¿Para qué tantos repetidores y ociosos legisladores? México, por si alguien lo duda todavía, es una de las naciones con mayor costo político, muy superior al boato de las monarquías europeas y a las inversiones proselitistas de las grandes potencias del orbe. Se gasta muchísimo para bien poco; mientras, en el colmo del cinismo, la “nueva clase política” se esmera en aprovechar cargos para viajar a todo lujo con cualquier pretexto.
Unas muestras: No hace mucho, a mediados de 2008, quien se proclama luchador social cuando se le acusa de pandillero, Gerardo Fernández Noroña, viajó a España para indagar sobre el origen de Juan Camilo Mouriño revisando los registros civiles, meses antes del fatal accidente. No logró nada pero se la pasó en grande. En línea semejante, las hordas de panistas enfebrecidos para exaltar su derecho al relajamiento, detrás de las bambalinas del Congreso, asaltan las líneas aéreas y van y vienen en supuestos periplos de estudios sin otro propósito que irse de compras o aprovechar los estatus para “merecer” festines pantagruélicos. Y ni siquiera se molestan en explicar el fin de los mismos ni, mucho menos, informar sobre los resultados. Porque, al fin y al cabo, ¿quién se atreve a dudar de la sacrosanta honestidad de la derecha, tan dada a los golpes de pecho?
No obstante tal perspectiva, feliz para quienes hincan dientes al presupuesto, la iniciativa presidencial, presentada el 15 de diciembre pasado, para modificar el número de curules y escaños, apretándolo con el propósito no sólo de ahorrar -que no es poca cosa- sino también para hacer más eficientes las tareas legislativas liberándolas de zánganos y levanta-dedos que, exaltando su propia comodidad, sólo siguen las líneas establecidas por sus dirigencias con pastueña entrega.
Tal significa, sin duda, un paso muy importante para suprimir las amargas concesiones a los partidos disidentes que surgieron cuando, claro, se hacía necesario negociar para tener una rendija dentro del Legislativo si bien contaminada por el contumaz mayoriteo del partido gobernante. Esto es, con el “carro completo” del partido “casi” único, sólo se podía aspirar a integrar fracciones disidentes de algún peso mediante la vía, inventada desde el régimen de Adolfo López Mateos, de los “diputados de partido”, primero, y los plurinominales que nos alcanzan hasta hoy.
Y sería estupendo, sin duda, que ello pudiera darse sobre el cauce de los órganos electorales libres de apetencias y sectarismos. Éste es el punto determinante que, por ahora, no se atina a resolver, mucho menos con el doloroso antecedente de 2006 cuando el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, con el rostro perlado por el sudor y un agudo tartamudeo producto de su ansiedad e inseguridad, contaminó los escrutinios de la elección presidencial, posponiéndolos sin medida para “organizarlos” de acuerdo a la tendencia gubernamental preestablecida. Lo mismo que en 1988, aunque con matices, cuando el sistema de cómputo “cayó”, operado por el nefasto rufián Bartlett, posibilitándose uno de los mayores fraudes de la época. Carlos Salinas y Felipe Calderón están, sin duda, hermanados por los vasos comunicantes del establishment.
Pese a ello, a lo que no se tiene derecho es a evadirse del debate, de toda discusión, como están sugiriendo las dirigencias del PRI, el PRD, el PT y Convergencia, sin siquiera ponderar el fondo de las propuestas animados por una verdadera vocación democrática que no ancle en los usos facciosos que desembocan en el sectarismo bajo la férula de mesianismos y obsesiones. Así se niega toda concepción democrática y, lo que es peor, se cancela la posibilidad de crear destinos con el acento de civilidad que sólo puede darse mediando el respeto a las opiniones divergentes. Para infortunio nuestro, cada bando asume tener la razón para imponérsela a los otros sin preocuparse antes por alcanzar acuerdos.
Y, en este sentido, es evidente el imperativo relegislar, de una vez por todas, para frenar el inútil y carísimo gigantismo legislativo, más pernicioso aun que el burocrático y sobre todo más correoso, para volver al origen mismo de la representatividad popular.
Sin duda, a golpes de concertaciones, buena parte de los legisladores actuales, sobre todo aquellos que llegaron a las Cámaras por la vía plurinominal, se siente ajena al fundamento básico, esto es la esencia de la soberanía popular, para proponerse como servidores incondicionales de las causas de sus líderes y partidos. Por ello, naturalmente, la propia iniciativa de reformas mencionada ha sido analizada con la visión facciosa de las pequeñas cúpulas y no de acuerdo al interés de una comunidad cansada de pagar tanto por casi nada.
No se legisla ni se debate; más bien se zancadillea y descalifica con el único propósito de desgastar al Gobierno o, en su caso, a la oposición con fines tendenciosos de cara a la carrera por la sucesión presidencial. Sólo esto importa mientras los candados asfixian a la ciudadanía.
Debate
En condición semejante se encuentra la propuesta para aumentar los porcentajes mínimos, al cuatro por ciento de la votación global, tendientes a asegurar presencia y registro a los partidos muy minoritarios. Esto es razonable porque, desde luego, se vive una disparidad tremenda: Quienes están cernidos, en las Cámaras, a una fracción de escasa representación, se arrogan los mismos derechos que los partidos con mayor solvencia popular y ocupan espacios, tiempos y financiamientos absolutamente desproporcionados. Y los mexicanos, por supuesto, pagan.
Es obligado, por tanto, revisar las reglas para la distribución de cargos de elección popular para evitar, entre otras muchas cosas, la proliferación de empresas familiares o de clanes de falsarios con habilidad artesanal para asegurar alianzas que les permitan mantenerse en boga, obteniendo prerrogativas millonarias, aunque su verdadera representatividad esté a la baja. Los “verdes”, por ejemplo, no tienen rubor alguno cuando cumplimentar tareas propias del badajo de la campana: Tocan por un lado y otro, de acuerdo a como soplen los vientos. En materia democrática ello es absolutamente infecundo.
No hay razón alguna para mantener a los vanos usufructuarios de las partidas políticas quienes, además, presumen de aportar programas sociales cuando, en realidad, sólo se esmeran por lanzar ruidosas cortinillas publicitarias que luego se traducen en anuncios monumentales callejeros sin otro fondo que los espacios contratados. Para colmo, la exaltación del nepotismo, uno de los vicios más acendrados entre los grupos políticos de la actualidad -ningún partido ni grupo se salva-, llega a su máxima expresión en estos cuadros minoritarios que se llevan gruesas rebanadas del pastel de los privilegios mientras la sociedad, cada vez, se observa menos representada y comprendida.
¿Por qué, entonces, no discutir sobre el particular antes de rechazar el conjunto de la iniciativa presentada, sólo porque deviene de la casa presidencial? Es, a nuestro entender, el mayor de los absurdos con los ingredientes de la inefable demagogia. Más pareciera que existen acuerdos soterrados para asegurar las posiciones “de acompañamiento” para trazar con las mismas el mapa geopolítico de la nación... con falsos tildes interpretativos.
Hora es de que la democracia, tan exaltada por todos los actores desde sus trincheras sectarias, comience a darse en la praxis. No con los gritos y sombrerazos de los intransigentes sino con verdadera vocación política para construir futuro.
