Ciudad de México.- Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México detuvo a uno de los tres custodios que participó en el robo de ocho millones de pesos, cuando trasladaban esa cantidad en una camioneta de valores, en la delegación Iztapalapa.

De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino se trata del chofer de la unidad, quien en un principio manifestó haber sido víctima de robo, pero en realidad fue cómplice del atraco.

En la carpeta de investigación correspondiente, iniciada por el delito de robo calificado, se indica que el 2 de julio pasado, después de observar los protocolos de seguridad establecidos por la empresa en la que laboraba, el indiciado y otro de los imputados consiguieron salir a bordo del automotor que transportaba valores.

En principio, los sujetos debían trasladarse a una sucursal bancaria en la delegación Azcapotzalco, pero desviaron su ruta e hicieron una parada en la colonia Sifón, en Iztapalapa, donde permitieron que abordara un tercer hombre, quien también es empleado de la empresa; se presume que ahí se apoderaron del dinero.

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La Procuraduría capitalina puntualizó que los trabajos realizados por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte permitieron acreditar la participación del chofer y, por ello, se solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Detalló que la orden fue cumplimentada el 12 de julio por agentes investigadores, y al llevarse a cabo la audiencia ante el Juez de Control, éste calificó de legal la detención e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Si bien se trata de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, la Procuraduría logró que el juez de conocimiento impusiera una medida cautelar extraordinaria de prisión preventiva justificada en razón de la trascendencia del hecho delictivo.

El imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y la Procuraduría continuará la integración del expediente, a fin de que el juzgador vincule a proceso al individuo y, de encontrarse penalmente responsable de estos hechos, podría alcanzar una pena de 22 años y seis meses de prisión.