«Evite ofrecer dinero a cambio de evadir un control de inspección vehicular, reza —palabras más palabras menos— un cartel ubicado en un retén militar de la Carretera Federal 1, que une La Paz con Tijuana. Otro señalamiento brinda un número telefónico e invita a denunciar cualquier anomalía en este puesto controlado por la Guardia Nacional (GN)». Así inicia la narración de Gerardo Moyano, periodista trotamundos, sobre sus experiencias en las carreteras del país («Espacio 4», 702) a propósito de la participación del Ejército en tareas de seguridad.

»La instalación es rústica, pero todo se ve limpio y ordenado. La imagen contrasta con la de los retenes del Ejército que se multiplicaron en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se asignaron tareas de seguridad pública a los elementos castrenses. La prepotencia y la informalidad parecen desterradas, al igual que los controles de las policías municipales y estatales en los accesos a los pueblos, donde la extorsión y las “mordidas” eran pan de cada día. Los bólidos de la hoy extinta Policía Federal que acechaban en las sombras son fantasmas del pasado.

»La sensación de seguridad al dejar atrás el puesto me recuerda por qué la mayoría de los mexicanos confía en los soldados y hoy está a favor de que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) extiendan su presencia en la vía pública hasta 2028, como propone el PRI en el Congreso en sintonía con la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por eso, el resultado de la consulta ciudadana anunciada para el 22 de enero de 2023 parece cantado. Los ciudadanos acudirán a las urnas para responder tres preguntas:

»1) ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

»2) ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

»3) ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?

»Muy probablemente, el apoyo a la política de seguridad del Presidente será contundente, pero el tema es mucho más complejo. Mi lado periodístico cuestiona esa sensación de seguridad. Recuerdo la entrevista que le hice al poeta Javier Sicilia, entonces líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPDJ), en una de las paradas que la Marcha por la Paz hizo en Chiapas, en enero de 2012 (Espacio 4, 422). A pesar de sentirse traicionado por Calderón, Sicilia —quien perdió su hijo a manos del crimen organizado en 2011— fustigó con más fuerza a los mandatarios estatales porque “no hacen sus chambas y cuando empiezan a sentirse rebasados piden que el Ejército llegue”.

»La semejanza con la realidad que vive el país una década más tarde no es pura coincidencia. También recuerdo las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los abusos que macharon al Ejército y que justifican con creces el rechazo a la “militarización” del país que expresaron más de 40 organizaciones en varias marchas realizadas en la Ciudad de México, en el simbólico mes de septiembre.

»Y leo con mayor preocupación aún las notas periodísticas de medios reconocidos que denuncian que la Guardia Nacional protege a criminales en Chiapas (Deutsche Welle, 23.09.22 ) o Guanajuato (El Financiero, 25.09.22), así como los comunicados de Naciones Unidas (NU) o el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) que vaticinan un aumento de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares.

»¿Donde está la verdad? Las opiniones de los expertos y analistas en materia de seguridad tampoco ayudan. Unos aseguran que si la Guardia Nacional responde al Ejército y éste es comandado por el Presidente no se pueden hablar de militarización. Otros señalan lo contrario, que se trata de una militarización disfrazada».