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Exigen al gobierno federal implementar política migratoria

Piden asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo para instituciones de migración

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Exigen al gobierno federal implementar política migratoria
Foto Luis Castillo
San Cristóbal de Las Casas, Chis.- Luego de realizar un recorrido por la frontera, la llamada Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por más de cien agrupaciones nacionales e internacionales, exigió al gobierno federal que “cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión”.

También le demandó “transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana; garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno, que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos”, así como “eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional”.

En un informe dado a conocer después del recorrido de dos días pidió “asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas; sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia” y “garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria”.

De igual forma exigió “ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de acceso a la protección internacional y a la regularización migratoria, para evitar la incertidumbre y la desincentivación, y erradicar la corrupción y los abusos” y “garantizar el derecho a defender derechos humanos de quienes ofrecen ayuda humanitaria, apoyo y asesoría, sin obstaculizar ni criminalizar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras”.

La Misión, cuyo objetivo fundamental se ha enfocado a fortalecer la documentación y acompañamiento que han realizado las organizaciones locales en defensa de la vida, la libertad y la dignidad humana, explicó que en los dos días recientes, sus integrantes han recorrido diversos puntos de la costa y frontera sur en Chiapas y se han reunido con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos internacionales con presencia en la región, además de monitorear la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en Tapachula cinco estancias provisionales y extensiones de estos centros de detención como.

“Derivado de este trabajo, los principales hallazgos de la Misión son que confirmamos que continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. Documentamos múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente policía federal y policía militar, sin que haya claridad sobre sus funciones y facultades en el contexto migratorio. Observamos que es una práctica de Estado sistemática e intencional, que es incongruente con el discurso oficial de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos”, agregó.

Señaló que identificó “una estrategia de desgaste y contención, que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana. El manejo de los procedimientos de acceso al derecho a la protección internacional o a permisos de estancia por parte de la autoridad están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y desalentar a las personas que quedan atrapadas en ellos”.

Además, abundó, “documentó que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo. En ese sentido, se han intensificado las redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa, y las condiciones de la detención migratoria, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Igualmente, identificamos prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos”.

Entre las agrupaciones que conforman la Misión están la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, integrada por 42 organizaciones en 9 países; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Digna Ochoa y Fray Matías de Córdova, American Friends Service Committee, Médicos del Mundo y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de México.




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