Saltillo, Coah.- Durante la sesión, el Pleno del Poder Legislativo aprobó un paquete de reformas en materia de combate a la corrupción, que incluye transformar a la PGJE en Fiscalía General; crear la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, cuyo titular será nombrado previa convocatoria pública, abierta y transparente, y constituir el Tribunal de Justicia Administrativa, que resolverá controversias entre particulares y Estado o municipios.

El TJA impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas e inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas estatales o municipales.

De igual manera, deberán resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal, a las dependencias o entidades estatales o municipales o a los Organismos Públicos Autónomos.

Las personas morales que intervengan en actos de corrupción también serán sancionadas pudiendo ordenarse la suspensión de actividades, la disolución o intervención de la sociedad si afectaron el erario.

Los ciudadanos que detecten estos hechos de corrupción podrán formular denuncias ante el Congreso del Estado.

Además, castigarán penalmente al servidor público por enriquecimiento ilícito con decomiso o extinción del dominio de bienes.

Corresponderá al TJA imponer sanciones a los funcionarios y particulares y fincará el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas del daño a la hacienda pública. Estará integrado por 5 magistrados designados por el gobernador y ratificados por el Pleno o la Diputación permanente, durando en el cargo 15 años.

También, se crea la Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila y con esto serán sujetos de responsabilidad los particulares que intervengan en hechos vinculados a faltas administrativas o hechos de corrupción e incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

El SAC será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La Ley del SAC tomó elementos propuestos en la iniciativa de la Ley Sobre la Integración, Atribuciones y Funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción, planteada por el diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, e incluyó recomendaciones del Instituto Mexicano de Competitividad, Transparencia Mexicana y Coparmex, que se armonizan con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los diputados también aprobaron la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Datos Obligados, que abonan a la transparencia, rendición de cuentas y a la garantía de derechos de la personalidad, como el honor, la dignidad, la intimidad y la información que no debe ser pública.