Saltillo, Coah.- Continúa la invasión a la Sierra Zapalinamé: tan solo por el rumbo de San José de los Cerritos, han sido detectadas más de 236 viviendas, jardines para eventos sociales, bodegas y patios con usos comerciales y de almacenamiento.

A fin de impedir que este problema avance, el diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza propuso adiciones al Código Penal para castigar con 3 meses a 5 años de prisión y multa a los sujetos privados o públicos que propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, o que autoricen indebidamente asentamientos humanos o construcciones en zonas de riesgo o polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento.

Además, por no respetar el territorio para el crecimiento urbano contiguo a los límites de los asentamientos humanos con redes de infraestructura, equipamientos y servicios, del centro de población determinado en los planes o programas de desarrollo urbano.

Esto, mediante la incorporación del Capítulo Octavo “Delitos contra la ocupación irregular de áreas o predios” y el Artículo 309 Bis “Sanción y figura típica de beneficio por ocupación irregular de áreas o predios”.

Rodríguez Mendoza aseguró que áreas naturales como la Sierra Zapalinamé han sido afectadas debido a las construcciones, lotificaciones, subdivisiones y fraccionamientos irregulares que se asientan en la superficie, y la actividad humana continúa creando problemas de erosión hídrica y escasa vegetación.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectan construcciones no autorizadas.

“No existe ningún ordenamiento territorial de carácter urbano o ecológico que permita usos y destinos de suelo de tipo urbano, habitacional, subdivisiones, lotificaciones, o fraccionamientos en esa área”.

Además, dijo, a nivel federal se expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que ordena adecuar nuestro Código Penal para configurar como delitos las conductas de los sujetos privados o públicos que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios, señalando como plazo límite para hacerlo el mes de noviembre próximo.