Ciudad de México.- Lo que mas ha habido en México en los últimos meses son escándalos de corrupción, aunado a eso la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el Informe de la Cuenta Pública 2015, en la que se documentaron irregularidades por 165 mil millones de pesos. El propio auditor reconoció que es casi imposible recuperar lo que se han robado, y castigar por estos hechos.

“Difícilmente se puede recuperar. Son observaciones que, en muchos casos, no hay forma de recuperarlos. ¡Ya se los llevaron! Y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita el dinero?”, expresó Juan Manuel Portal, titular de la ASF.

SIN CASTIGO

Menos del 1% de los delitos denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

De los años 2002 a 2016, tan sólo 0.67% de los expedientes en contra de funcionarios llegaron a un proceso penal o administrativo, indican cifras oficiales otorgadas a través de una solicitud de transparencia y acceso a la información.

Según la respuesta oficial, en 14 años se han presentado 296 denuncias por parte de los Órganos Internos de Control (OIC) de 114 instituciones federales, de las que en sólo dos casos han terminado en condenas.

Una de las resoluciones fue aplicada contra el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, por “delitos cometidos contra la sociedad”.

El segundo fallo concierne al Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (Conocer), por utilizar una copia de un documento oficial falso.

Para esta última sanción, la SFP se basó en el Artículo 243 del Código Penal Federal, que establece en su fracción quinta que se castigará con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos advierte que los delitos cometidos contra la salud se sancionan conforme al Artículo 150 del Código Penal Federal, que marca de seis meses a nueve años de prisión.

DEPENDENCIAS CON MÁS DENUNCIAS

La SFP informó en la misma respuesta que la dependencias con más denuncias es el Servicio de Protección Federal, con 18 denuncias por uso de documentos falsos.

Le sigue la Secretaría de Cultura, con 14 quejas en su contra por responsabilidad administrativa, mientras que Prevención y Readaptación Social tiene nueve denuncias por abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones, lesiones y uso de documentos falsos.

En ninguna de las instituciones mencionadas han sido sancionados los funcionarios públicos.

DELITOS MÁS DENUNCIADOS

Desde la creación de la SFP, en 2002 durante la administración de Vicente Fox Quesada, el delito más denunciado es el enriquecimiento ilícito, con 84 expedientes; seguido de fraude, con 44, y uso indebido de atribuciones y facultades, con 42 denuncias.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el delito de fraude encabezó la lista de los ilícitos más denunciados, pues tan sólo en el año 2010 se registraron 35 quejas contra funcionarios públicos por esta falta.

Mientras que en el presente Gobierno de Enrique Peña Nieto, el delito de enriquecimiento ilícito ha registrado 36 denuncias.

Uno de los más recientes y sonados casos que atendió la dependencia federal fue el de deslindar responsabilidades sobre si hubo o no conflicto de interés en la compra de una propiedad de la esposa del Mandatario.

TRAS LOS FUNCIONARIOS

La SFP se encarga de vigilar que los trabajadores del Gobierno federal no cometan actos de corrupción, sancionar a quienes lo hacen, promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización, y determinar la política de compras públicas de la Federación, entre otras actividades.

Durante el año 2009, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó la desaparición de dicho organismo como una medida necesaria de austeridad en el marco de la crisis que afectó a México de 2008 a 2009. Sin embargo, dicha propuesta nunca llegó a ver la luz debido a que el Congreso de la Unión no la aprobó.

Para la actual titular de la dependencia, Arely Gómez, existen 30 casos que son prioridad para la SFP, en los que destacan presuntos sobornos a funcionarios federales con las empresas extranjeras Odebrecht y Teva, así como evitar actos de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

OPACIDAD DE MIL MILLONES EN SENADO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la opacidad con la que el Senado maneja más de mil 200 millones de pesos destinados a las bancadas, esto de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. “La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos de actividades legislativas propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de mil 202.92 millones de pesos”.

‘PIERDE’ HACIENDA 134 MIL MILLONES

En la Cuenta Pública 2015, la ASF reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “perdió” más de 134 mil 26 millones de pesos, equivalentes al 54.7% de los ingresos excedentes en 2015. “La ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de la totalidad de los ingresos excedentes por 244 mil 907 millones de pesos en 2015, sin embargo, la SHCP informó que sólo dispone de los importes de las ampliaciones al gasto con cargo a ingresos excedentes por 64 mil 943 millones de pesos”.

PAGA A SOBREPRECIO CONTRATOS SEDESOL

Al menos 923 millones de pesos destinados a programas de la Secretaría de Desarrollo Social fueron desviados en 2015 a un grupo de empresas coludidas con funcionarios de la dependencia.

La Sedesol pagó 237 millones de pesos de más para la compra de 15 mil sistemas de baños ecológicos, pues BPG Ingeniería, que no pagó un peso de impuestos en 2015, sólo destinó 342 millones a cumplir el contrato, mientras que el resto fue desviado.

AL MENOS 25 MDP SIN ‘DESTINO EN INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 25 millones 133 mil pesos en el programa de Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar del Instituto Nacional Electoral (INE), en el ejercicio 2015.

En total, el referido programa contó con un presupuesto de 3 mil 90 millones 659 mil pesos, de los cuales, la Auditoría Superior auditó una muestra de un mil 085 millones 172 mil pesos.

DESAPARECEN 124 MIL MILLONES DEL RECORTE

En 2015 Hacienda, argumentando austeridad, anunció un recorte al gasto por 124 mil 265 millones de pesos, sin embargo, 51.1% de esos recursos no volvieron a aparecer. Así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El ajuste fue anunciado por el entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray, pero del análisis de la cuenta pública no se identifica dónde y cómo se aplicaron los miles de millones de pesos.

ACUSA ‘COCHINERO’ ASF EN DIPUTADOS

El presupuesto que recibió la Cámara de Diputados en 2015 fue de 7 mil 812 millones de pesos, de los cuales la ASF revisó una muestra de 6 mil 198 millones 784 mil pesos del recurso.

“Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades de los diputados federales, que en el año 2015 ascendieron a mil 742 millones 978 mil 600 pesos.

Anomalías y el auto de los 4 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los contratos de construcción de los centros de Justicia Penal y salas de juicio oral en la Ciudad de México y Nuevo León, de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fuera su titular, son investigados por la PGR, luego de que la semana pasada se encontrara en un vehículo de su adscripción una suma de alrededor de 4 millones de pesos en efectivo.

APLAZAMIENTO PARA UN FISCAL

En el Senado les está costando trabajo pasar del discurso de combate a la corrupción, a los hechos.

Por cuarta vez, la Cámara alta pospuso el nombramiento del fiscal anticorrupción, quien será el encargado de investigar y perseguir los delitos de corrupción que sean cometidos en el país.

El año pasado, los políticos no dejaban de hablar de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el castigo a los corruptos.

Ahora que ha llegado el momento de poner manos a la obra, los senadores han decidido no cumplir con la parte que les toca y decidieron ampliar un mes más el nombramiento del nuevo fiscal.

El debate interno en el Senado no es sólo sobre quién ocupará ese lugar, sino sobre el diseño de la Fiscalía en sí.

La elección de este fiscal se está posponiendo desde el 2014, cuando se lanzó la primera convocatoria –a la luz de la reforma político electoral- y cuyo proceso fue desechado.

En noviembre del 2016 se volvió a lanzar una convocatoria, ahora para conformar los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción.

En un primer momento, se dijo que se elegiría al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción a finales de noviembre.

No se pudieron alcanzar los acuerdos y se pospuso nuevamente hasta el 15 de febrero, fecha que llegó sin el nombramiento del fiscal.

Ahora, la Junta de Coordinación Política acordó mover la fecha nuevamente hasta el 14 de marzo, cuando las comisiones que evaluarán los perfiles deberán presentar una lista con los nombres de los candidatos que consideren idóneos para el puesto.

Funciones de la SFP

Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.

Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública.

Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.

Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del Gobierno.

ejorar la regulación, la gestión y los procesos de la APF.

Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.