Colocado en la picota el Sindicato Mexicano de Electricistas como el cáncer corrosivo que provocó la muerte de Luz y Fuerza del Centro, la inquina soslaya el papel estelar de los directores de ésta en la colocación de los clavos del ataúd
El caso más representativo de la ineficiencia de éstos, concretamente del que fuera liquidador de los ex Ferrocarriles Nacionales de México, Luis de Pablo, es la instalación de 14 minicentrales de generación eléctrica en el Valle de México con el concurso privado.
La inversión fue la primera realizada en los últimos años, tras un largo periodo de sequía en materia de posibilidades de generación distribuida.
La intención hablaba de que cada una de las plantas de generación a base de gas natural produjera 32 Megawatts, alcanzando en una segunda etapa el proyecto la posibilidad de 20 plantas.
Esta finalmente se canceló.
La razón es simple: las plantas generan menos de los 32 Mw de carga-base previstas, con la novedad de que sólo funcionan durante 20 horas… los fines de semana, es decir, cuando la demanda está en su clímax.
Peor aún, la propia Luz y Fuerza del Centro reconoció en su momento que la eficiencia de las máquinas es inferior a 40%, en un escenario en que su funcionamiento resulta excesivamente costoso para el resto de la infraestructura.
De hecho, el Centro Nacional de Energía sólo las conecta cuando su acción es imprescindible para atender la demanda.
Dos mil 300 millones de pesos, pues, tirados prácticamente a la basura.
Lo grave del caso es que se trata de la crónica de un desastre anunciado. De hecho, las alertas se iniciaron desde el lanzamiento de la licitación para avalar la entrega del jugoso contrato, sin que la Secretaría de la Función Pública moviera un dedo.
El primer aviso hablaba de que las bases del concurso se diseñaron como traje a la medida para una de las concursantes: General Electric, que, naturalmente, ganó de calle.
Lo demás fue pura pantalla.
De hecho, a la publicación de las bases de la licitación se plantearon dos recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por parte de un par de firmas participantes, Siemens y Turbina Solar, sin mayor eco por parte de la dependencia.
La querella hablaba de un rompecabezas cuyo armado coincidía parte por parte con los planos de máquinas generadoras LM 6 mil, ajenas al proceso habitual de ciclo combinado… es decir, las fabricadas por General Electric.
De hecho, la multinacional General Electric las tenía listas desde antes de hacerse públicas las bases para la adjudicación. El diseño dejó fuera de la jugada a 70% de los participantes, entre ellos compañías como el Grupo Santry, Duro Felguera, Cummins, Turbomaquinaria, BTEC Turbina, SSC Clutch Company. Por ejemplo, se planteó que el tamaño de las plantas fuera de +/- 10%, es decir, ajustando el escenario a un marco de escasa certeza para el resto.
Más allá, se habló de una temperatura de diseño de 18 grados; de un factor de plantas de 18%, y de una disponibilidad de equipos de 92%, cuando se reclamaba entre 98% y 99%.
Adicionalmente, se planteaba que las pruebas en plantas del fabricante de las turbinas deberían realizarse en un plazo de seis meses después de otorgado el contrato… requisito que sólo podría cubrir, lo adivinó bien usted, la planta LM 6 mil de General Electric.
Por si fuera poco, se incluyó una fórmula de evaluación que automáticamente dejaba fuera del concurso a las turbinas industriales y favorecía a las aero-derivadas, al darle valor altísimo al consumo de combustibles.
Lo inaudito del caso es que en su prisa por favorecer a General Electric, Luz y Fuerza del Centro descuidó el capítulo toral de la novela: el suministro de gas natural que alimentaría a las minicentrales instaladas en la capital del país y la zona metropolitana.
Aunque se firmó un Memorando de Entendimiento con Petróleos Mexicanos, el compromiso de la paraestatal era poner a disponibilidad la molécula del energético, no así su transportación.
Ésta, en tal caso, estaría condicionada a la contratación de una línea de transmisión, cuyo eje sería la estación compresora ubicada en Emiliano Zapata, Veracruz, que entonces se encontraba en proceso de construcción.
El problema es que, de acuerdo a los técnicos de Pemex, el combustible llegaría a una presión de suministro baja, es decir, cuatro kilogramos por centímetro cuadrado, con la novedad de que las plantas requerían ocho tantos más.
Bajo ese prisma, pues, se debía instalar una compresora con capacidad mínima de un megawatt, cuyo costo no estaba previsto.
Naturalmente, la operación a cuenta gotas de las centrales le impidió a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) garantizar la tasa de retorno de la inversión aportada.
La evaluación interna habla de serias limitaciones en el programa; mala planeación, sobrecostos y resultados mediocres… por más que no hay ningún cargo contra los funcionarios responsables.
¿Diablo de SME?
Balance general
En respuesta a la columna publicada el lunes pasado (Jaque a Coca-Cola), la empresa señala que su ex funcionario, Ángel Alvarado Agüero, ha presentado “diversas e infundadas acciones legales en contra de ésta, ninguna de las cuales tiene sustento jurídico”.
La firma señala que, tras la pérdida de los recursos por parte del quejoso, no existe incumplimiento alguno de la ley por parte de ella.
En paralelo, reitera que Alvarado fue despedido por incurrir en varias violaciones al código de conducta de la empresa, y que sus declaraciones apuntan a obtener un beneficio económico que no le corresponde.
Coca-Cola, señala, se conduce en todo el mundo con estricta observancia de la ley, cumpliendo cabalmente sus obligaciones tanto con sus asociados como con las autoridades.
La compañía asegura ganará el pleito hasta sus últimas consecuencias, avalando su aserto en que fue calificada como uno de los mejores lugares para trabajar por sus propios colaboradores.
El caso es que ayer se anunció en la Cámara de Diputados la promoción de un punto de acuerdo para exigirle a la autoridad laboral mantener abierto el expediente.
Perdió Asur
Finalmente la posibilidad de un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya se resolverá vía una licitación internacional abierta, a contrapelo de la exigencia del Grupo Aeroportuario del Sureste de ubicarla como extensión de la terminal de Cancún.
La firma, pues, alegaba tener la concesión y por tanto la exclusividad en la zona, lo que provocó una y otra posposición de la fecha prevista para iniciar las obras.
La inversión será de 300 millones de dólares.
