grupo Autónomo de Trabajo.

Al presentarse el documento “El Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila: Un modelo de interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y sociedad civil”, en Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís refrendó el compromiso de seguir dando cauce a las demandas justas de los familiares y a la articulación de esfuerzos lograda a través del tiempo.

Añadió que desde el inició de su gestión se reunión con representantes de 5 colectivos de familiares de personas desaparecidas, y desde entonces ratificó el esquema de diálogo que las familias han impulsado para proteger sus derechos, junto con la sociedad civil y organismos internacionales.

“En Coahuila la desaparición de personas es una prioridad de Estado. En nuestro esquema de interlocución se escucha permanentemente a las familias para asumir compromisos, se discuten abiertamente los temas con los mejores expertos nacionales e internacionales, se precisan acuerdos con las familias e instituciones”.

De esta manera, se enfrenta uno de los mayores problemas que enfrenta la entidad en materia de violaciones a los derechos humanos.

“Desde el gobierno entendemos que la desaparición de personas no solo exige como principal demanda garantías reales y efectivas de búsqueda, justicia y verdad para encontrar a sus familiares y castigar a los responsables; también requiere de la implementación de políticas públicas de Estado para ayudar y reparar en forma integral los graves daños que se causan a las familias”.

Así, desde el 2012 en Coahuila se ha construido un modelo de diálogo entre gobierno y familias de personas desaparecidas, creando el Grupo Autónomo de Trabajo, en que participa además la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe del GAT, elaborado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila con el apoyo del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Enfoque DH, sintetiza el esquema de diálogo que ha permitido identificar, sistematizar y dar seguimiento a una agenda de temas vinculados a derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas.

“Después de más de 6 años de trabajo, familias y gobierno han creado las condiciones para desarrollar un trabajo sistemático para abordar los retos y desafíos que presenta este crimen de lesa humanidad”, subrayó el gobernador.

Añadió que en Coahuila se han diseñado leyes, políticas públicas y acciones de gobierno que representan las mejores prácticas internacionales en la materia, incluso muchas de ellas son precedentes de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

“Sé, y estoy consciente, que nos falta mucho por hacer. Sé que con las familias no solo seguiremos construyendo y fortaleciendo las instituciones que se requieren en nuestro estado para garantizar justicia y verdad, sino que generaremos una memoria colectiva para que nunca más este tipo de hechos vuelvan a pasar”.

“Esta agenda es prioritaria para mi gobierno y a la par de la seguridad y el desarrollo económico, la lucha de los derechos es una política de Estado de la más alta prioridad”, sostuvo.