Villahermosa.- Unos 3 mil campesinos y pescadores marcharon en esta capital para exigir pagos a Petróleos Mexicanos (Pemex) por supuestas afectaciones.

Encabezados por la exdiputada local perredista Verónica Pérez Rojas, y procedentes de cinco municipios (Centla, Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Comalcalco), los inconformes se manifestaron frente a las oficinas de Gestión Social de Pemex en reclamo de pagos por afectaciones que, aseguraron, provoca Pemex en cultivos y aguas.

Además, clamaron por indemnizaciones pendientes tras la explosión del pozo Terra 123, ocurrida en octubre de 2013 en el municipio de Nacajuca, habitado en su mayoría por indígenas chontales.

Pérez Rojas dijo que hay en la entidad un padrón de 18 mil 873 reclamantes de afectaciones de Pemex y que, adicionalmente han presentado demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la empresa productiva del Estado por diversos daños provocados por el pozo Terra 123.

El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, manifestó que las protestas contra Pemex es un tema de competencia del gobierno federal, pero si la empresa necesita establecer una mesa de diálogo, el gobierno estatal está dispuesto a colaborar.

“Si necesita algo Pemex para establecer una mesa de dialogo o cualquier cosa, siempre estamos dispuestos”, expresó.

El pozo Terra 123 explotó en octubre de 2013 en la comunidad indígena de Oxiacaque, Nacajuca, y durante 55 días permaneció ardiendo y sin control.

En julio y agosto de 2014, miles de campesinos y pescadores reclamaron a Pemex el pago de daños.

Los inconformes bloquearon accesos a pozos petroleros en varios municipios, y en Villahermosa cerraron el edificio donde se ubican las oficinas de Pemex Exploración Producción (PEP).

El movimiento duró 44 días y concluyó con la firma de una minuta entre los reclamantes y Pemex.

En ese entonces la empresa se comprometió a realizar un estudio técnico para analizar las demandas.

El 16 de febrero de 2015, Pemex dio a conocer su dictamen y declaró improcedentes más de 48 mil reclamaciones, y anunció que sólo indemnizaría con 4 millones 700 mil pesos a 131 ganaderos y 32 cooperativas pesqueras.

El gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex, Bernardo Bosch Hernández, informó entonces que el pozo Terra 123 se incendió por fuga de gas, que no había explotado y que tampoco hubo onda expansiva, se mantuvo controlado y el hidrocarburo derramado “no provocó daños más allá de los alrededores”.

Por tal razón, justificó, no procedieron más de 48 mil reclamos de habitantes de comunidades de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez.

También aseguró que no se encontraron elementos que pudieran acreditar la existencia de daños a viviendas, tampoco contaminación en cuerpos de agua y terrenos que pudieran haber afectado las actividades pesqueras y agropecuarias.

No obstante, añadió, derivado de la restricción parcial a las actividades pesqueras y ganaderas, por tránsito de embarcaciones y vehículos que transportaban insumos y equipos para atención del pozo petrolero, resultó procedente el pago de sólo 2 millones 700 mil pesos para 32 cooperativas pesqueras y 2 millones para 131 ganaderos.

Sin embargo, un estudio científico realizado por el doctor e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Cuitláhuac Rovirosa Madrazo, concluyó que el incendio del pozo Terra 123 sí dañó bienes, salud y medio ambiente de más de 240 comunidades de siete municipios del estado.

Luego de ello, en mayo de 2015, los afectados presentaron demanda ante la PGR por daños ambientales, a la salud y al patrimonio de las personas, reclamo que sigue sin resolverse.

El doctor Rovirosa Madrazo explicó que el estudio se realizó a través de rayos X e infrarrojos, así como de satélites que determinaron la magnitud del daño provocado por el pozo Terra 123 en más de 600 kilómetros cuadrados de 240 comunidades de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centro, Centla, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán.

Habitantes de esa área, denunció el investigador, fueron afectados con moléculas de azufre, así como la flora, fauna silvestre, aguas, agricultura y ganadería, y lo daños también se resentirían “a largo plazo”.

“Pemex es el responsable directo de la operación del pozo. Tabasco ya no puede seguir siendo tiradero ni basurero de la negligencia e irresponsabilidad de la empresa”, reprochó.

En esa fecha, Cuitláhuac Rovirosa reveló que Pemex tenía un seguro de mil 700 millones de dólares para cubrir catástrofes, pero “ha preferido mentir antes que ejercer la póliza para pagar los daños irreparables al estado de Tabasco”.

Igual alertó que había riesgos de enfermedades crónicas y degenerativas para los habitantes de esos municipios, además del daño ambiental por la pérdida de cuerpos de agua para consumo humano y de animales.

Incluso destacó que de 2000 a 2012, Tabasco había sido impactado con 52% de los derrames de crudo y gas ocurridos en el país, lo que significaba “un daño de 4 mil 400 millones de barriles vertidos” sobre tierras tabasqueñas

“Ya basta, no podemos permitir que Tabasco se trague esa cantidad de petróleo sin beneficio alguno y sin tener una reciprocidad de lo que está perdiendo con los recursos naturales”, recriminó entonces.