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Por Ernesto Acosta
Publicado el martes, 11 de julio del 2017 a las 09:00
Saltillo, Coahuila.- Con la aprobación de la Ley del Sistema Anticorrupción, Coahuila contará con una instancia que coordinará a las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
La Comisión Especial de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el gobernador Rubén Moreira Valdez, la cual será ratificada este día en la sesión del pleno.
El Sistema contará con un comité coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, así como por el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
Tendrá dentro de sus facultades el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los organismos que integran el Sistema Estatal con los municipios, así como el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
CARGO POR 5 AÑOS
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con el Sistema y deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección, serán renovados de manera escalonada y cobrarán por honorarios.
Asimismo, el Congreso del Estado creará la Comisión de Selección de los integrantes del CPC, para lo cual emitirá una convocatoria y consulta pública, invitando a las instituciones de educación superior y de investigación del estado y a las organizaciones de la sociedad civil, para elegir a 9.
De igual manera, se constituirá la Comisión Ejecutiva que elaborará políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas; los informes de evaluaciones, y las recomendaciones no vinculantes de que sean dirigidas a las autoridades.
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