Ciudad de México.- El apoderado de Infraiber, Paulo Diez Gargari, denunció hoy ante la Procuraduría General de la República actos de corrupción presuntamente cometidos en la concesión a OHL México de la Autopista Atizapán-Atlacomulco, los cuales habrían causado un quebranto a la Federación de más de 500 millones de pesos.

La querella, presentada esta mañana en la Oficialía de Partes de la PGR, está dirigida principalmente contra Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero también contra el Presidente Enrique Peña Nieto, y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

También contra Eduardo Flores Herrera, vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy, ex presidente y director general de OHL México, respectivamente, y Juan Luis Osuna Gómez, apoderado de la concesionaria.

Según el abogado, la SCT perdonó a OHL la inversión de 430 millones de pesos en dos fondos para la concesión y dejó de tener ingresos adicionales de 80 millones por concepto de pago inicial de la oferta, que se consideró como el aspecto más importante para adjudicar la licitación.

Los delitos que se imputan son asociación delictuosa, encubrimiento, uso indebido de atribuciones y facultades, delitos contra el consumo y riqueza nacionales, contra la administración de justicia y difusión de información falsa al público inversionista.

De acuerdo con la querella, aunque en principio se interesaron 28 empresas, al final la SCT sólo recibió las propuestas de OHL México, Promotora del Desarrollo de América Latina (Ideal) y Coconal en consorcio con Operadora de Autopistas.

La de Coconal fue desechada el 18 de marzo de 2014 sin darse a conocer públicamente los motivos, pero Ideal continuó con una oferta de pago inicial de 610 millones 265 mil 777 pesos. OHL ofreció 530 millones, una suma 80 millones 265 mil 777 pesos menor a la de su competidor.

Aunque Ideal tenía el mejor pago inicial, criterio bajo el que se adjudicaría la concesión, el 28 de marzo de 2014 su oferta fue descalificada bajo el argumento de que no analizó el 80 por ciento de los precios unitarios, indica la querella.

“La verdad es que es una causa fabricada que no tiene ningún sustento para declarar ganador a OHL, no porque fuera la mejor propuesta sino porque era la única. Es decir, es un proceso de licitación amañado como el del Viaducto Bicentenario. Digamos que había un ganador desde el principio”, dijo el denunciante sobre la concesión que se otorgó el 25 de abril del mismo año a AT-AT, subsidiaria de la firma hispana.

Diez Gargari afirmó que Ruiz Esparza además hizo creer a los participantes que debían aportar hasta 950 millones de pesos para constituir dos fondos, uno de 500 millones para obras adicionales y otro de 450 millones para las contingencias del derecho de vía.

“El problema es que el fondo de contingencia que debía ser de 450 millones de pesos se lo deja Ruiz Esparza a OHL en 120 millones, es decir, una diferencia de 330 millones, y el de obras adicionales, que debía ser de 500 millones, se lo deja en 400 millones, 100 millones de pesos menos”, dijo Diez Gargari.

Según Diez Gargari, OHL también ha engañado a los inversionistas porque ha informado en su reporte bursátil anual que esta concesión de 30 años corre a partir del inicio de operaciones de la autopista y no desde marzo de 2014, cuando se emitió el fallo de la concesión.

“Ellos llevan más de tres años de concesión pero al mercado lo siguen engañando, que esos 30 años no han empezado a correr. Esto lo sabe la CNBV, es un delito que la Bancaria y Hacienda deben denunciar y al no hacerlo están encubriendo”, dijo.

Otra conducta presuntamente ilícita que señala es que en 2015 la SCT permitió que OHL aportara mil millones de pesos para liberar el derecho de vía de la autopista, a cambio de que le reconocieran ese dinero como una inversión, sin que mediara una modificación al título de la concesión.

“Al 31 de diciembre pasado el avance de la construcción de la autopista llegaba al uno por ciento, lo que se tenía a esa fecha era ‘un avance del Proyecto Ejecutivo del 95 por ciento, habiendo aprobado la SCT el 50 por ciento’. Ni siquiera se había terminado el Proyecto Ejecutivo”, dijo.