Torreón, Coah.- Bajo la asesoría de abogados de Nuevo León, grupos de profesionistas de la Región Sureste y de la Laguna estudian la viabilidad de interponer amparos contra las reformas aprobadas para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, informó Patricia Vargas, presidenta de Participación Ciudadana 29 -PC29-.

El Congreso de Coahuila, de mayoría priista, aprobó el pasado 29 de junio la iniciativa presentada por el Gobernador Rubén Moreira para la implementación de este sistema y la cual, entre otros, faculta al Mandatario estatal para designar al Fiscal y magistrados, lo que ocasionó la inconformidad de la Alianza Anticorrupción Coahuila, integrada por 109 organismos sociales, entre éstos PC29.

“Estamos luchando por tener mano en la propuesta de las figuras más importantes del sistema local como son el Fiscal general, magistrados, estamos investigando, apenas trabajando en la reforma, no es algo fácil, la verdad es algo complicado, pero pensamos que hay una posibilidad ahí porque no se llevó el proceso de implementación de los sistemas locales como determinaba el Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso.

“Posiblemente por ahí sea el camino que podamos interponer un amparo y de perdido parar el proceso mientras se da un fallo, está el cuerpo de abogados estudiando la posibilidad, es un grupo de profesionistas de la Región Sureste, otro grupo de abogados de la laguna y nos está asesorando el grupo de abogados que llevó el Sistema Local Anticorrupción en el estado de Nuevo León”.

Vargas dijo que se están estudiando los posibles caminos por los cuales se pudiera pedir un amparo, pero aún no hay nada definido y posiblemente sea la próxima semana cuando se defina si esto es viable o si se tiene que recurrir a otro recurso.

De acuerdo a la Ley, añadió Vargas, a partir del 18 de julio empezó a funcionar el Sistema Anticorrupción de Coahuila, aún y cuando no se tengan los nombramientos importantes, apenas el martes el Congreso del Estado emitió la convocatoria para formar el comité de selección para el consejo de participación ciudadana que será integrado por cinco académicos y cuatro de sociedad civil.