Ciudad de México.- En medio de una profunda desconfianza ciudadana en la clase política y rechazo a los partidos se inicia el más complejo proceso de reconstrucción, donde se compromete la coordinación entre el Gobierno federal, los gobiernos de las entidades afectadas, múltiples dependencias, fondos y programas.

En este entorno, organizaciones ciudadanas se pronuncian por la creación de un organismo independiente (Fondo Nacional de Reconstrucción con una “auditoría social”) que garantice un manejo transparente de los recursos públicos y privados. El más reciente ejemplo es la inicaitiva Nosotrxs.

Y dentro de este pantano surge la figura de las inmobiliarias. El contubernio entre funcionarios públicos y desarrolladores.

Actores políticos han sostenido por décadas que los constructores siempre buscan evadir la normatividad, ya sea de protección al ambiente, edificación de inmuebles fuera del reglamento de construcción, así como la venta de terrenos públicos a amigos o parientes con precios de ganga, el cambio de uso de suelo… todo aquello que el funcionario público encargado de dar la firma acepte.

RECLAMO GENERAL

Conforme avanzan los días tras los sismos se suma el reclamo generalizado a las inmobiliarias que se “vendieron” y que para edificar violaron leyes y reglamentos, con la complicidad de autoridades delegacionales y de dependencias de gobierno.

Directivos de las cámaras nacionales de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda y de la Transformación, así como de la Mexicana de la Industria de la Construcción señalan que si bien algunos inmuebles afectados se realizaron con el anterior Reglamento de Construcción del exDF –como el colegio Enrique Rébsamen– los nuevos fueron levantados con el actual y no debieron sufrir daños, por lo que demandaron que se deslinden responsabilidades.

¿Y LAS GARANTÍAS?

Miles de edificaciones sufrieron desde afectaciones menores hasta el derrumbe total luego del 19 de septiembre. A raíz de esto, la Profeco señaló que los dueños de inmuebles que hayan comprado su propiedad en los últimos cinco años y que resultaron dañados por el terremoto del 19 de septiembre, tienen garantía y las empresas constructoras deben responder por las reparaciones o reconstrucción, y por ley los desarrolladores inmobiliarios deben dar garantías de hasta cinco años por daños estructurales y un año por daños menores.

UNIDOS EN MARCHAS

Ayer, organizaciones civiles se manifestaron en el Ángel de la Independencia para exigir que sea creado un fondo único que gestione los recursos para la reconstrucción en México tras los sismos de septiembre.

“Tenemos que sacar el proceso de reconstrucción de las manos de los gobiernos que están por terminar, tenemos que crear un fondo único de reconstrucción nacional, que se ponga en manos de expertos, especialistas y sin filiaciones partidarias”, aseguró Mauricio Merino, coordinador general de la iniciativa ciudadana Nosotrxs.

El académico advirtió que “si (los recursos) se depositan en el fin de sexenio, va a ser imposible que ese dinero se ponga a salvo de las campañas electorales”.

Los manifestantes respaldaron la idea y pidieron poner un alto a cualquier intento de convertir en “un negocio” la reconstrucción de viviendas en las entidades más afectadas, como son Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

‘INTERÉS POLÍTICO’

El jueves, habitantes de varias delegaciones capitalinas afectados por la construcción de desarrollos habitacionales acusaron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de solapar a la inmobiliaria Quiero Casa, propiedad de los hermanos José y Salomón Shabot Cherem, al permitirles edificar en zonas donde el uso de suelo está prohibido para este tipo de obras.

Tras la manifestación frente a las instalaciones corporativas de la empresa, un representante de la inmobiliaria calificó que obedece a un interés político.

Luis Olguín, director de Desarrollo Urbano de la empresa, indicó que en la marcha participó el mismo grupo que mantuvo, durante al menos cinco meses, un plantón en el predio de avenida Aztecas 215, Pedregales de Santo Domingo en Coyoacán.

“En la última mesa de trabajo con ellos se ofreció explorar alternativas siempre y cuando fueran de apoyo a la comunidad y no a un grupo específico, no han querido dialogar en esa dirección”, dijo el representante de la empresa.

NEGOCIO MORTAL

Lorena Villavicencio, integrante de la organización Mujeres de Hierro, planteó en la manifestación de ayer en el Ángel de la Independencia el caso de la Ciudad de México, donde señaló que hubo “un negocio inmobiliario que generó muchas muertes”.

“No podemos seguir en este país sin consecuencias porque ahí están aquellas autoridades con responsabilidades claras ya sea porque no se usaron materiales adecuados, o no se revisaron los inmuebles con anterioridad”, dijo Villavicencio.

Marcelo Monges, miembro de la Fundación Conciencia y Dignidad, cuestionó que las constructoras se escuden en el argumento de que los edificios se cayeron “por un fenómeno natural”, por lo que pidió castigo a autoridades y empresarios responsables.

MAM INSISTE EN BENEFICIOS

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) congrega a las empresas de la construcción más poderosas del país, que controlan la mayor parte de esa industria y son responsables del furor inmobiliario que invadió a la Ciudad de México en las últimas décadas.

Ahora que el temblor puso al descubierto las endebles bases con que se levantaron muchos edificios, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera insiste en beneficiar a los socios de la ADI al asignarles la reparación de más de mil 300 inmuebles afectados y evitar que se sepa cuáles firmas están acusadas por delitos como homicidio culposo, fraude y lesiones, entre otros.

EN NÚMEROS

Se habla en números gruesos de un estimado para la reconstrucción de 38 mil millones de pesos como cifra preliminar, ya que aún existen diferencias abismales entre aseguradoras y grupos especializados en sus estimaciones sobre el costo de los daños por los sismos, y que entre Air Worldwide, Risk Management Solutions, ERN International y otros discrepan desde un piso de mil 100 millones de dólares y un techo de 8 mil millones de dólares.

Sería otra tragedia engañar trivializando cifras para preparar el desvío de esos enormes recursos públicos. El censo de los daños debidamente corroborado es básico para evitar otras “estafas maestras”.

Así, la corrupción oficial y el desvío de fondos públicos en la reconstrucción, puede matar a muchos más que los propios sismos. (Con información de Reforma, Proceso, Animal Político)

FONDO PARA ENDEUDAR DAMNIFICADOS

El Plan de Reconstrucción para la Ciudad de México que anunciaron Mancera y Peña Nieto el 4 de octubre consiste en la integración de un fondo en el cual, por cada peso que aporte el Gobierno federal, las autoridades capitalinas aportarán 3 pesos adicionales.

La senadora Dolores Padierna explica que este fondo se invertirá en “un bono cupón cero” que multiplicará por cinco los recursos aportados por ambos gobiernos. El “bono cupón cero” es “una obligación de deuda que se coloca en el mercado de valores a disposición de los inversionistas.

Tanto el monto invertido como los intereses se pagan hasta su vencimiento; en este caso es de 20 años”.