Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó esta noche la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en Texas, mediante inyección letal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negó a revisar su caso.

Tras dar su pesame a los familiares del connacional, recordó que Cárdenas Ramírez es el quinto mexicano ejecutado en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004, por lo cual, expresó su más enérgica protesta por el incumplimiento del gobierno estadounidense de dicho resolutivo que lo obliga a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta.

A través de un comunicado de la SRE, el gobierno de México exhortó a Estados Unidos a adoptar acciones efectivas que impidan que cualquier estado que forma parte de ese país, incluyendo Texas, lleve a cabo la ejecución de nacionales mexicanos en desacato del fallo Avena y en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Reiteró que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo.

Manifestó su oposición a dicha sanción por considerarla cruel e inhumana, y que socava la dignidad de las personas.

En el comunicado, dijo que continuará impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los Estados en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. México y Estados Unidos son signatarios de este instrumento.

También aseguró haber agotado las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance, en Estados Unidos y a nivel internacional, para que se revisara el caso de Cárdenas Ramírez y obtener la suspensión de la ejecución.

En un recuento de las medidas adoptadas, señaló que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, solicitó por escrito al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, la suspensión de la ejecución y conmutación de la pena. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobernador de Guanajuato, diversos legisladores federales, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese Estado, entre otros dirigieron misivas en este sentido.

Asimismo, la Embajada de México en Estados Unidos gestionó que Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú, Paraguay, Portugal, Suiza y Uruguay, además de la Unión Europea se sumaran a este llamado.