Sin otra justificación que la aviesa dependencia respecto a la mayor potencia de todos los tiempos, México suele extraditar a algunos de sus reos de alta peligrosidad bajo la presión del gobierno estadounidense y sin que éstos hayan purgado sus penas en el territorio en donde cometieron sus mayores tropelías. Esto es: Por rendir pleitesía a los vecinos del norte, los conspicuos intérpretes de la legislación mexicana aprovechan lagunas y tesis sesgadas, tales como las dificultades para asegurar el confinamiento y operatividad de los presos, con miras a justificar el ominoso proceder lacayuno.
Desde hace tiempo, en línea semejante, las extradiciones de mexicanos hacia nuestro país se configuran dentro de lo que he dado en llamar “el síndrome de Eduardo Ibarrola Nicolín”, llamado así en honor de quien instrumentó, desde la subsecretaría de Relaciones Exteriores, primero, y desde adentro de la Procuraduría General de la República, después, los mecanismos destinados a traer a los acusados perniciosos sólo con el propósito preestablecido de ponerlos en libertad apenas pisaran suelo patrio, lo mismo tratándose de banqueros de altos vuelos, como Ángel Isidoro “el divino” Rodríguez, que de políticos señalados por sus estelas de corrupción, como en el caso del deplorable Óscar Espinosa Villarreal, el último “regente” de la Ciudad de México.
Así las cosas, nuestro gobierno invierte para traer a predadores de altos vuelos, a quienes deja ir con el simplismo de que no hay suficientes elementos probatorios en contra, y sirve al sistema de justicia norteamericano, sometiéndose a sus reglas y a sus indicaciones, enviando hacia las cárceles de los Estados Unidos a cuantos reclaman para ponerlos, aseguran, a resguardo inexpugnable, esto es más cerrado incluso que nuestros penales de “alta seguridad”. Pese a ello, es notable que los extraditados, segregados de la curiosidad informática, dejan de ser visibles apenas llegan a la Unión Americana. ¿Tiene esto alguna lógica?
El 14 de enero de 1996 –es increíble que ya hayan pasado casi tres lustros-, el llamado “capo de capos”, Juan García Ábrego, fue aprehendido muy cerca de Monterrey, en el municipio de Villa Juárez, en un singular operativo que sorprendió al propio mafioso quien, al parecer, había aceptado su entrega y no entendía el porqué del tremendo despliegue de judiciales y militares en su entorno. Incluso, al momento de ser detenido, García Ábrego comentó:
Señores: Yo vengo a cumplir un pacto de caballeros. No veo la necesidad de tantas armas.
Lamentablemente quien difundió esta versión –“El Capo del Golfo”, Grijalbo, 1996-, Yolanda Figueroa, su esposo, Fernando Balderas, y sus hijos, fueron asesinados, en su domicilio de la Ciudad de México, apenas unas semanas después de la aparición del trabajo que desnudó el célebre “pacto”. No sólo eso: García Ábrego, so pretexto de un acta de nacimiento evidentemente falsificada, fue acreditado como “estadounidense” y, por ende, reclamado por el gobierno vecino. De esta manera, los funcionarios mexicanos sencillamente lo pusieron a disposición de quienes, de verdad, mandan y establecen condiciones y normas por encima de soberanías y dignidades.
Desde entonces, los procedimientos para la extradición se colocaron por encima del prurito esencial de la justicia: Que quienes delinquen en un país sean sometidos a las leyes de éste y no al poderío extranjero. Precisamente por esta razón se determinó la construcción de cuatro penales de “alta seguridad” durante la administración de Carlos Salinas con el propósito de asegurar a los facinerosos de rango elevado, sometiéndolos a condiciones de aislamiento y de castigo extremas. No obstante, según los indicios, no han sido suficientes.
En este momento, tras la extradición reciente de “El Vicentillo”, Vicente Zambada Niebla, hijo del célebre “Mayo”, dos personajes relevantes esperan turno: Benjamín Arellano Félix, líder que fue del “Cártel de Tijuana” e involucrado en el crimen contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, y el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, cuya importancia estratégica, en el triángulo peninsular yucateco, no ha sido del todo desmenuzada –se mantuvo dos años bajo la protección del intocado Víctor Cervera, cacique de Yucatán, sin que éste fuera siquiera indiciado-, como si no hubiera causas suficientes para que cumplan sus sentencias en México.
