Ciudad de México.- En seis años, desde el Gobierno de Chihuahua, César Duarte articuló una extensa y compleja red formada por 198 personas, entre familiares, amigos y colaboradores, que a través de 119 empresas, reales y fantasma ubicadas en México y Estados Unidos, obtuvieron contratos a través de procesos simulados de licitación y adjudicaciones directas. Por ahora el daño se calcula en 6 mil millones de pesos.

Las conexiones de esta red se extienden, de acuerdo con las investigaciones, a la Ciudad de México, Veracruz y Nayarit, entidad en la que las autoridades indagan el posible encubrimiento y protección de la administración del ahora exgobernador Roberto Sandoval. Y en Estados Unidos, las pesquisas alcanzan el posible lavado de dinero a través de la compra-venta de ganado y propiedades, operaciones que podrían haber sido financiadas, no sólo con los recursos públicos desviados, sino con fondos del crimen organizado.

Se trata de la red más sofisticada y extensa que hasta ahora se conozca, incluso más compleja que aquellas que crearon los ahora también exgobernadores Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo, ambos acusados de delitos de corrupción. No es amplia sólo por su tamaño, sino porque podría tratarse de la primera trama que involucra a dos gobernadores en operaciones posiblemente ilícitas, de acuerdo con la información contenida en el expediente de la Fiscalía General de Chihuahua y a la información recabada por este semanario.

Las actas constitutivas que obtuvo Eje Central, en torno a esta red de compañías, muestran que el tejido con el que César Duarte operó para desfalcar las arcas de Chihuahua va más allá de las 14 empresas que el actual gobernador, Javier Corral, ha señalado públicamente. Por primera vez se dan a conocer los nombres y detalles de empresas con operaciones en México y Estados Unidos que presuntamente participaron para consumar el daño patrimonial estimando, hasta el momento, en 6 mil millones de pesos.

El objeto de las compañías, con sede en México, beneficiadas con el desvío de dinero público es tan variado como interminable. Según sus propias actas constitutivas, lo mismo vendían juguetes, leche, equipo de limpieza, construían carreteras, vendían fotocopiadoras u ofertaban la importación y exportación de todo tipo de artículos.

En ese entramado participaron 180 personas, de manera directa o indirecta. De estas, 41 personajes fueron clave para la red de corrupción de César Duarte; principalmente su familia. Hermanos, primos, sobrinos y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong; así como funcionarios públicos, amigos y compadres, todos fueron colocados en dependencias desde las que se operó el desfalco.

La operación fue coordinada desde las secretarías que atienden las áreas más sensibles; educación, salud, finanzas y obras públicas; vinculadas con el desarrollo social y de infraestructura del estado. Los aliados del exgobernador ocuparon las cabezas de secretarías y direcciones de instituciones de educación superior, con autonomía, desde las que operaron para cerrar adjudicaciones amañadas.

Mediante procesos dirigidos de adquisición y la simulación de licitaciones directas, por lo menos cuatro dependencias del Gobierno de Chihuahua tramitaron o adquirieron, en su mayoría, bienes, servicios y productos diversos con sobreprecios. La red también requirió de la creación de empresas fantasma, para la entrega de esos productos, cuyas compras eran simuladas y que jamás existieron.

RED EMPRESARIAL

El entramado empresarial creció en Chihuahua y se extendió hasta Veracruz y la Ciudad de México, entidades que concentraron sociedades bajo diferentes razones sociales, que sirvieran a sus intereses. A través de una investigación en cinco registros públicos de la propiedad de Chihuahua, y de las redes empresariales del exgobernador, Ejecentral siguió el rastro de corrupción hasta Estados Unidos, en donde otras 12 empresas han sido identificadas por las autoridades.

Ganancias para todos

Si las dependencias del Gobierno de César Duarte necesitaban mobiliario, tóner, calcomanías, aulas móviles y demás productos, bastaba con adjudicar un contrato millonario a la empresa Grupo Fritag, cuyo socio era Jaime Agustín Gómez Fong, sobrino de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador.

Durante los seis años que gobernó Chihuahua (2010 a 2016), César Duarte se aseguró de que todos sus negocios implementaran formatos en los que todos los que formaban parte de la red de corrupción tuvieran ganancias.

Así lo mostró el mecanismo mediante el cual beneficiarios de programas agrícolas rentaban autobuses de transporte escolar a las empresas Movilidad y Enlaces Empresariales S.A. de C.V., y Enlaces Terrestres del Cobre S.A. de C.V., que eran propiedad del secretario de Salud, Pedro Hernández Flores, quien, a la vez, vendía a la dependencia la gasolina que los vehículos consumían.

Hernández Flores también fue una pieza clave de la trama. El 9 de julio de 2015, aún como secretario de Salud, depositó un millón 345 mil dólares desde su cuenta personal con número 7702197435, radicada desde 2011 en una sucursal de Wells Fargo de El Paso, Texas, a la cuenta personal de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador. Otro movimiento fue realizado ese mismo día en favor de Rosa Isela Gaytán, quien fue titular de la oficina de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud, ese depósito fue por 645 mil dólares. Prácticamente nada escapaba a las ofertas que la red empresarial hacía al Gobierno de Chihuahua.

Si la Secretaría de Obras requería calcomanías autoadheribles, bastaba adjudicar un contrato millonario a Grupo Fritag S.A. de C.V., cuyo socio era Jaime Agustín Gómez Fong, sobrino de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador, y quien actualmente está vinculado a proceso por el desvío de 15 millones de pesos del erario.

Gobierno, al servicio de Duarte

Prácticamente toda la estructura estatal se puso al servicio del exgobernador. A través del Desarrollo Integral de la Familia estatal, con la presidencia de Bertha Gómez Fong, su esposa, fueron beneficiadas las empresas Lácteos Cerro Grande, cuya denominación fiscal es Clank S.A. de C.V., y Prometeo Proyectos Ejecutivos S.A. de C.V., ambas representadas Manuel Quiñonez Villarreal y Jaime Galván Guerrero, quienes fueron beneficiados en 2013 con adjudicaciones directas por 183 millones 686 mil 714 pesos. Y un año después, por la Secretaría de Educación, que a través de una licitación restringida le compró despensas por 12.5 millones de pesos.

Ambos empresarios están vinculados con Elia Patricia Berjes Chávez, esposa de Galván Guerrero, quien es socia en la Unión de Crédito, la cual se fusionó el 21 de marzo de 2014 con otras tres empresas y un fideicomiso para fundar el Banco Progreso Chihuahua. La relación de Berjes Chávez, aunque truncada por la condena de 60 meses de libertad condicional que su esposo recibió en 2010 de una Corte de Estados Unidos por fraude y lavado de dinero en contra del Banco de Exportaciones e Importaciones de ese país, dejó ganancias millonarias para estos tres personajes.

Riqueza ganadera

El dinero que salía de las arcas estatales también fue usado en la compra de cabezas de ganado bovino, el cual el exgobernador incrementó de mil a 3 mil cabezas en los primeros tres años de su mandato.

De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, el entonces funcionario sostuvo en 2010 que poseía mil 652 cabezas de ganado; para el año siguiente informó que contaba con 2 mil y en su penúltima declaración patrimonial, presentada en 2015, contabilizaba 3 mil cabezas de ganado. No existe registro de su última declaración patrimonial, pues antes de rendirla huyó del país.

Los recursos que salieron del erario no podían quedarse en México. Ejecentral siguió el rastro del dinero hasta Estados Unidos, país en el que, a través de una red de 12 empresas, constituidas en Texas, en la que participaron 18 socios, el dinero que fue extraído de las arcas estatales fue lavado.