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[Nacional]

AMLO ante la militarización de México

La militarización de la seguridad pública en México tiene sus antecedentes desde la Operación Cóndor (

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AMLO ante la militarización de México
Ciudad de México.- La noche del 19 de marzo del 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios "armados hasta los dientes". En realidad, se trataba de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares. Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, se encontraban estudiando y trabajando en sus proyectos de posgrado dentro del Tec, decidieron salir por algo de cenar y ya nunca pudieron volver a sus actividades.

Es común pensar que lo que les sucedió a Jorge y a Javier fue un error, que los militares los confundieron con elementos del crimen organizado. Otro lugar común es que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, es importante dejar en claro que esto no es no es así. Lo que sucedió en los límites del campus es la consecuencia de una decisión de política pública mal pensada y peor implementada.

De acuerdo a la recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el asesinato de Jorge y Javier representó una violación grave a sus derechos humanos, a los de sus familiares, y a los de la de la comunidad del Tec de Monterrey. La forma en que actuaron los elementos del Ejército refleja la dura realidad de las implicaciones que tiene el utilizar un modelo militar para cumplir labores de seguridad ciudadana.

La militarización de la seguridad pública en México tiene sus antecedentes desde la Operación Cóndor (1969) como un operativo enfocado a reducir la producción de drogas en México. Posteriormente, los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox hicieron uso de las fuerzas armadas en tareas ajenas a su naturaleza. Sin embargo, es durante el gobierno de Felipe Calderón, que se institucionaliza el modelo de seguridad militarizada al declarar la "guerra contra las drogas".

Fue así que dieron inicio los operativos conjuntos para militarizar algunas regiones del país en el combate al narcotráfico. Junto con esta decisión, se dio un incremento de la violencia y la delincuencia de manera alarmante a partir de 2007. En 2012 -en un intento por cambiar el discurso- el presidente Peña Nieto estableció como una de las cinco metas nacionales en el Plan Nacional de Desarrollo lograr un "México en Paz". A pesar del cambio a nivel discursivo, las fuerzas armadas no solo continuaron en tareas de seguridad pública, sino que se les otorgaron más recursos económicos y facultades a través de la tan controvertida Ley de Seguridad Interior.

Once años después de la declaración de la "guerra contra las drogas", se llevó a cabo la discusión, aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior. Dicha Ley fue vendida por sus promotores como un marco jurídico que diera certeza a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. La realidad es que el concepto mismo de seguridad interior es tan ambiguo y esa vaguedad se ve reflejada en las mismas iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión entre 2016 y 2017, pues mientras unos la consideran parte de la seguridad nacional, para otros legisladores su importancia radica en mantener el orden institucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

A la par de la confusión del concepto de seguridad interior, pareciera que lo que la ley pretende es mantener un estado de excepción normalizando la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la criminalidad (a cualquier nivel). Aunado a lo anterior, algunas de las justificaciones de las y los legisladores en el Congreso de la Unión fueron que las corporaciones policiales locales y estatales no está preparadas, están corrompidas o que no son suficientes para garantizar la gobernabilidad de algunas regiones.

En términos de política pública, la apuesta por seguir militarizando al país no parece una decisión muy atinada, pues la evidencia en su contra es abrumadora. Un indicador global para medir la violencia social en un país es la tasa de homicidio doloso y este ha venido en incremento desde que el Ejército se encuentra desempeñando labores que no le corresponderían. La tasa de homicidio doloso más alta de los últimos 11 años se dio en 2017, y como vamos, el año 2018 superará la tasa del año pasado.

Asimismo, los casos donde han existido graves violaciones a derechos humanos, como el del Tec de Monterrey, Tlatlaya y Ayotzinapa, se siguen acumulando. Otra cosa en común que tienen estos casos es la impunidad y la opacidad en la información que dan a conocer fuentes oficiales, donde normalmente se criminaliza a las víctimas. Lo anterior, normaliza la violencia y abona en gran parte a mantener la ingobernabilidad y estado de excepción.

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Existe un discurso dicotómico entre buenos y malos, y una idea colectiva en donde la creación de leyes para regular problemas estructurales y dar penas exorbitantes resultan estrategias más vendibles que apostar por una estrategia de prevención de las violencias; por instituciones sólidas y confiables en la impartición de justicia; por un retiro paulatino de las fuerzas armadas y una profesionalización de la fuerza civil en el ámbito local.

A unos meses de que termine el gobierno actual, aún quedan muchas dudas: ¿Cómo explicarles a ciudadanas y ciudadanos que el modelo de seguridad concebido desde una lógica belicista no ha funcionado en disminuir la violencia y delincuencia? ¿Qué ha faltado para comunicar que las fuerzas armadas deben emprender un retiro paulatino y los recursos enfocarse en construir un modelo de seguridad ciudadana? Mientras la ley siga vigente, la apuesta de muchos gobiernos locales será la de alinearse al discurso del gobierno federal, crear policías militarizadas en la búsqueda aprobación social. De esta manera, las autoridades olvidan su responsabilidad en la prevención más que en la represión.

Los retos para el gobierno entrante son inmensos. Los foros de pacificación que está realizando el equipo de Andrés Manuel López Obrador pueden resultar un gran acierto o un primer error previo a tomar posesión. Acierto en el sentido de crear una estrategia desde las voces de las víctimas, colectivos y actores relevantes en el campo. Grave error sería generar expectativas falsas y que en el actuar se siga un camino similar al de sus predecesores, lo que solo contribuiría a seguir revictimizando a las víctimas.

Lo que se espera de los foros de paz y del actuar del equipo de transición, en general, es que lleguen a generar propuestas reales que cambien el paradigma para trabajar en la prevención de las violencias y en generar una cultura de paz. Aun cuando el presidente electo no tome posesión del cargo, la estrategia no puede abarcar dos frentes opuestos: o foros de pacificación que construyan un modelo de seguridad ciudadana que coloque en el centro a las personas o gendarmería nacional y continuar un modelo de seguridad militarizada.

A ocho años del asesinato de Javier y Jorge, sus familiares, el movimiento #TodosSomosJorgeYJavier y el documental Hasta Los Dientes, de Alberto Arnaut, siguen pidiendo que se reconozca la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Que su muerte no sea en vano. Que su ausencia nos duela y nos recuerde que los militares tienen otras tareas, no el cazar y criminalizar estudiantes.



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