Brasilia, Brasil.- Un juez de la corte suprema brasileña rechazó este martes un pedido para impugnar el nombramiento del ministro Wellington Moreira Franco, un aliado del presidente conservador Michel Temer, involucrado en el escándalo Petrobras por un exejecutivo de Odebrecht.

La designación de Moreira Franco al frente de la estratégica Secretaría General de la Presidencia fue objetada por el partido opositor Rede Sustentabilidade, argumentando que constituía un “desvío de finalidad” para dotarlo de fueros privilegiados y protegerlo de una eventual investigación.

Los crímenes cometidos por ministros de Estado solo pueden ser juzgados por el Superior Tribunal Federal (STF), que actúa más lentamente que las cortes inferiores, especialmente la que conduce el juez Sergio Moro, a cargo del caso Lava Jato (lavadero de autos) sobre los sobornos en Petrobras.

“La nominación de alguien para el cargo de Ministro de Estado (…) no configura por sí sola la hipótesis de desvío de finalidad”, escribió el magistrado del STF Celso de Mello.

El juez señaló en su fallo que la posición de ministro “no establece inmunidad” y que en caso de ser acusado criminalmente, la corte puede suspenderlo de su cargo y enviarlo a prisión.

Moreira Franco fue designado tres días después de que la corte suprema incorporara a las investigaciones una masiva confesión de exejecutivos de la constructora Odebrecht, clave en el escándalo de financiación ilegal de la política, donde era mencionado con el sobrenombre “Angora”.

Las confesiones de acusados a cambio de menores condenas no constituyen una prueba ni implican culpabilidad hasta que ésta sea determinada en un juicio.

Hasta ese momento, Moreira Franco estaba al frente de un programa de proyectos de inversiones público-privadas.

Un juez federal dejó sin efecto el nombramiento, considerando que el ahora ratificado ministro había sido “mencionado, con contenido comprometedor”.

Comparó su situación con la del expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, que en 2016 fue nombrado jefe de gabinete de la entonces presidenta Dilma Rousseff, pero fue de inmediato apartado de su cargo por orden judicial.

En la medida que impidió a Lula ser ministro se consideró que Rousseff buscaba ante todo librarlo de la justicia ordinaria que investigaba denuncias de corrupción en su contra.

Indignada por la decisión, la defensa de Lula pidió nuevamente al STF que tome los recursos a favor del expresidente para reparar el “daño histórico” que le habría sido infligido en relación a ese episodio.

“Para una situación en todo idéntica, fueron utilizados criterios diferentes (…) Lula no era señalado ni imputado en ese momento. Nada justifica el impedimento que se le impuso y que tuvo graves efectos no solo en relación a la honra e imagen de Lula sino también para la democracia del país”, señaló el bufete de abogados Teixeira&Martins en un comunicado.