Bogotá, Colombia.- Un nuevo líder social fue asesinado en el suroeste de Colombia, la región del país donde más activistas han sido ultimados en meses recientes, informaron este lunes fuentes oficiales al repudiar lo ocurrido.

“La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato del líder social y defensor de Derechos Humanos Éder Cuetia Conda y pidió a las autoridades esclarecer este crimen y capturar a los responsables”, señaló el ente estatal en un comunicado.

Cuetia, asesinado el domingo en el municipio de Corinto, departamento del Cauca, era coordinador de la seguridad campesina del corregimiento Los Andes, comunero del Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Cauca, apuntó el texto.

Según la Defensoría, que citó a la ONG Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano (RDDHHFIC), Cuetia fue atacado por “un encapuchado” que le disparó dos veces y luego huyó en una moto.

En su sitio web, RDDHHFIC dijo que el líder social “recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego de revólver calibre 38 en la región temporal derecha con orificio de salida en región parietal, que le causaron la muerte de manera instantánea”.

La ONG responsabilizó del asesinato a “integrantes de fuerzas armadas irregulares en la zona” en una carta dirigida a autoridades, en primer lugar al presidente Juan Manuel Santos.

El jueves pasado, el mandatario prometió que el Estado protegerá a activistas y defensores de derechos humanos de “intolerantes” y “criminales”, al instalar en Cauca la Comisión de Garantías de Seguridad Nacional, establecida en el pacto firmado en noviembre con las FARC para superar medio siglo de conflicto armado.

A finales de enero, el gobierno dio cuenta de 17 asesinatos de líderes sociales cometidos tras la aprobación del pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Congreso el 1 de diciembre.

La ONG Somos Defensores reveló la semana pasada que en 2016 fueron asesinados 80 defensores de derechos humanos y otros 49 sufrieron atentados, un incremento de 22% y 29% respectivamente frente a 2015.