Saltillo, Coahuila.- De 2001 a 2017 la Fiscalía General del Estado registró 5 mil 373 denuncias de desaparición forzada de personas y han sido localizadas 3 mil 410, reportó el Grupo Autónomo de Trabajo.

Al presentarse el documento El Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila: un modelo de interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y sociedad civil, en Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís refrendó el compromiso de seguir dando cauce a las demandas justas de los familiares y a la articulación de esfuerzos lograda a través del tiempo.

Añadió que desde el inicio de su gestión se reunió con representantes de cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas y desde entonces ratificó el esquema de diálogo que las familias han impulsado para proteger sus derechos, junto con la sociedad civil y organismos internacionales.

Impulsa Coahuila búsqueda de personas desaparecidas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, advirtió este sábado que la desaparición de personas es una prioridad para los coahuilenses y sus instituciones.

“Entendemos que la desaparición de personas no sólo exige como principal demanda garantías reales y efectivas de búsqueda, justicia y verdad para encontrar a sus familiares y castigar a los responsables; también requiere de la implementación de políticas públicas de Estado para ayudar y reparar en forma integral los graves daños a las familias”, aseguró.

Riquelme recordó que desde 2012 en Coahuila se ha construido un modelo de diálogo entre Gobierno y familias de personas desaparecidas, creando el Grupo Autónomo de Trabajo, en que participa además la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe del GAT, elaborado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el apoyo del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Enfoque DH, sintetiza el esquema de diálogo que ha permitido identificar, sistematizar y dar seguimiento a una agenda de derechos humanos.

“Después de más de seis años de trabajo, familias y Gobierno han creado las condiciones para un trabajo sistemático que aborda los retos y desafíos que presenta este crimen de lesa humanidad. (...) Sé que con las familias no sólo seguiremos construyendo y fortaleciendo las instituciones para garantizar justicia y verdad”, subrayó.