Ciudad de México.- Senadores del PAN y Morena alertaron sobre el riesgo de que el proceso penal que se sigue contra del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presente fallas que le permitan quedar en la impunidad.

Fernando Herrera, coordinador de los panistas, advirtió que el proceso contra el ex Mandatario no debe dejar dudas sobre su presunta culpabilidad en el saqueo del gasto y la red de complicidades que involucra a amigos y familiares.

“Sería sumamente grave que en el proceso al cual fue vinculado se abrieran rendijas legaloides que permitieran al ex gobernador salir impune”, dijo.

Miguel Barbosa, vicecoordinador de la bancada de los partidos del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional (PT-Morena), sostuvo que las carpetas de investigación en contra de Duarte adolecen deliberadamente de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva.

“Es una burla a la sociedad y a los veracruzanos”, afirmó.

El legislador acusó al Gobierno de administrar el caso Veracruz, para mantener a Duarte en prisión hasta las elecciones de 2018.

“Lo necesitan tener controlado para evitar que comience a declarar cosas que comprometan al Gobierno federal y al PRI como partido”, sostuvo, tras advertir que el ex Gobernador podría ser usado para golpear al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) garantizar que el ex Mandatario será castigado y obligado a devolver los recursos que sustrajo o desvió de las arcas públicas.

“El proceso abierto en contra de Duarte debe ajustarse a derecho y garantizar que se resarza a la sociedad todo el daño causado por las acciones ilegales que se le imputan”, demandó el panista.

También coincidieron en demandad que las pesquisas lleguen hasta los cómplices de Duarte y que el Gobierno actúen en los casos que tiene pendientes contra los ex Mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Chihuahua, César Duarte.

“Lo cierto es que desde el Gobierno federal los dejaron ejercer el poder a su antojo y en sus entidades no existen controles democráticos, porque los gobernadores controlan los congresos y establecen un cerco sobre la disidencia política y los medios de comunicación”, agregó Barbosa.