Saltillo, Coahuila.- El Congreso del Estado eliminó la figura del fuero para que los servidores públicos electos por el voto popular sean sujetos a proceso penal, pero además se creó el Tribunal de Justicia Administrativa que contempla la posibilidad de sancionar a particulares vinculados con hechos de corrupción.

Las reformas a la Constitución de Coahuila en esta materia fueron aprobadas por mayoría, con el voto en contra del PAN, UDC y PPC, al considerar que no fueron contempladas propuestas como la revocación de mandato y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

José María Fraustro Siller, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, aseguró que la Comisión en materia anticorrupción analizó todas las propuestas recibidas y subrayó que con esto se sientan las bases para el Sistema Estatal Anticorrupción, con la misma participación ciudadana. “Adiós al fuero que otorga protección a los servidores públicos”, enfatizó.

Jesús de León Tello (PAN) dijo que votaron en contra porque no se tomó en cuenta una mayor participación ciudadana en la designación de quienes ocuparán la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y de quienes serán magistrados, y lamentó que no hayan aprobado la revocación de mandato. “Es una reforma descafeínada, un sistema rabón porque las propuestas eran para darle energía y poder de decisión a un sistema”.

Combate a impunidad, sin revocación de mandato

No obstante que diputados del PAN, UDC y PPC habían propuesto eliminar la figura del fuero, en la reforma constitucional en materia anticorrupción votaron en contra, argumentando que no se contempló la revocación de mandato.

También, argumentaron que no fue una reforma integral, ya que no se tomaron en cuenta diversos planteamientos de las fracciones parlamentarias y de la Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC).

Ayer, el Congreso del Estado eliminó la figura del fuero de la Constitución de Coahuila con el voto a favor del PRI, PNA y PVEM, para que los servidores públicos electos por el voto popular, sean sujetos a proceso penal.

“Cierto es que la figura no forma parte de los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, sin embargo, consideramos que lo fortalecería de manera importante en el ámbito local”, informó la diputada Martha Garay.

“Estimamos necesario realizar la eliminación del fuero, tomando como referente lo legislado sobre este tema en otras entidades como Ciudad de México, Nayarit y Nuevo León.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller, enfatizó: “adiós al fuero que otorga protección a servidores públicos”.

La iniciativa la propusieron Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo; Juan Carlos Guerra López, diputado electo; Humberto Moreira Valdés, exgobernador; legisladores del PAN, UDC y Partido Primero Coahuila, así como representantes de Alianza Anticorrupción Coahuila.

Sin embargo, en la votación general, los representantes del PAN, UDC y PPC se pronunciaron en contra porque no se tomaron en cuenta otros puntos, como la revocación de mandato y dar mayor participación a los ciudadanos en la toma de decisiones en materia anticorrupción.

La AAC también había propuesto incorporar la figura de revocación de mandato, sin embargo, fue rechazado porque hay resoluciones en contrario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y daría lugar a acciones de juicios de amparo y de inconstitucionalidad.

Cambios sustanciales

En sesión del Pleno, también se aprobaron por mayoría reformas a la Constitución para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y la PGJE cambiará su denominación a Fiscalía General, cuyo titular durará en el cargo 7 años.

Además, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y contempla la posibilidad de sancionar a particulares vinculados a hechos de corrupción.

Asimismo, actualiza las funciones de la Auditoría Superior del Estado y de los órganos internos de control de las dependencias gubernamentales.

El Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la ASE, de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana.

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

Mecanismos y revisiones

El Comité Coordinador del Sistema tendrá dentro de sus facultades el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los organismos que integran el Sistema Estatal con los municipios, así como el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Además, la ASE tendrá como nuevas responsabilidades vigilar el cumplimiento de los planes y programas estatales y municipales y formulará las observaciones y recomendaciones al respecto.

Revisará con la Auditoría Superior de la Federación las participaciones que sean asignadas al estado y municipios. Asimismo, se otorga legitimación para acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa a promover las probables responsabilidades.