Nacional
Por Agencia Reforma
Publicado el jueves, 27 de abril del 2017 a las 01:30
Ciudad de México.- Autoridades de Chihuahua detuvieron a dos personas como probables responsables del homicidio de la maestra Matilde Gil Herrera, esposa del diputado local del PT, Rubén Aguilar Jiménez.
“La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un intenso y exhaustivo trabajo de investigación con la participación de un considerable número de agentes del Ministerio Público y agentes investigadores de diversas áreas”, indicó la dependencia en un comunicado
Gil Herrera desapareció la tarde del 5 de abril del centro comercial Fashion Mall.
“Después de las investigaciones realizadas, se supo que abordó voluntariamente el vehículo de una persona ligada a la familia”, detalló la Fiscalía.
La denuncia de su desaparición la interpuso el legislador Aguilar Jiménez, un día después, y a partir de ese momento, de acuerdo con la dependencia, se realizaron un gran número de diligencias y actividades en su búsqueda por aire y tierra.
También se analizaron videos y declararon personas.
“De esa manera, se logró tener conocimiento de una persona que podría aportar información, misma que fue localizada para rendir su declaración hasta el 19 de abril de 2017, y quien aportó datos que nos llevaron a conocer su paradero, el nombre de las personas que intervinieron y el lugar donde se encontraba la maestra Matilde Gil”, expuso la FGE.
“A partir de esas declaraciones se pudo establecer, hasta entonces, la participación de la misma persona allegada a la familia, con quien se alejó del centro comercial”.
Según la dependencia, las actuaciones de la FGE en la secuela de la investigación son las que permitieron establecer el paradero de la víctima.
“Previo a eso, y durante las diligencias realizadas, se declaró a una persona, que se ubicaba en el círculo íntimo de la familia y quien hasta el momento no se tenía el conocimiento de su participación. Lo único que se sabía hasta después de su segunda declaración, fue que efectivamente había ido por la maestra al centro comercial porque ella misma se lo pidió”, refirió.
“Dicha persona acudió asesorado de un abogado y de un defensor de derechos humanos y al no contar con elementos de prueba exigidos por la ley, no había fundamento legal para ordenar la detención de esa persona, ni para presentarlo ante un juez”.
De acuerdo con la Fiscalía, su actuación ha sido con estricto apego al marco legal con profesionalismo.
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