Las drogas que ahora están en conflicto, las alteradoras de la mente, han estado en la sociedad desde antiguo, cuando se descubrió el efecto de diferentes plantas y compuestos sobre la percepción de la realidad (ya sea interna o externa), en la ampliación, el control o el abandono de la conciencia y en la potenciación en las sensaciones de placer, difícilmente obtenidos de otro modo.
Estas drogas se esconden y se persiguen, incitan y atraen. Presentes en lo profundo de la sociedad, visibles o invisibles, aceptadas o negadas, a veces ni siquiera son identificadas como drogas, como el incienso que se quema en los ritos religiosos de los templos (no sólo en los católicos), que distorsiona la percepción temporal, facilita la sensación de contacto con la divinidad y puede crear adicción.
Los Diputados, que van a votar la legalización de ciertas drogas o su permanencia en la clandestinidad, deben estar responsablemente informados de los diferentes criterios de juicio, no solamente del científico, sino de los filosóficos, religiosos y culturales. Votar la legalización de las drogas no es un acto simple, de “sí” o “no”. No es imponer el criterio personal del “me gusta” o “no me gusta”. Va más allá. Es un acto de racionalidad que tendrá consecuencias inmediatas, y sin duda veremos un país diferente dependiendo de la decisión tomada.
El problema no es simple: implica el tipo de drogas que se legalicen, el estatus que tome su presencia en la comunidad, la dimensión de la industria que se estructuraría y del poder que va a concentrar en caso de su aprobación. Implica también la transformación de la sociedad en los usos y costumbres que se generarán, las alteraciones positivas o negativas que ha de sufrir la estructura familiar y el cambio evolutivo o involutivo al que se someterá la estructura del placer humano.
Y tendremos muchos tipos diferentes de discursos que estarán en pro o en contra de la legalización: el discurso médico de ideologización de las toxicomanías; el discurso filosófico de la bioética del derecho al placer artificial; el discurso jurídico de la legalidad diferencial al consumo de drogas; el discurso psicológico de la familia disfuncional y de la alteración de la personalidad; el discurso sociológico del daño en las instituciones básicas y el discurso religioso de la asociación de las drogas con el bien y el mal.
Al fijar su posición en el problema, no permita el diputado que los clichés y los estereotipos le impidan ver el fondo del problema. Procure no confundir las causas con los efectos. No pidamos votar en contra de la figura oprobiosa del drogadicto, o de la idea de la drogadicción como flagelo social, porque la drogadicción es independiente de la droga y es más bien consecuencia de estados infantiles de de privación sensorial, afectiva y cultural provocados por relaciones familiares deficientes que de la existencia de la oferta de drogas en la sociedad.
No usemos el discurso de los estereotipos de la destrucción de la persona por la droga, porque no todas las drogas causan el mismo efecto ni destruyen por necesidad a los que las consumen. La frecuencia del consumo está determinada por condiciones de carencia previas al inicio del acto y no por la sustancia misma (con sus excepciones, por supuesto). No toda droga lleva a la adicción, aunque esta idea no les gusta a los teóricos de moda. Es imperativo que no confundamos la droga con la drogadicción o el drogadicto.
Pero, finalmente, el problema no se agota en la legalización. No pondremos fin a ese conflicto social solamente haciendo leyes que permitan o impidan la presencia de la droga en la sociedad, sin hacer que se cumplan las otras, las que afectan la base real que las origina. Porque la sociedad es una totalidad concreta en donde cada elemento es interdependiente del otro.
Si los legisladores se preocuparan más por hacer cumplir la ley que otorga a la investigación científica el 1% del PIB y ordenaran que el incremento se designe a la investigación de las causas productoras de las adicciones, a proyectos de prevención, al desarrollo de tratamientos y a la construcción y equipamiento de centros de rehabilitación con políticas más congruentes con la realidad actual, se tendría mayor expectativa de ganar la batalla contra las adicciones, que no contra las drogas, pues esa guerra es, a corto plazo, punto menos que imposible de vencer.
