Saltillo, Coah.- Para la Fiscalía del Estado, las desapariciones de personas en Coahuila durante mucho tiempo sólo fueron casos de maridos burlando la responsabilidad del matrimonio, o jóvenes huyendo de casa por la rebeldía y problemas propios de la edad.

Después, las desapariciones y levantones fueron interpretados como venganzas entre miembros del crimen organizado; cada evento de este tipo se acompañó de la insinuación de que las víctimas podrían estar implicadas en actividades delictivas.

Sin embargo, el que empezaran a brotar fosas clandestinas de la nada dio paso a otro nivel de violencia justificado por el afán de reclutar a nuevos miembros en las organizaciones criminales.

Hace dos años, los desaparecidos cobraron otro rostro, sus fotografías tomaron las calles de manos de sus familias que piden su regreso; ante la sospecha de que pudieran estar forzados a colaborar con el crimen organizado, la Iglesia se ofreció como mediador para pactar su regreso sin resultado.

Las cifras, que según el propio Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, hablan ya de más de 700 víctimas de las desapariciones forzadas, la Fundec documenta 200, pero el recuento del horror apenas empieza.

Pedro Ramírez, de 32 años, y Armando Salas, de 22, se dedicaban a la colocación y supervisión de maquinitas de videojuegos en las colonias de la periferia en Torreón, un día de mayo de 2008, sin más, desaparecieron en el recorrido de Matamoros a Torreón. Una última llamada los sitúa en el Palacio Federal de Torreón ubicado en el centro de la ciudad y luego nada.

Erick, el hijo adolescente de Pedro Ramírez, quiere volverse soldado para encontrar a su padre desaparecido desde mayo de 2009.

Antonio Verástegui González, a sus 51 años, no concebía la vida sin estar al lado de su familia; ahora y desde hace casi tres años, su familia es la que vive sin él y uno de sus hijos; “Toñín”, de 18 años, estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Ambos, padre e hijo fueron plagiados la madrugada del 25 de enero de 2009, según un testigo, por un grupo armado y encapuchado. Desde entonces nada se sabe de ellos, el primero, un hombre de campo y el segundo, estudiante.

Isaías Uribe tenía 32 años cuando desapareció, era veterinario, egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en La Laguna, junto con un amigo de su misma profesión. El Ejército catea una vivienda cercana a su domicilio y ellos salen a comprar agua. No regresan nunca. Su camioneta es encontrada al siguiente día con siete disparos y sangre en los asientos.

Testigos aseguran que fueron detenidos por el Ejército; la Sedena lo niega.

Éstas son apenas tres de las muchas historias documentadas por la Fundec, según los archivos de la organización, la cifra de desaparecidos aumenta exponencialmente. Hasta diciembre de 2009, un grupo de familias de 25 personas que habían desaparecido en Coahuila denunciaron que éstas ocurrían en la misma ruta en el norte del estado, entre Piedras Negras y Nava, y en todos los casos nunca se solicitó dinero por su rescate.

En este número de casos no se incluyeron ni la desaparición del experto antisecuestros Félix Batista, privado de su libertad el 10 de diciembre de 2008, ni la del comandante Enrique Ruiz Arévalo, secuestrado en 2007 a manos de la delincuencia organizada, ni la desaparición en 2006 del reportero de Zócalo Monclova, Rafael Ortiz.

Sin embargo, las desapariciones no son un delito, si no hay una evidente privación ilegal de la libertad o un rescate o una extorsión de por medio no se configura delito alguno.

Hace dos años, ante las múltiples y desoídas desapariciones forzadas, primero de migrantes, y luego de trabajadores, profesionistas, mujeres, niños y hasta de policías, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) inició la exigencia de justicia.

Basados en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, definieron las desapariciones forzadas como “la privación de la libertad de personas de parte de funcionarios públicos o sujetos a quienes el Gobierno les permite o facilita estos actos”.

La definición original agrega además de una permisividad por parte del Estado, “la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Esto es, las autoridades ni los buscan ni dejan buscar.

Civiles, el blanco

Según la periodista Ana Lilia Pérez de la revista “Contralínea”, en un artículo publicado en junio de 2010, en México, en los últimos años, el término ‘levantón’ antes asociado a venganzas o ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada; en los últimos dos años, ha impactado a hombres, mujeres y adolescentes, que nada tienen que ver con el narcotráfico.

Dichas víctimas, las civiles, “son invisibles a los ojos de las autoridades omisas a su búsqueda, que además, pese a la incidencia de los casos, tampoco alertan que la desaparición por sustracción o levantón de civiles es un problema en ciernes en numerosas zonas del país”.

Y en todo caso, es la manifestación más exacerbada de la violencia, un nivel donde la violencia de la delincuencia organizada se centra directamente contra la población civil.

“La violencia en México tiene tres niveles. El primero es entre los mismos grupos delincuenciales; el segundo, donde cada uno captura una porción del Estado, incluidas las policías, por eso se ve también a las corporaciones luchando entre sí. El tercero es perpetrado contra la población civil mediante actos de terrorismo encaminados a establecer su control.

“Se llevan a la gente para inspirar terror y demostrarle al resto que el Estado está ausente, que ha fallado y que la única autoridad son ellos. Una vez que controlan a poblaciones enteras mediante el terror, las extorsionan, les cobran impuestos”, afirma en el mismo documento Edgardo Buscaglia, ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de combate a la corrupción y delincuencia organizada.

Esclavos del crimen organizado

La revisión de los casos arroja el perfil de los levantados: la mayoría hombres entre 18 y 40 años de edad, de estatura promedio superior a los 1.70 y de complexión robusta. De extracto socioeconómico bajo, aunque también hay ingenieros y especialistas en telecomunicaciones. En ninguno se pidió rescate.

Este perfil fortalece la tesis de muchos familiares, que suponen que se los llevó gente del narcotráfico para esclavizarlos. En Coahuila, coincide con ellos el Obispo de la Diócesis de Saltillo, quien señala que estas personas seguramente se encuentran en campos de concentración para ser entrenados y utilizados por las organizaciones criminales.

Dicha situación ha sido confirmada con creces tras cateos y operativos donde se encuentran desde migrantes secuestrados para pedir rescate, hasta verdaderos campos de entrenamiento.

Basta recordar cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescató a 61 personas en Piedras Negras, que eran obligadas a trabajar con la delincuencia organizada.

Según reportes de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), presumiblemente para la construcción de túneles por donde se transporta droga en la frontera entre México y Estados Unidos.

La periodista Gardenia Mendoza, corresponsal en México del diario “La Opinión” de Los Ángeles, California, reseña que la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) reveló en un informe reciente que desde 1999 a la fecha han sido descubiertos 155 subterráneos clandestinos entre México y Estados Unidos; 31 de ellos en 2011, todos construidos por ingenieros y arquitectos profesionales.

“Los levantados o desaparecidos –resume la periodista– son secuestros sin fines de lucro, el primero de ellos registrado en 2008, cuando un comando armado se llevó a 27 campesinos oaxaqueños que trabajaban en el campo La Guajira, en el municipio de Navolato, Sinaloa. De ahí siguieron otros casos en Tamaulipas y Coahuila”.

Censo de desaparecidos

Sin embargo, ante la creciente presión social, el Gobierno de Coahuila anunció además de la tipificación del delito de “desaparición forzada”, un censo, registro e investigación de las desapariciones de personas.

Dichas medidas incluyen la obligatoriedad de investigar de oficio, es decir, sin que medie denuncia de por medio, la desaparición de personas para evitar que los familiares de las víctimas no denuncien por temor a las represalias.

En el censo se incluirán denuncias vigentes, inspecciones de campo y domiciliarias para ubicar a familiares, testimonios, así como la revisión de archivos policiacos de Coahuila y otros estados.

El Congreso del Estado ya cuenta con el paquete de iniciativas, en el que se incluye la penalización de la desaparición forzada de personas, en vísperas de la realización de este trámite siete agentes recién graduados de la Policía acreditable fueron levantados, posteriormente tres de ellos fueron rescatados y uno murió en el enfrentamiento con sus captores.

El combate a la desaparición forzada de personas iniciará con un censo para determinar cuántas personas hay desaparecidas en Coahuila y cuántos coahuilenses han desaparecido en otros estados, el programa legal tendrá apartados como “La Búsqueda”, “El Castigo”, “Nunca Más”, con sus respectivas acciones, e incluso se creará la Subprocuraduría de Desaparecidos.

‘Desaparecida’ la CDHEC

Y en tanto el número de desaparecidos va en aumento y promete recrudecerse cuando empiece la búsqueda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila documentó sólo tres quejas relacionadas con la lentitud en las investigaciones.

A la llegada de Homero Ramos Gloria como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, adelantó que se solicitaría información a la Fiscalía General del Estado para ampliar datos sobre estos casos.

A la par de ello, las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos públicos de seguridad es la irregularidad que más quejas ha generado, principalmente contra policías municipales y estatales.