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hace 1 año
[Saltillo]

Destruye desaparición vida de toda una familia

Al no tener noticias del padre, la angustiada madre murió y dos jovencitas quedaron a la deriva.

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Destruye desaparición vida de toda una familia
Saltillo, Coah.- La última vez que Maricarmen Cardona Martínez escuchó la voz de su padre al teléfono fue en 2009 cuando se comunicó como lo hacía todas las tardes desde Piedras Negras, Coahuila. Jamás lo volvieron a escuchar, ni a ver. Su padre había desaparecido y con el paso del tiempo su madre también. Murió de un infarto durante la búsqueda. Mientras que sus derechos y los de su hermana se desvanecieron. “Desaparecimos con mi padre”, dijo.

“Fuimos eliminadas de la lista de alumnos inscritos en la primaria, despojadas de la casa que mi padre había comprado, desaparecieron nuestros derechos, nadie procuro mi educación ni mi salud. Desaparecimos con mi padre”, reitera.

Gersain Cardona Martínez, originario del Estado de México, desapareció hace casi 9 años en la ciudad fronteriza, donde trabajaba a bordo de una camioneta con otros 11 vendedores de cambaceo, sin dejar huellas ni rastro de su paradero.

Durante ese tiempo, relata Maricarmen, su madre Demetria Martínez Hernández fue de las pocas esposas que arribaron hasta el norte del país para cuestionar a las autoridades, hacer una denuncia formal y buscar a su acompañante de vida en territorio coahuilense.

En esa última llamada aquel 21 de marzo, su padre comentó que no encontraban una de las tres camionetas en la que viajaban con la mercancía, pero estaba seguro de que aparecería, pues era muy común desviarse en caminos
desconocidos.

Según la carpeta de investigación, habrían sido al menos 30 hombres distribuidos en 3 camionetas, desaparecidos en Piedras Negras, entre ellos su padre Gersain. Camionetas que simplemente se esfumaron, se los tragó la tierra… desaparecieron, relata Maricarmen, hija menor de Gersain, quien en ese momento tenía apenas 11 años.

“Mi vida cambió completamente, mi padre no estaba muerto, no había una tumba dónde llorar o llevarle flores, pero tampoco estaba con nosotros”, comenta Maricarmen, sostenido la fotografía de su padre y los datos de su desaparición en una hoja arrugada, como lo hizo su madre hasta hace dos años antes de morir.

En ningún momento Maricarmen ha pensado en dejar de buscarlo. Pues abandonar la causa sería tirar por la borda esa lucha que emprendió su madre y por la que tanto se sacrificó.

“Si nosotros abandonamos la lucha, si olvidamos todo lo que mi madre cimentó, si no cuestionamos, nos informamos, si nos conformamos o preferimos no interesarnos y nos convertimos sólo en –los hijos de los desaparecidos–, la muerte de cada una de las personas que buscaron hasta el final y lucharon en contra de un Gobierno opresor, será en vano”, subrayó Maricarmen.

Quien afirmó que no le gustaría que otros niños con sus padres desaparecidos tengan que atravesar por las difíciles y crueles situaciones que su hermana y ella enfrentaron a tan corta edad.

SIN SUSTENTO

Durante la desaparición, recuerda, la situación económica de su familia empeoró, sin embargo, su madre nunca dejó de buscar y comenzó un movimiento en Coahuila para exigir respuesta a las autoridades, mientras ella y su hermana abandonaron la escuela un par de años para trabajar y poder mantenerse, pues en ese momento no existía ningún programa que procurara su seguridad social o educación ante la desaparición de su padre.

“No teníamos dinero porque él era quien mantenía nuestro hogar, nos salimos de la escuela, empezamos a trabajar en un tianguis, en un puesto de chicharrón y una frutería, entre otros empleos que nos permitieron seguir adelante. Ni el Gobierno ni las autoridades podían catalogarnos como huérfanas o recibir alguna pensión porque la figura jurídica de mi padre no existía en la ley”, expresó.

Poco después su madre murió de un infarto provocado por una enfermedad crónica que se desarrolló en el transcurso de la búsqueda. Ese 24 de octubre del 2016, Maricarmen supo que el Estado no sólo había desa-parecido a su padre sino a su madre también.

“Buscó 7 años, acudió a las audiencias, tuvo encuentros con el gobernador, buscó hasta donde pudo, no dejó de buscar hasta su último día pero jamás lo encontró. Falleció sin saber qué había pasado con mi padre o dónde está”, dijo impotente.

Actualmente Maricarmen cursa la preparatoria abierta mientras continúa trabajando en una empresa para mantener la casa en la que vive con su hermana Lizeth de 23 años, quien también trabaja y cursa la universidad.

Cuando el padre de Maricarmen desapareció la ley no reconocía la personalidad jurídica de algún desa-parecido, pues ese estatus era inválido para muchos de los códigos civiles o penales a nivel nacional, y por ende no existía ningún organismo que protegiera los derechos de quien desapareció así como los derechos de sus familiares, considerados víctimas indirectas de la desaparición forzada.

Sin embargo, gracias al esfuerzo de madres como la de Maricarmen en la formación de colectivos organizados, Coahuila logró la realización de la Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición en 2014, donde además de estipular los protocolos para declarar la ausencia de algún desaparecido, protege los derechos de las víctimas.

DISCREPANCIA

Aunque hay un campo de derechos que no se protege desde lo estatal puesto que hay leyes o reglamentos federales que no se homologan con los derechos que exige la ley estatal como el Infonavit, seguridad social, derechos laborales, financieros, agrarios o hipotecarios.

Por eso, colectivos de familiares de personas desa-parecidas de distintas entidades del país se reunieron en el Foro Nacional para la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se realizó en la Universidad Autónoma de Coahuila el fin de semana.

El Foro tuvo como objetivo abrir un diálogo sobre temas como: los desafíos de la Ley General de Desaparición Forzada, los registros para enfrentar la desaparición en México, derechos de las familias de personas desaparecidas, búsqueda de personas desaparecidas en perspectiva comparada, así como la investigación del delito de desaparición.

Durante las mesas de trabajo, donde también participaron las autoridades, se denunció la falta en el cumplimiento de sus derechos, por lo que solicitaron la formación de una lista concreta que plasme los derechos de acceso a la justicia y de búsqueda, así como la homologación de leyes y convenios con dependencias de salud, educación y financieras para su cumplimiento.

“Lo que estamos cuestionando es que la discrepancia entre las leyes bloquea ciertos derechos porque a nivel estatal puedes tener acceso a la educación pero hay Institutos o leyes que son federales como los de salud o financiamientos, entonces queremos saber qué hará el Estado mientras se logra homologar las leyes”, expresó Blanca Martínez representante del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Se hablaba de un fondo en el Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), para dar apoyos económicos a las familias y así alivien un poco la grave situación económica y de salud que atraviesan, comentó la activista, no es para sacarlas de pobres, ni de su dolor, pero es para que al menos tengan algo para pagar los materiales escolares y continuar su educación.

“Se están proponiendo reformas a una serie de legislaciones secundarias como la Ley del Seguro Social, todo lo que regula la parte financiera y bancaria para liberar a las familias de deudas, para garantizar que continúe la seguridad social de las familias y que quienes estén sin padre o madre tenga la protección social necesaria”, agregó.

Desgraciadamente trabajar el marco legislativo es muy tardado y puede llegar a ser insuficiente e incluso reformado durante ese mismo transcurso. Se está tratando de acordar cómo implementaríamos la Ley Federal de Desaparición en Coahuila y qué tenemos que hacer para que se implementen a nivel federal los derechos que ya se tienen en el estado, enfatizó.

PROCESO DE DECLARATORIA DE AUSENCIA, A PASO LENTO

En Coahuila sólo 19 procedimientos sobre personas desaparecidas han logrado la suspensión de pagos en instancias como Infonavit, SAT, créditos bancarios o hipotecarios, mientras que sólo otros 11 procedimientos laborales lograron cumplir el pago del 100% en el empleo al que acudía, según información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, habiendo cerca de 2 mil personas desaparecidas en la entidad.

Pese a que Coahuila es uno de los estados pioneros en la legislación para la protección de derechos a víctimas indirectas de la desaparición forzada, así como el proceso para reconocer la figura jurídica de una personas, desaparecida, los procedimientos para la declaratoria de ausencia por desaparición forzada pueden llegar a tardar más de un año, tiempo en el que los familiares, considerados víctimas indirectas de este delito, son estranguladas por la situación económica que atraviesan.

Puesto que la cantidad del personal que lleva los casos así como los recursos destinados para las investigaciones son insuficientes, prueba de esto es que la Comisión sólo cuenta con 11 asesores jurídicos para aproximadamente 400 familiares que han acudido en busca de dar solución a los procedimientos legales que implica el proceso para la declaratoria de ausencia, mientras que sólo se han otorgado 229 atenciones sobre educación, vivienda y salud a través del Programa de Atención a Familiares de Personas Desa-parecidas (Profade).

Luis Efrén Ríos Vega, director general de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, expresó que la desaparición forzada no sólo perjudica a la víctima directa sino a toda su familia, pues constantemente demandan incumplimiento de sus derechos en materia de vivienda, empleo, salud y educación.

“No sólo produce un problema de injusticia sino efectos colaterales ante la falta de sus derechos, la vulneración a la que son expuestos es mucha al perder lo que antes les correspondía sin ningún trámite”, comentó Ríos Vega. (Ana Luisa Casas)






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