Saltillo, Coahuila.- Después de que la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas dio a conocer un informe que acusa vínculos entre funcionarios coahuilenses y el crimen organizado, el Gobierno del Estado y el clero se enfrascaron en un episodio de descalificaciones y descréditos que subió de tono este fin de semana.

La Diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, apoyó con información mediante el Centro Diocesano Fray Juan de Larios a la institución texana que realizó el informe que ayer fue tema central en el semanario Desde la Fe, dirigido por el cardenal y arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera.

En su editorial titulada Control sobre Todo, la Arquidiócesis acusa que funcionarios estatales y municipales de Coahuila recibieron “cañonazos económicos y sobornos del cártel con la finalidad de tener manga ancha para realizar sus actividades ilícitas en la entidad”.

Acusaciones que el Gobierno de Coahuila desconoció: “el supuesto estudio académico –en el que se basa la editorial de la Iglesia mexicana– es una infamia, es parcial en sus investigaciones, es mentiroso en sus conclusiones […] es seudoacadémico y no sigue rigor científico”.

En su respaldo a fray Raúl Vera López y su trabajo en derechos humanos, la Arquidiócesis dio por hecho que en Coahuila “la violencia fue moneda corriente para demostrar el poder, vulnerando los derechos humanos del estado, sin ninguna garantía para los ciudadanos”.

A lo que el Gobierno estatal respondió que “es sospechoso que el Centro Fray Juan de Larios –de la Diócesis de Saltillo– sea omiso y no consigne el trabajo del Gobierno en tareas relacionadas con la desaparición forzada”, uno de los temas de derechos humanos que más ha calado en la población.

Cruzan denuncias Gobierno e Iglesia

De acuerdo con el semanario Desde la Fe, el medio de opinión e información más importante de la Iglesia católica en México, “no se descubre nada nuevo cuando en Coahuila, todos los días, da nota sobre las tremendas disputas entre cárteles, con saldos rojos que tal parece que ya a nadie importan”.

Lo anterior en alusión al trabajo publicado y difundido por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en torno a vínculos entre funcionarios coahuilenses y el crimen organizado.

El Gobierno de la entidad desconoció las aseveraciones de la Arquidiócesis de México, y aseguró que entre los logros en seguridad que se obtuvieron en este sexenio está “la disminución de la violencia en toda la entidad y los grandes capos están abatidos o en la cárcel”.

Sobre las medidas en seguridad tomadas por el Gobierno de Coahuila, la Arquidiócesis encabezada por Norberto Rivera Carrera, quien además forma parte de la jerarquía católica en el Vaticano, hizo duras críticas: “la entidad poco a poco se militariza y se invierten millonarios recursos para el combate al crimen.

“Cerca de 8 mil efectivos militares tendrán presencia en ese estado cuando, al inicio del presente Gobierno local –a concluir el próximo 30 de noviembre– eran 2 mil 500 elementos. Más y más cuarteles se construyen para una entidad sin tregua ante la imparable violencia”.

La entidad reviró a la Iglesia que “le preocupa el momento en cual se da conocer esta información […] en los momentos políticos que se viven”, y agregó que “son públicas las indagatorias de pederastia que se siguen a integrantes de la Diócesis de Saltillo, patrocinadora del Centro Fray Juan de Larios”.

Anteriormente, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acusó una persecución por parte de la ahora Fiscalía General del Estado, porque lo citaron insistentemente a declarar sobre el caso de sacerdotes pederastas que, de acuerdo con el fraile, él mismo denunció desde el 2014.

El Gobierno se deslindó de persecuciones y aseguraron que las citas a Vera para declarar ante el Ministerio Público eran parte de un proceso y que de ninguna manera se trató de hostigarlo.

Las acusaciones entre el Gobierno estatal y la Iglesia católica de México han escalado a niveles nunca vistos; esta es la primera ocasión en que la Arquidiócesis Primada interviene en un tema local realizando acusaciones directas de vínculos entre el crimen y un gobierno estatal –en este caso el de Coahuila–, recibiendo como respuesta otra acusación, la de pederastia.