Saltillo, Coahuila.- Agentes de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas entregaron urnas con cenizas y polvo del predio donde los Zetas incineraron a las víctimas del municipio de Allende. Además expidieron certificados de defunción, pese a no tener cuerpos, en los que enlistaban causas de muerte como “choque neurogénico” y “combustión total debido a exposición directa al fuego”.

Esto fue revelado en la investigación de la galardonada periodista Ginger Thompson que se publicó el martes en ProPublica, una organización de periodismo independiente, y la revista National Geographic.

El documento señala que tres años después de la matanza de los Zetas, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo. Los oficiales anunciaron una “megaoperativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad, sin embargo, las familias de las víctimas y los habitantes de Allende señalaron que no ha sido más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos.

Menos de una docena de sospechosos han sido arrestados, la mayoría eran expolicías locales y peones del narco que seguían órdenes, además del exalcalde del municipio, Sergio Alfonso Lozano Rodríguez quien fue liberado casi tres meses después. Nadie ha sido acusado de asesinato.

En 2015, la oficina del fiscal especial de Coahuila comenzó una serie de reuniones con familiares de aquellas víctimas que, como creían los investigadores —basados en confesiones— estaban muertos.

Según las pesquisas, certificados de defunción se expidieron aún sin que los cuerpos fueran encontrados y confirmados por los familiares de las víctimas, a quienes les entregaban urnas con polvo del rancho de los Garza, destaca el reportaje.

En mayo de 2011, Héctor Reynaldo Pérez levantó un reporte de una persona desaparecida con las autoridades estatales. Su hermana, que se había casado con un Garza, había desaparecido junto con su familia entera. Menos de un año después, el mismo Pérez desapareció.

Un informe por parte de investigadores independientes de derechos humanos en El Colegio de México halló evidencia de que Pérez había sido visto por última vez en custodia de oficiales de la Policía de Allende.

Después de eso, pocos familiares de las víctimas se atrevieron a buscar ayuda con las autoridades, mucho menos a hablar públicamente sobre su tragedia. Varios se mudaron a Estados Unidos. El reportaje concluye que los familiares fueron abandonados a su suerte a la hora de juntar las piezas de lo que pasó y reconstruir sus vidas.

Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial, que es de 28, y la de las asociaciones de las víctimas, que es alrededor de 300.

ProPublica y National Geographic han identificado alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones fueron conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos al asedio realizado por los Zetas aquel año.

Durante años, las autoridades estatales y federales en México no parecían hacer un esfuerzo verdadero para indagar en el ataque. Las autoridades federales mexicanas dijeron que sus predecesores no investigaron porque los asesinatos no se podían conectar al crimen organizado, pero reconocieron que ellos tampoco habían investigado, finaliza.

Testimonios del horror

El texto escrito por la periodista expone los testimonios de personas que perdieron a sus familiares en la masacre perpetrada por los integrantes del grupo delictivo los Zetas en el pueblo de Allende. Relataron el infierno que vivieron después de la masacre en el muncipio coahuilense.

Ninguna familia perdió más miembros que los Garza, menciona el texto. Se cree que casi 20 de ellos están muertos, incluida Olivia Martínez de la Torre, de 81 años, y su bisnieto de siete meses, Mauricio Espinoza. Los hermanos del bebé, Andrea y Arturo, que tenían 5 y 3 años en aquel momento, aparecieron en un orfanato de Piedras Negras después del asesinato de sus padres.

Su abuela paterna, Elvira Espinoza, camarera de un hotel en San Antonio, fue por ellos con su esposo. Andrea dice que fueron en una camioneta hasta un lugar donde las casas no tienen techo. Dijo que los hombres bajaron a su madre, a su abuela y a su bisabuela. Ellos les dijeron a los niños: “Quédense. Sólo vamos a hablar con ellas”.

Los hombres tuvieron allí a los niños y les dijeron que se callaran. Que no lloraran. Andrea contó que le cambió los pañales a su hermanito y le preparó su leche. Ella no recuerda exactamente cuántos días estuvieron ahí, hasta que los hombres la llevaron con Arturo y Mauricio a Piedras Negras.

Andrea dice que los dejaron en un parque, pero se llevaron a Mauricio con ellos. Contó que les había suplicado que le dejaran al bebé, pero los hombres le dijeron que el niño era muy pequeño y lloraba demasiado para dejarlo ahí con ellos.

Andrea se culpa a sí misma de lo que pasó. Dijo: “si hubiera sido más fuerte, Mauricio estaría todavía con nosotros”.

El reportaje aborda el testimonio de Lira, esposa de una de las víctimas. Relató que ella sí interpuso denuncia.

“El investigador me dijo que sería confidencial. Me prometió conservar mi identidad en el anonimato. Luego, unos días después, recibí una amenaza. Alguien me llamó al celular y me dijo que si seguía con la queja, lo mismo que le había pasado a mi marido le pasaría al resto de mi familia. Mis padres aún vivían en Allende. Nunca me habría perdonado si algo les hubiera pasado”.

Llamé al investigador ese mismo día. Le dije que me había mentido respecto a mantener mi nombre en secreto y que quería retirar mi demanda. También fui al consulado mexicano en San Antonio. No creerá lo que me dijeron. Me echaron la culpa. Dijeron:

“Ah, ahora viene llorando porque su esposo no aparece. Todo este tiempo usted sabía en qué negocios estaban metidos sus familiares, pero no pareció importarle hasta que se vio personalmente afectada. Nunca más le pedí nada al Gobierno”.

Dentro de los testimoniales destaca el de Claudia Sánchez, madre de una de las víctimas, quien describió el día en que le comunicaron que su hijo habría sido asesinado aquella noche de marzo de 2011 cuando el convoy de los Zetas ingresó a Allende a perpetrar la matanza.

“Cuando ellos (las autoridades del estado de Coahuila) me dieron la noticia, mi cuerpo quedó sin fuerzas. Me dijeron que Gerardo había sido llevado a un rancho y asesinado. Algo dentro de mí me dijo que era verdad. Aun así pregunté: ‘¿Están seguros de que era él?’

“Me dijeron que un testigo les había dicho que entre las víctimas había una familia con tres niños, y uno de los niños era mi hijo. Me dijeron que había empezado a llorar. Llore y llore. Esto los estaba estresando, así que lo mataron. Híjole. Ahí sí perdí los estribos. ¿Cómo podía haber alguien que mata a un niño de 15 años, que está asustado y llorando?

“Los oficiales me preguntaron qué quería. Respondí que quería sus restos. Me dijeron que sería difícil, porque mi hijo fue incinerado junto a mucha otra gente. En su lugar, me trajeron cenizas y tierra del lugar donde murió. Les pregunté si podía ir allí. Me contestaron que no era seguro. Les dije que quería ir de todas maneras. Entonces nos llevaron con unas escoltas”, relató Sánchez.