Saltillo, Coah.- Diariamente un promedio de 10 a 20 mujeres llegan para ser atendidas en el Módulo de Violencia contra la mujer en el Ministerio Público, sin embargo, es el miedo lo que les impide interponer una denuncia formal, sólo de un 10 ó 20 % lo hacen, mientras que el otro 80% se queda en acta circunstanciada y busca llegar a la conciliación.

“La denuncia por violencia contra la mujer depende mucho de la víctima, porque se hace una averiguación previa y hay muchas que están en la etapa del miedo, entonces el número de denuncias no es tan alto como el de actas circunstanciadas, que quedan por actos de violencia o amenazas, con el cual mandan citar al agresor, para que se comprometa a no volver a agredirla, y lleguen a un arreglo”, señala Rosario Rocha Contreras, ex responsable del módulo de atención del ICM en el Ministerio Público y responsable jurídica de la Fundación Luz y Esperanza.

Sentencia que el 70% de las agresiones que sufre una mujer en Saltillo se queda en un acta circunstanciada, sin embargo, las noticias no son tan malas pues afortunadamente se está empezando a buscar la concientización de los hombres agresores.

El 67% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido violencia

Según la conservadora estadística de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 67% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido violencia; 12.4% de las que trabajan, al menos un acto de acoso y 29.9%, violencia en el ámbito laboral; 19.2% de ellas reporta situaciones de violencia física en sus hogares y no son irrelevantes ni el trato discriminatorio en el ámbito laboral a las mujeres en estado de gravidez, ni el hostigamiento, violencia sexual, laboral y psicológica, que se ejemplifican con las 504 asesinadas y ultrajadas en Ciudad Juárez y las 76 desaparecidas en un entorno consolidado por la impunidad.

Será por eso que, me cuenta la querida colega Sara Lovera, en la Ciudad de México 170 mujeres de 35 organizaciones de 19 Estados de la República y 55 organizaciones del Distrito Federal y participantes a título personal celebraron en la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana los días 5 y 6 de diciembre de 2009, el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, en cuyo curso fue procesado un pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, en los siguientes términos:

De octubre de 2008 a la fecha, en 17 entidades de la República Mexicana se han aprobado reformas a las constituciones locales otorgando carácter de “persona” al producto desde el momento de la concepción. Estas reformas significan un gran retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, específicamente para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria; criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y como consecuencia, en distintas entidades del país, muchas mujeres han sido encarceladas mientras muchas otras han tenido que ampararse para evitarlo

Este indignante y lamentable accionar del PAN y del PRI, funcionarios públicos y legisladores locales (incluso algunos de izquierda) en aras de sus propios intereses, busca legitimarlos haciendo concesiones a autoridades religiosas, anteponiendo, incluso, sus creencias personales al interés público.

Los artículos 1° y 4° de la Constitución Política Mexicana garantizan el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y los Tratados y Convenios Internacionales que ha suscrito México garantizan los derechos reproductivos así como el derecho a la salud, lo que obliga al Estado a otorgarle la debida atención a la decisión de interrupción del embarazo.

Las recientes reformas a las constituciones locales y a algunos códigos penales propician el incremento de la clandestinidad del aborto, lo cual resultará inevitablemente en el aumento del número de mujeres que mueran por abortos mal practicados o sufran daños irreversibles a su salud. Dicha ofensiva conservadora en contra de nuestros derechos reproductivos es un atentado contra el carácter laico del Estado, condición necesaria para garantizar la libertad de conciencia. Todos los ciudadanos somos responsables de nuestras acciones y decisiones, incluyendo el derecho a creer o no en expresión religiosa alguna, con base en nuestras valores personales. Por todo lo anterior, fue suscrito el ya mencionado pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres para:

La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar, del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía. Denunciar públicamente a las/los políticas/os que votaron a favor de las mencionadas reformas. Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.

Trabajaremos por defender o liberar de las cárceles de México, a las mujeres que actualmente se encuentran presas o en proceso judicial, por el delito de aborto u otros delitos que mañosamente configuran los ministerios públicos y jueces, a las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, ejerciendo sus derechos humanos a decidir sobre su reproducción Convocamos a luchar juntas por la defensa y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, rechazando la pretensión del Estado de convertir en delito un derecho fundamental de las mujeres. El pacto enunciado ha sido refrendado por grupos y colectivos de mujeres, mujeres en lo individual de 21 entidades del país y es merecedor de la aprobación y respaldo unánimes.

Lamentable que los alegatos de una burocracia bárbara tanto en lo sintáctico como en los rudimentos elementales de su materia de trabajo siguen asaltando los espacios de servicio al lector, donde apenas queda sitio para los cada vez más reclamos de justicia ante los abusos de caciques de toda laya. La porquería como sustancia informativa a cargo del PRIAN y satélites como el prostituido PRD del chuchato, en cuyo contexto Fernando Gómez se aferra al hueso con entusiasmo digno de cualquier tinterillo en precariedad; merecido tienen el veredicto de Fox, su árbitro moral: “bochornoso y antidemocrático”.

Indignante la traición a sus representados de los líderes sindicales del sector textil Fermín Lara, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y Miguel Ángel Tapia, de la Confederación de Trabajadores de México, al aceptar una modificación radical al contrato ley de dicha industria que significa la renuncia a los derechos laborales para los futuros empleados del ramo. El ahorro de los mexicanos se desplomó en casi 148 mil millones de pesos durante enero pasado respecto al mes anterior. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostiene que ante las realidades económicas y sociales del país han surgido cada vez más movimientos civiles que reivindican causas específicas, y el Gobierno se incomoda con su presencia y reacciona tratando de acallar sus demandas, pero no solucionando los problemas, sino con ataques y abusos.

Luego de que José Luis Rodríguez Zapatero, elogiase al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, moral y judicialmente linchado por un grupo de abogados franquistas en las nóminas de la monarquía, el ibérico Consejo General del Poder Judicial exigió “el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles”; esto, mientras el canciller venezolano dice que el juez Eloy Velasco, quien acusa a Caracas de patrocinar pactos FARC-ETA, forma parte de la mafia del ex jefe de Gobierno español y consorte de doña Ana Botella, a quien por cierto se acusa de actos de corrupción en su chamba en la alcaldía madrileña.

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