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[Nacional]

Pagaron empresas fantasma 57 mdp a Collado en Andorra

El abogado recibió 12 depósitos de contratos otorgados por el Gobierno de Peña Nieto entre 2009 y 2012

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Pagaron empresas fantasma 57 mdp a Collado en Andorra
Foto: Especial
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Ciudad de México.- La situación jurídica del abogado Juan Collado Mocelo parece complicarse mientras él permanece detenido en el Reclusorio Norte acusado por lavado de dinero y delincuencia organizada. El destacado litigante fue evidenciado por usar empresas fantasma para cobrar más de 4.4 millones de dólares al Gobierno del Estado de México de Enrique Peña Nieto –otro de sus clientes– de 2009 a 2012, desde un banco en Andorra.

Una investigación del diario español El País reveló que, al menos en dos operaciones registradas, las firmas Enterprisse Gamki y Varys Comercial recibieron contratos públicos del Gobierno del Edomex y enviaron a Collado 57.2 millones de pesos (al tipo de cambio de 2012), a través de 12 transferencias bancarias a dos cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), institución financiera en la que le embargaron al abogado más de 83.1 millones de dólares o mil 600 millones de pesos el pasado 15 de octubre.

Collado “manejó en la BPA hasta 24 cuentas que movieron cerca de 120 millones de dólares (más de 2 mil millones de pesos) para cobrar ‘grandes comisiones’ a empresas que recibían adjudicaciones de licitaciones en México”, según un informe confidencial de la Policía de Andorra que data de marzo de 2017, año en que la banca de Andorra retiró la confidencialidad del secreto bancario, con lo que se exhibieron las operaciones.


Las dos firmas contratistas del Gobierno estatal enviaron fondos a las cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) de Collado también eran clientes de esta institución financiera.

Las empresas remitieron el dinero al abogado desde sus propios depósitos. Recurrieron para ello a los traspasos internos. Un método que elimina el rastro que deja una transferencia internacional o nacional desde otra entidad.


Nueva Estafa Maestra

La empresa Varys Comercial obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) dependiente del Edomex para adquirir 53 computadoras marca Acer. El monto de la adjudicación fue por 846 mil 985 pesos.

La UTN fue consultada sobre este caso, pero una asistenta de la rectora, Ivette Topete, dijo al diario español El País que no tenían “nada que decir al respecto”.

El contrato firmado con Varys Comercial aparece en la web de Transparencia del Estado de México, en el sitio ipomex.org. En dicho documento, la empresa aseguraba tener como domicilio fiscal la oficina 27 en Montecito 38, dentro del edificio del World Trade Center de la capital mexicana.

No existen más rastros de Varys Comercial en el Registro Público y de Comercio de la Ciudad de México. La sociedad, al parecer, fue legalmente liquidada.

Por otro lado, Enterprisse Gamki ganó un contrato en 2011 con la misma universidad.

El monto de la adjudicación, para surtir al centro de estudios de equipo electrónico, fue de 973 mil 863 pesos.

La empresa fue creada en junio de 2009 y tuvo una corta vida pues en menos de cinco años desapareció. A pesar de esto, envió recursos a las cuentas de Collado en Andorra.

Aunque las transferencias se hicieron en 2011, antes de que el expresidente Peña Nieto llegara a la Presidencia, el esquema de operaciones y transferencias es similar a la trama de desvíos instaurada en el Gobierno del PRI entre 2012 y 2018.

El modelo, popularmente conocido como la Estafa Maestra, utilizaba contratos de empresas fantasma con universidades públicas para triangular dinero público.


Esfumaron las empresas

El domicilio del primer apoderado legal de Enterprisse Gamki, César Tomás Escalona Rocha, está en el municipio de Teoloyucan, en el Edomex, a 38 kilómetros de la capital. La dirección dada al notario que avaló la sociedad se encuentra en un poblado de clase baja.

La avenida Zumpango, donde estaba la residencia del representante, no está pavimentada. El camino de tierra y piedras ha ido ganando terreno a las milpas, que aún pueden verse en lo alto de las colinas. Ningún vecino allí ha oído hablar de Escalona. Mucho menos de una empresa de ventas de ordenadores.

El domicilio de Karina Hernández Lecona, otra apoderada legal de Enterprisse Gamki, se encuentra en un apartamento dentro de un pequeño edificio de tres niveles en el municipio de Naucalpan.

Los vecinos recuerdan a Hernández, quien dejó de vivir allí hace dos años. Su madre renta una habitación en una casa cercana.

Enterprisse Gamki fue liquidada en mayo de 2014 tras la gestión de dos de sus representantes, Rafael Medina Núñez y Eduardo Benítez Palma. Los gestores compartieron ante notario su domicilio. Allí, nadie conoce a los abogados.

La dirección, en lo alto de una colina con vistas a un verde valle poblado con humildes casas, es una residencia particular en donde nadie ha oído hablar de los licenciados.

El rastro de papel dejado por Enterprisse Gamki, que envió una comisión a las cuentas en Andorra de Collado, también apuntan a un par de notarios del Estado de México.

La notaría 23, encabezada por Flor Alejandra Kiwan Altamirano, y la notaría 15, que entonces estaba en poder del hoy fallecido Víctor Manuel Lechuga Gil, avalaron trámites de la compañía.

Estas notarías también hicieron gestiones para empresas como Sendetech, dedicada a la publicidad; y Lilis Comercial, constituida para el comercio de bienes y productos. Estas empresas fueron liquidadas por Medina Núñez y Benítez Palma el mismo día que Enterprisse Gamki.


Persona de interés

Los investigadores andorranos definen a Collado como uno de los abogados “más prestigiosos e influyentes” de México y sostienen que el letrado de Peña Nieto se sirvió para sus gestiones de su “influencia y posición dentro del ámbito político”.

Las autoridades europeas restan credibilidad a la explicación que Collado dio a la jueza andorrana Canòlic Mingorance en julio de 2016 para argumentar su entramado en paraísos fiscales como parte de su patrimonio familiar.

“La justificación de la preservación y discreción del patrimonio personal para evitar un posible secuestro no es creíble, ya que (Collado) es una persona pública y conocida en su país”, indicaron los investigadores, que iniciaron su proceso contra Collado desde hace más de cinco años.





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