El Mundo | Madrid.- Hay muchas señales tangibles de lo que va a pasar: más de 500 muertos en una semana en bombardeos indiscriminados, ataques a hospitales y escuelas, las imágenes que llegan puntuales de la carnicería, con niños amortajados, y un asedio sin salida. Es una matanza a cámara lenta con miles de fallecidos donde van a cometerse (está sucediendo ya) graves crímenes de guerra a la vista de todos: uso de material bélico prohibido como barriles bomba, ataque sobre objetivos civiles incluidos hospitales, cierre de vías de abastecimiento de alimentos para provocar el hambre e impedir que nadie escape del cerco con el minado de las zonas de escape.

¿Puede hacer algo la comunidad internacional para detener una matanza de esta magnitud? En la memoria más reciente nos encontramos con los últimos días del Alepo rebelde en 2016. Todas las zonas ocupadas por los alzados fueron arrasadas sin contemplaciones por la aviación rusa aliada de Asad y las tropas sirias, iraníes y libanesas de Hizbulá. Que hubiera civiles atrapados en el cerco no le importó a nadie. En las últimas fases de la batalla el régimen accedió a evacuar a mujeres, ancianos y niños en autobuses. También ese convoy de la Cruz Roja fue atacado.

Por desgracia, Guta no es un caso aislado. Yemen sufre un bloqueo militar por parte de la coalición saudí que está matando poco a poco a su población por bombas y hambre inducida. Además sufre el mayor brote de cólera de la Historia, con 700.000 enfermos y miles de fallecidos. El gobierno de Sudán del Sur lleva años practicando una limpieza étnica de proporciones balcánicas sobre las etnias rebeldes, con casos terribles de violaciones masivas como arma de guerra, torturas y ejecuciones a sangre fría. Naciones Unidas ha identificado a 40 perpetradores de estas masacres en 60.000 documentos, pero todos ellos siguen cometiéndolas en el país con total impunidad. En Darfur el Gobierno sudanés del genocida Al Bashir sigue ordenando masacres, pero está apoyado por China y Rusia.

En República Centroafricana las fosas comunes siguen llenándose de civiles asesinados ante la pasividad general de la comunidad internacional. Birmania insiste en una documentada limpieza étnica contra la minoría rohingya en el estado de Rakine. El 90% de estas personas ha sido expulsada a Bangladesh en condiciones muy precarias y a la vista de todos. El ejército birmano quemó sus aldeas y mató a muchos hombres adultos. El Papa Francisco lo denunció. Poco más se ha hecho.

En todos estos casos no se ha detenido masacre alguna porque los países que podrían evitarlo anteponen sus propios intereses para proteger a su aliado: Rusia con Asad en Siria, China con el gobierno birmano, Francia con República Centroafricana…

David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras, una de las ONG que aún trabaja bajo asedio en Guta, denuncia que el derecho de los civiles “ha sido aplastado por la agenda política”. “Reconozco la sensación de impotencia con Guta. Lo sentí en una visita a Malakal (Sudán del Sur) donde se dan todos los componentes de esa incapacidad colectiva: gente sufriendo en un lugar terrible sin que nada cambie. Ahora lo vemos en Siria. Son los años de la caída de los elementos de referencia, de las resoluciones sin impacto, de la impunidad total. Es el fracaso de todos aquellos actores que tenían capacidad para cambiar las cosas”, dice Noguera.

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) asegura que “la proliferación de actores no estatales en los conflictos armados y el alto porcentaje de luchas internas están cambiando las reglas de la guerra y amenazando los marcos jurídicos que solían garantizar un mínimo de humanidad en medio del sufrimiento”.

¿Hay esperanza para los últimos habitantes de Guta? Casi nula. Todos los sistemas de protección de civiles volverán a fallar porque están concebidos para hacerlo. El Consejo de Seguridad, con el derecho de veto de cinco países (Francia, EEUU, China, Reino Unido y Rusia) tiene muy complicado aprobar cualquier resolución directa para detener a Bashar Asad. Sus aliados rusos tumbarán cualquier texto en ese sentido y sólo permitirán resoluciones ambiguas, como la aprobada el sábado, la petición de una tregua sin fecha de entrada en vigor ni condiciones concretas. El Consejo de Seguridad, creado para eliminar “el flagelo de la guerra”, es hoy un instrumento ineficiente e interesado.

La imprecisa tregua de Guta es una componenda más para no salir mal en la foto, pero con nulo impacto real. Ayer mismo, horas después de la resolución vacía, los cazas rusos volvían a atacar Guta. El objetivo es prolongar los tiempos de las bombas hasta el final, como sucedió con Alepo. Tampoco los grupos rebeldes más radicales que combaten en su interior permitirán a la gente huir del cerco. Los civiles están sentenciados.

El fracaso de la Sociedad de Naciones

Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras crearon instituciones para no volver a consentir esas grandes matanzas y tener los resortes necesarios para actuar en favor de los civiles. Para no repetir el fracaso de la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, unos y otros quisieron reforzar el protocolo de la Convención de Ginebra en 1949 “relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”. El tratado es conocido y firmado por todos, pero practicado por ninguno.

Esas instituciones, con Naciones Unidas a la cabeza, se han demostrado impotentes a la hora de detener estas sangrías en el mundo actual. Hasta el sistema de despliegue de tropas de paz, conocidas como “Cascos Azules”, se ha demostrado caro, insuficiente, ineficaz y, a veces, lamentable por sus escandalosos casos de abusos. Y ejemplos hay muchos: Srebrenica, Haití, Sudán del Sur, Congo o República Centroafricana.

Las últimas misiones de paz no sólo se cuentan por fracasos, sino que arrastran polémicas que han hecho perder credibilidad a una institución ya de por sí muy cuestionada por los vergonzosos capítulos de Bosnia en 1995 (cuando los Cascos Azules holandeses permitieron la entrada de los escorpiones serbios del genocida Mladic al enclave seguro de Srebrenica, con el resultado de 8.372 muertos) y el de Ruanda en 1994, con un despliegue de tropas internacionales con el único objetivo de sacar del país a los expatriados, pero no para detener el genocidio que acabaría matando a un tercio del país.

Actualmente Naciones Unidas tiene 100.000 militares desplegados en 16 misiones de paz, con miles de personas asistidas por ellos en lugares donde esa asistencia marca la diferencia entre la vida o la muerte. Pero el ex secretario general Ban Ki-moon ya reconoció que el modelo necesita una “revisión urgente”.

La ONU se creó también para enfrentar problemas como la crisis de refugiados, pero también en ese campo los resultados son decepcionantes. El pasado año se alcanzó la cifra récord de 65 millones de personas desplazadas tanto dentro como fuera de sus fronteras por culpa de conflictos. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que la mayoría de los países firmaron, los obliga a proteger a todos aquellos que huyan de conflictos o persecución, pero nunca las fronteras estuvieron más cerradas que hoy.

“Cuando comenzó la última crisis de refugiados éramos héroes por rescatar refugiados. Dos años después, para mucha gente, nos hemos convertido en traficantes de personas y criminales”, dice Noguera. “El problema no es que los estados nos hayan señalado como los culpables de la crisis de los refugiados. El problema es que mucha gente lo ha creído”.

La sensación de impunidad que se extiende sobre todos estos crímenes es tal que ya nadie disimula. Asad bombardeó Guta en 2013 con gas sarín e intentó negarlo por todos los medios. Hoy, superadas todas las líneas rojas que le señaló Obama y apoyado por Putin, ya no se molesta en maquillar estos ataques.