Ciudad de México.- El Ministerio Público Federal investiga desde hace dos años presuntos actos de tortura física y sicológica de más de 100 detenidos vinculados con el caso iguala y los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el juicio de amparo 177/2015 del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en Tamaulipas, y que promovió Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, presunto participante en la desaparición de los normalistas, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura, de la PGR, inició la averiguación previa 1013/UEIDT/48/2016 en la que se encuentra más de un centenar de posibles víctimas de tortura, entre ellos las que se señala en la ejecutoria (Emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que ordenó a la PGR reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia)

“Asimismo informa que se recabaron de la Coordinación General de Servicios Periciales de dicha institución, doce dictámenes médico/sicológicos especializados para casos de posible tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados a igual número de personas que se señalan en la mencionada resolución siendo en total catorces dictámenes, y que a la fecha continúan en la investigación”.

Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones; sin embargo, los efectos del amparo sólo aplican para quienes suscribieron las solicitudes resueltas en la sentencia.

Protegen a presuntos sicarios que se declararon culpables de la incineración de los jóvenes

En junio pasado el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena,;Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos.

En la sentencia el tribunal ordenó a la PGR reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por dichos detenidos y presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes en su momento denunciaron haber sido víctimas de tortura.

Sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que había indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.

Con ese fallo, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar la verdad histórica.