Lo ideal es contar con una regla explícita que permita una política expansiva en la recesión y permita el repago de deuda durante la expansión
Durante la celebración de los 75 años de la revista el Trimestre Económico del FCE la semana pasada, el secretario de Hacienda realizó varios comentarios en su intervención, destacando las difíciles circunstancias que enfrentarán las finanzas públicas en los próximos meses y en la posibilidad de utilizar algún esquema que permita un mayor déficit transitorio. ¿A qué se refería exactamente el secretario?
Sabemos que la contracción económica en nuestro país ha sido mayor a lo que se esperaba, incluso excluyendo el efecto de la influenza que agudizó el problema. También sabemos que aún registrándose una recuperación hacia finales de este año, este proceso será muy lento, como lo expliqué en mi columna anterior. Si bien este año, el impacto negativo sobre las finanzas públicas se ha amortiguado en parte debido a las coberturas petroleras, la recaudación ha sido menor a lo esperado y las perspectivas para el próximo año son bastante pesimistas, además de que ya no contaremos con esta protección. Esta situación coloca en serias dificultades al gobierno de Calderón, quien ha venido enfatizando su compromiso de mantener una posición contra cíclica en su política fiscal para mitigar los efectos negativos de la crisis actual. Es en este contexto en el que habría que ubicar las declaraciones de Carstens, aunque no dio más detalles.
En los últimos quince años, nuestro país ha realizado serios esfuerzos por corregir los desequilibrios fiscales del pasado, para lo cual ha guiado su política fiscal mediante el uso de una regla que obliga a mantener cuentas públicas equilibradas. Esto elimina la tentación del uso discrecional expansivo del gasto público, lo cual sabemos genera distorsiones importantes y nos castiga en los mercados externos de capital. Pero esta regla tiene una característica pro cíclica, ya que al disminuir el ingreso público, generalmente en una recesión, la obligación de mantener un déficit cero sólo puede lograrse mediante un recorte al gasto, reforzando la caída en la actividad económica. En cierta forma, este es el precio que terminan pagando las economías en desarrollo como consecuencia del uso irresponsable de su política fiscal por muchas décadas. Esto también limita los márgenes en su manejo contra cíclico, como lo hemos visto ahora.
Sin embargo, el costo de no crecer también es alto en términos de producto no realizado, desempleo y pérdida de bienestar. El dilema es cómo lograr implementar una política fiscal contra cíclica sin poner en riesgo el crecimiento de largo plazo. Mantener un gasto elevado vía déficit significa un aumento en la deuda pública, que eventualmente se convierte en un obstáculo al crecimiento futuro. Pero más grave aún es el hecho de que es difícil hablar de un déficit “transitorio o temporal” en el sentido de que tiene que ser creíble para los mercados. Es decir, que tan pronto ocurra la recuperación económica, la autoridad recurrirá a generar superávits para reducir la deuda. Pero este es el problema porque la credibilidad es producto de la reputación, y esto lleva tiempo en demostrarlo.
Una alternativa es contar con un mecanismo fiscal que incluya una regla explícita que permita este comportamiento contra cíclico de la política fiscal, pero de manera automática obligue a la autoridad a respetar la generación de superávits en la recuperación y el repago de la deuda utilizada para financiar un mayor déficit en la recesión. Desde hace tres años he venido sugiriendo en este espacio y en otros escritos, incluyendo un artículo publicado en una revista académica internacional en el 2007 (la referencia y más explicación se encuentra en mi Blog Tintero Económico Diario) la adopción de una regla en este sentido en nuestro país basada en el concepto de Balance Presupuestal Estructural. No es un mecanismo nuevo y Chile lo ha utilizado con buenos resultados desde hace tiempo. Sin entrar a los detalles técnicos de ésta, que son muchos, este concepto ayuda al gobierno a detectar si se requiere un cambio en su política fiscal para alcanzar sus objetivos de mediano y largo plazo: por un lado mantener la sustentabilidad fiscal, por el otro, estabilizar a la economía en el corto plazo. Al mismo tiempo, este indicador puede ayudar a mantener la confianza de los mercados externos de capital y de los inversionistas al ser una regla explícita. Otra virtud de este indicador es que puede usarse para establecer una regla que limite la razón de déficit estructural a PIB, lo que le permite actuar como un estabilizador automático. Durante las recesiones puede mantenerse una política fiscal expansiva para estabilizar a la economía y durante una expansión actúa en sentido contrario, evitando un aumento sostenido en la deuda. Curiosamente, el FMI, en su reporte individual sobre México a principios de éste año recomendó la necesidad de refinar el marco de nuestra política fiscal mediante la adopción de una regla de déficit balanceado que descanse en el concepto de déficit ajustado por el ciclo, que le otorga mayor flexibilidad a la política fiscal frente al ciclo económico y que es exactamente lo que he venido proponiendo desde hace varios años. Es muy probable que el Secretario Carstens tenga esto en mente, pero habrá que esperar. En todo caso, éste será un elemento importante en la discusión fiscal de los próximos meses y conviene tenerlo presente. De todos modos, esto no resuelve la necesidad de una verdadera reforma fiscal.
Investigador del CIDE y de la EGAP-ITESM-CCM
