Xalapa.- Elementos de la Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil catearon de forma sorpresiva inmuebles propiedad de Arturo Bermúdez Zurita, exjefe policíaco de Javier Duarte –con prisión preventiva en el Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero– en la capital del estado.

En cuatro operativos simultáneos, los elementos policíacos montaron aparatosos dispositivos de seguridad en zonas céntricas de Xalapa y del fraccionamiento Ánimas e Indeco Ánimas para evitar que se filtrará a la prensa los objetos e inmuebles ahí obtenidos.

Un juez de distrito del Poder Judicial del estado, adscrito al penal regional de Pacho Viejo, otorgó las órdenes de cateo al fiscal primero adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales para realizar los cateos.

Sin embargo, se ignora si también hubo cateos en el puerto de Veracruz, Boca del Río y en el balneario turístico de Chachalacas, donde Bermúdez Zurita y familiares también tienen propiedades suntuarias.

El primer cateo ocurrió en la avenida Araucarias 716 de la colonia Indeco Ánimas; el segundo en la avenida Miguel Alemán 1309 de la colonia Ferrocarrilera; ahí mismo hubo otro cateo en la calle Poniente 7. Uno más ocurrió en el número 98 de la calle de Azueta en la parte alta del centro de Xalapa.

Al menos en dos inmuebles los agentes policiacos trataron de impedir que reporteros y fotógrafos tomaran imágenes de los hechos. Ha sido una constante del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y de la Fiscalía General del Estado (FGE) filtrar “en exclusivas” estas acciones a Televisa, en concreto al noticiero de Carlos Loret de Mola y al periódico local Notiver, donde el mandatario estatal tiene una relación de amistad añeja con el dueño, Alfonso Salces.

En los cateos, policías ministeriales buscaban numerario económico, documentos, escrituras de propiedades e información que pudiera dar pie a la red de desvío de recursos que tejió el priista Javier Duarte y su esposa, Karime Macías, con amigos, secretarios del gabinete y prestanombres.

Bermúdez Zurita, quien fue conocido como “Capitán Tormenta” al interior de la corporación policíaca que encabezó, permanece internado en el penal regional de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, imputado y vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Colectivos en búsqueda de desaparecidos han exigido que al “Capitán Tormenta” se le impute como responsable del delito de desaparición forzada; sin embargo, la FGE ha entrampado las investigaciones respectivas.

A Arturo Bermúdez, el actual gobernador Miguel Ángel Yunes lo ha imputado de haberse enriquecido ilícitamente adquiriendo contratos para sus empresas de seguridad privada y hoteleras, así como de tours orientados al turismo.

A decir de Yunes Linares, los prestanombres de Bermúdez abarcan a su hermana, esposa y otros familiares, quienes cobraban facturas para las empresas propiedad del exjefe policíaco de Duarte.

“Estas empresas se encuentran en la lista de acreedores que la Secretaría de Finanzas y Planeación envió a la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, la cual viene firmada por el secretario de Finanzas, el tesorero, el secretario de Egresos y los responsables del área administrativa de las dependencias”, ha dicho Yunes Linares en reiteradas ocasiones.

En Veracruz, la evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) le reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil pesos, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según destacó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Sin embargo, el “Capitán Tormenta” adquirió bienes inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones 773 mil pesos en el mismo periodo 2011-2016.

Ello fue fundamental para que a inicios de año se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.

Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación en la que Bermúdez Zurita fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales en 64 millones 733 mil pesos, lo que es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual de 2011 –primer año del anterior sexenio–, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil 241 pesos.

En el documento se señala al calce: “No acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.

En el oficio 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez, se aclara que su declaración patrimonial sólo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyas propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos.

Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016, señala que, al término de 2012, Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en el 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registró cambio alguno, pero en el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.

Entre los bienes de Bermúdez destacan propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la Ciudad de México, además del hotel Artisan en la Riviera Maya, y uno más del mismo nombre en el municipio de Chachalacas, en el balneario turístico conocido como “Chachalacas”.

Apenas el 26 de septiembre pasado, en audiencia de apelación ante la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Bermúdez Zurita y su abogado defensor, Rodolfo de la Guardia, lograron admitir pruebas que la Fiscalía General del Estado (FGE) había desechado.

A decir de Rodolfo de la Guardia, fue un “primer paso sólido” para avanzar en obtener la libertad de Bermúdez Zurita, quien tiene prisión preventiva de un año y también enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, al no poder explicar una fortuna superior a los 80 millones de pesos.

“Son alegatos aclaratorios, son algunas pruebas de naturaleza documental para establecer la inexistencia de tráfico de influencias y abuso de autoridad. La Sala Tercera tuvo a bien determinar que la defensa tenía la técnica litigación, por lo que admitió todos los medios de prueba para demostrar un criterio contrario al que tenía la Fiscalía”, señaló el abogado defensor de Arturo Bermúdez.

En entrevista, en la explanada del edificio C del Poder Judicial del estado, De la Guardia aseguró que al día de hoy Bermúdez no ha sido requerido por la justicia federal –pese a que tiene denuncias interpuestas en la PGR y es señalado por la Auditoría Superior de la Federación– por desvío de recursos ni por desaparición forzada.