Bloomberg | Río de Janeiro, Brasil.- Millones de brasileños se quedaron varados sin transporte público mientras bancos y escuelas permanecieron cerrados debido a la primera huelga general del país en dos décadas.

El paro, organizado por sindicatos, es una protesta contra la agenda de reformas del Presidente Michel Temer.

Los autobuses y los trenes no circulan en varias ciudades importantes, incluida Sao Paulo. Las vías de acceso a los aeropuertos de Río de Janeiro y Brasilia se encuentran bloqueadas temporalmente por los manifestantes.

Sin embargo, salvo algunos retrasos y cancelaciones, los vuelos en todo el país continúan funcionando.

La Policía acordonó la avenida principal que atraviesa la sede de Gobierno en Brasilia, la capital de la nación, anticipándose a las protestas.

En algunas áreas, la Policía utilizaba gases lacrimógenos para despejar el camino.

Globo TV mostró imágenes de una pelea entre sindicalistas y trabajadores en uno de los aeropuertos del país.

La huelga general llega en un momento delicado para el Gobierno de Temer.

Su compromiso de abordar el creciente déficit presupuestario de Brasil ha sido elogiado por los inversionistas y ha ayudado a impulsar un repunte de la moneda y del mercado de valores durante el último año.

Sin embargo, la paciencia con la austeridad se está agotando, ya que hay pocos signos de crecimiento y el desempleo se elevó a un récord de 13.7 por ciento, según datos publicados hoy.

Temer mantiene una fuerte base de apoyo en el Congreso, pero una gran participación durante la huelga o en marchas programadas para el 1 de mayo podría debilitar el apoyo de los legisladores.

“Si la participación es enorme, más de un millón, y las protestas se centran en las reformas y atraen a la población en general, podría complicar las reformas”, opinó Lucas Aragao, socio de Arko Advice.

Sin embargo, precisó que si las manifestaciones son claramente dominadas por los sindicatos, no tendrán un gran impacto en los planes del Gobierno.

El miércoles, la Cámara Baja del Congreso aprobó un proyecto de ley para flexibilizar las leyes laborales que han regido por décadas en Brasil.

El proyecto de ley ahora será enviado al Senado.

La próxima semana, una comisión especial del Congreso debe comenzar las votaciones sobre una enmienda constitucional para reformar el sistema de pensiones.

Una encuesta publicada el mes pasado reveló que el 72 por ciento de los brasileños se oponía a la reforma de las pensiones.

Anticipándose a un amplio apoyo a la huelga, Sao Paulo y otras ciudades brasileñas adoptaron planes de contingencia para asegurar que los empleados públicos puedan llegar a su trabajo.

Sin embargo, los manifestantes que bloqueaban las vías dificultaban el acceso de las personas.