La Secretaría de Marina mantiene el misterio sobre las razones por las cuales supuestamente está habilitada para realizar operativos fuera de las costas y del mar patrimonial de nuestro país. No se olvide el principio rector que fundamenta el Estado de Derecho: Los servidores públicos –los miembros de la Armada lo son-, sólo pueden hacer lo que les está específicamente ordenado. Esto es: Las interpretaciones sesgadas respecto al imperativo de preservar la seguridad nacional no debe transgredir los límites territoriales ni las facultades expresas que la ley otorga.
En 1985, en Michoacán, un destacamento del ejército y centenares de agentes judiciales, sin aviso previo a las autoridades estatales, rodearon el rancho “El Marengo” con la intención de aprehender al “capo” Rafael Caro Quintero y sus secuaces tras los secuestros y asesinatos del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto mexicano. Fuera del imperativo de actuar contra el entonces célebre “cártel de Guadalajara”, bajo la presión creciente del gobierno de Washington, el entonces gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Cárdenas, protestó enérgicamente contra el proceder incorrecto de soldados y policías federales al violentar la soberanía de la entidad.
Por supuesto, siguiendo el protocolo en boga durante la hegemonía priísta, el serio diferendo, con altos decibeles por la actitud de Cárdenas --esto es fuera de los cartabones de la disciplina y el sometimiento al poder central--, no culminó, como era de esperarse, con una seria sacudida institucional y la consiguiente consignación de los culpables que habían pasado por uno de los principios rectores de la ida republicana. Sin embargo, como podemos apreciar en la perspectiva actual, quedó como un referente, de la mayor importancia, para señalar la trascendencia de respetar el llamado “pacto federal” por encima de circunstancias y condiciones perentorias.
Debate
Hace una semana, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, uno de los mandatarios más incómodos desde la perspectiva de Los Pinos por su talante contestatario y sus desplantes ante quien ejerce la Presidencia, se querelló verbalmente por la intervención de trescientos elementos federales, incluyendo un pelotón de marineros –en una entidad en la que mar y costas quedan a cientos de kilómetros-, en Monclova, para catear casas y empresas, sobre todo la del director de la siderúrgica Altos Hornos de México, Luis Zamudio.
(En septiembre pasado igualmente la Marina procedió, a sus anchas, en un centro comercial, Plaza Moliere, de la colonia Polanco, en el Distrito Federal, para incautar documentación de una empresa minera bajo la insostenible justificación de que daban seguimiento a un caso que comenzó en una entidad con litorales. Y lo mismo sucedió en Morelos, en diciembre último, con motivo de la localización y muerte del “capo” Arturo Beltrán Leyva. Actuaron sin explicar qué o quién los facultaba para ello con la increíble displicencia de los también atemorizados legisladores).
Moreira, además, se ha caracterizado por denunciar los atropellos fehacientes de militares, sobre todo, y judiciales federales también, en su estado, con saldos muy negativos para la ciudadanía. Ello le ha llevado, incluso, a encarar al secretario de la Defensa Nacional, cuando fungía como tal el general Clemente Vega García, cuando un pelotón violó a once mujeres en territorio coahuilense. Finalmente le entregaron a unos cuantos soldados como culpables y con ello se calmó a la población civil afrentada.
Por supuesto, la denuncia ocasionó más ruido que nueces ante la ya acostumbrada negligencia de las autoridades del centro, maniatadas por la agenda militar del presidente en funciones y cuanto de ella deriva, entre otras cosas la inocultable impunidad que cobija a mandos medios y superiores castrenses ubicados en las regiones en donde la guerra entre los cárteles se mantiene en auge. Por ejemplo, a lo largo y ancho de la frontera norte del país.
No obstante, el paso se ha dado. Uno solo, pero con peso político indiscutible aun cuando haya pasado un cuarto de siglo entre el incidente en “El Marengo” y éste en Monclova, muy cerca de Cuatrociénegas, en donde nació el prócer que transformó las revueltas y las armas en instituciones y leyes, don Venustiano Carranza. De allí la obligación de defender el estado de derecho contra los amagos violentos de cuantos, amparados en el poder presidencial, creen no tener límites ni obligación alguna siquiera para informar de sus actos.
Cada vez, y es doloroso reconocerlo, estamos más cerca del abismo de la anarquía.
