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[Coahuila]

Endeudamiento no debe quedar impune: Morena

Asegura diputada que es incomprensible el aumento de más de cuatro veces y media en un año

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Endeudamiento no debe quedar impune: Morena
Saltillo, Coahuila.- La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández aseguró estar convencida que el quebranto financiero de Coahuila no se produjo en pocos años solamente, sino que, por mucho tiempo, los estados financieros no reflejaron fielmente el endeudamiento público.

“En pocas palabras: se escondió la deuda, maquillando la situación de las finanzas públicas de la entidad”, sostuvo.

Señaló que legisladores y legisladoras han solicitado informes sobre la deuda de Coahuila y la alerta roja emitida por la Secretaría de Hacienda, pero pareciera que sólo buscan sacar tajada política de la megadeuda, sin aportar soluciones.

Coincidió en manifestar que el servicio de la deuda, es decir, los recursos que se destinan al pago de los intereses son sumamente lesivos para el desarrollo del estado.

FUNDAMENTOS

“Se debe investigar cómo pudo ser posible que, si al cierre de los ejercicios fiscales de 2005, 2007 y 2009 se registraba una deuda pública estatal de 323, 487 y mil 831 millones de pesos, respectivamente, al cierre del ejercicio fiscal de 2010, la deuda pública alcanzó 8 mil 267 millones.

“Es decir, en un año, de 2009 a 2010, la deuda aumentó más de cuatro veces y media, pero es incomprensible que, al cierre del ejercicio fiscal 2011, la deuda pública registrara un monto de 36 mil 510 millones de pesos. ¿Cómo se puede explicar que la deuda pública pasara de mil 831 millones a 36 mil 510 millones de pesos?

Indicó que se deben exigir responsabilidades a los culpables del endeudamiento, pero con fundamento en la ley, no por cuestiones políticas, y confió en que con Andrés Manuel López Obrador se hará justicia a los coahuilenses.

RECAUDACIÓN

» Frente a la crítica situación de las finanzas públicas, la diputada planteó que es indispensable que la Secretaría de Finanzas sea más eficiente en la recaudación de impuestos y evite la evasión fiscal. “Las autoridades tributarias del Gobierno del Estado están obligadas a mejorar la recaudación. No se trata de crear nuevos impuestos, sino de cobrar, de manera eficiente y justa, las contribuciones que establecen actualmente las leyes”.

Desaparición, tortura y ejecuciones; el problema sigue

Este jueves se recuerda el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; desgraciadamente la desaparición, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales son un problema grave que se extiende a lo largo y ancho del país, sin que los gobiernos de los últimos dos sexenios hayan podido evitarlo, aseguró la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD).

“En Coahuila la situación no es muy distinta, según un informe del Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), en el 2016 había alrededor de mil 400 casos denunciados. Sin embargo, en algunas entrevistas el anterior gobernador estableció la cifra en mil 600, número con el que los diversos colectivos no están de acuerdo.

“Somos el silencio de la masacre de Allende, de Patrocinio y del Penal de Piedras Negras, pero también de los desaparecidos de todas las regiones del estado. Todavía hasta hoy los coahuilenses seguimos siendo víctimas de criminales e incluso de quienes deberían protegernos”.

En el 2013 la Misión México del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano reconocer públicamente la problemática, adecuar el marco normativo a los estándares internacionales, generar datos estadísticos sobre la desaparición, la protección y seguridad de las víctimas y defensores de derechos humanos y la desmilitarización de las funciones de seguridad pública.

“Si bien el Gobierno ha respondido con algunas acciones y políticas públicas en favor de los familiares de desaparecidos, lo cierto es que la problemática sigue ahí. Debe ser prioridad de los nuevos gobiernos, tanto el estatal como el federal, así como para este Congreso del Estado, establecer los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos de las víctimas de desaparición, desde encontrarlos hasta reparar el daño de la forma más completa posible”.

Lamentó que los padres, madres, hermanos y hermanas que buscan a sus seres queridos se enfrentan cada día a la corrupción, la impunidad y el desdén de la autoridad.

“No puedo imaginar lo que sienten, lo que sufren, lo que viven, pero sí puedo compartir su grito de lucha y su exigencia de justicia. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”, concluyó.

Privilegiar derechos con Mochila Segura

El programa Mochila Sana y Segura debe ser aplicado por la Secretaría de Educación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

María Esperanza Chapa García, legisladora local, manifestó que en su instrumentación debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los estudiantes.

“Definitivamente el programa Mochila Segura no debe erradicarse en estos tiempos en los que el cutting y el bullying son muy conocidos por los estudiantes y representan una seria amenaza para ellos”, apuntó.

Sin huellas de agresión, no reciben denuncias

Aunque todos los días hay mujeres que acuden al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres a pedir apoyo para separarse del agresor o evitar ser víctimas de acoso sexual, no les reciben la denuncia si no presentan huellas de violencia o porque se considera que el acoso no implica riesgo.

“Es ahí donde se preguntan las víctimas ¿Entonces,  hasta que me mate o me viole me pondrán atención?”, reclamó el diputado Juan Carlos Guerra López.

Por ejemplo, puso el caso de “Alicia”, quien vive situación de violencia con su pareja y solicita el divorcio desde enero pasado, lo cual no ha podido lograr por los trámites burocráticos del juzgado, no obstante que el esposo está de acuerdo con la disolución del matrimonio.

“Como no se ha dictado la sentencia, el señor está en el domicilio conyugal, lo que ha prolongado el riesgo y la incertidumbre de “Alicia” y sus dos hijos. El sábado 18 (de este mes), La mujer y su hija fueron golpeadas por su esposo, acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento donde les otorgaron la orden de restricción, la cual surtirá efecto hasta que sea notificada a su agresor”.


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