Washington, DC.- Las ciudades de Miami y Chicago escenifican las dos “Américas” que ha creado el presidente Donald Trump en los Estados Unidos.

Mientras el condado Miami-Dade, una de las áreas con mayor concentración migrante, ha decidido seguir las políticas persecutorias de Trump y ha dejado de ser una Ciudad Santuario, Chicago demandó a la Casa Blanca por negar las ayudas federales y condicionarlas a que cumplan los lineamientos antiinmigrantes.

La polarización entre los estadunidenses respecto al tema inmigrantes se agudiza, y más allá de eso, las políticas públicas de algunas ciudades y condados, muestran dos visiones de nación en los tiempos de Trump.

Chicago, la sexta ciudad de Estados Unidos con mayor población de indocumentados, es la última que se suma al movimiento liderado por otras ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, que han desafiado a Washington y que se preparan para defender en tribunales su autonomía para respetar los derechos de la comunidad migrante.

Por el contrario, Miami, la quinta ciudad con mayor número de indocumentados, pero la tercera en porcentaje de esta comunidad sobre su población total y que había sido hasta antes de la llegada de Trump, una de las ciudades santuario más importantes, ha sucumbido a las presiones de la Casa Blanca y ha optado por seguir los lineamientos del departamento de justicia en cuanto al tema migratorio.

DOS CARAS DE LA MONEDA

En los últimos días, las presiones y amenazas del Gobierno de Trump en contra de las ciudades que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración han ido en aumento.

Durante su más reciente visita a Miami, el fiscal general Jeff Sessions elogió al condado Miami-Dade por su respaldo al Gobierno federal y arremetió contra otras ciudades santuario, como Chicago.

La tesis de Washington para eliminar las ciudades santuario y propiciar su cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas es que el endurecimiento de las políticas antiinmigrantes ayudaría a mitigar la criminalidad en las ciudades, sin que las autoridades federales hayan podido demostrar con datos precisos la relación entre la concentración de indocumentados y los índices delictivos.

El tema de fondo, más allá de la utilización del condicionamiento de los recursos federales como arma política por parte de la Casa Blanca, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, el que un migrante no sea criminalizado por el simple hecho de ser indocumentado.

El conflicto y la división ha dejado de ser meramente político y se traslada al ámbito social.

La persecución o el respeto a la comunidad migrante se está convirtiendo en un factor determinante en la construcción de la identidad de los Estados Unidos como nación, una sociedad cada vez más dividida y con posturas cada vez más encontradas.

LA RESISTENCIA

En los primeros días de su Administración, Donald Trump firmó una orden ejecutiva con el objetivo de retirar las ayudas financieras federales que se nieguen a cooperar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración, cumpliendo así una de sus promesas en campaña.

La ofensiva ha sido seria y es ejecutada por Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos, quien ha utilizado el tema de los fondos federales para ejercer presión a las autoridades locales. Si no cambian su política migratoria no habrá recursos.

Las exigencias de la Casa Blanca incluyen un acceso sin restricciones para las autoridades de inmigración a los centros de reclusión locales y libertad para operar en estas ciudades en busca de ilegales.

Aunque la medida ha sido respaldada por algunos gobernadores de estados como Texas, con una gran concentración de indocumentados, o recientemente por el condado de Miami-Dade, la gran mayoría de las autoridades de las ciudades santuario se ha opuesto enérgicamente a la medida.

Además de la demanda interpuesta por el Alcalde de Chicago en contra del Departamento de Justicia, otras autoridades como el fiscal general de California y el fiscal de San Francisco también han denunciado a la misma instancia ante lo que han llamado el ‘acto inconstitucional’ de supeditar la adjudicación de fondos.

Según los cálculos de la Fiscalía del Estado de California, este año se esperan ayudas superiores a los 28 millones de dólares a través de fondos federales destinados a programas de seguridad y prevención del delito, los cuales están en riesgo debido los criterios estipulados por Washington para su ejercicio.

Por su parte, el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, mencionó que la ciudad espera recibir 3.2 millones de dólares, recursos que serían destinados en su mayor parte a la renovación de la flota vehicular del cuerpo policiaco.

Pero más allá de la polémica por los recursos, las autoridades locales esgrimen argumentos de mayor peso, como la violación de los derechos humanos o la autonomía de sus ciudades ante un intento de injerencia por parte de la Federación.

Precisamente Rahm Emanuel ha reiterado en los últimos días que Chicago seguirá siendo una ciudad santuario que le dará la bienvenida a la gente y que no permitirá que sus policías se conviertan en rehenes de un debate político.

¿QUÉ SON LAS CIUDADES SANTUARIO?

Aunque el término “ciudad santuario” no es un término legal, es comúnmente utilizado para las ciudades de Estados Unidos cuya política se basa en no criminalizar a inmigrantes indocumentados por el simple hecho de haber ingresado a ese país de forma ilegal.

Además, estas demarcaciones tienen políticas establecidas en su legislación para evitar la aplicación de las leyes federales o en algunos casos simples prácticas en sus policías locales para limitar su colaboración con las autoridades federales de migración.

No existe un modelo o definición única para las ciudades santuario y la forma de implementación puede variar de un lugar a otro.

El mejor ejemplo para ilustrarlo es que cuando un residente de algunas ciudades entra en contacto por los elementos policiacos, sea por la razón que sea, la autoridad no le cuestiona por su nacionalidad o su estatus migratorio.

Algunas de las ciudades más importantes del país que han sido declaradas como “ciudad santuario” son Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Diego, Boston, San Francisco, Denver y Seattle, aunque hay muchas otras zonas y ciudades más pequeñas que adoptan el mismo modelo.

El término surge a principios de la década de los 80 en el estado de California con un movimiento que se extendió rápidamente a cientos de ciudades, y el primer antecedente de esta política se da en la ciudad de Los Ángeles, que en 1979 determinó que la Policía dejara de interrogar a las personas solamente para determinar su estatus migratorio.

La Constitución de los Estados Unidos establece que las medidas federales de migración son voluntarias, aunque en los últimos años, cientos de ciudades y municipios, principalmente en los estados de California, Nueva York e Illinois han impulsado leyes que impiden a las policías locales cooperar en materia de inmigración con autoridades federales.

Debido al carácter voluntario de la cooperación de las autoridades locales con la Federación, la Administración de Trump ha buscado presionar a las ciudades santuario con la amenaza de detener los apoyos federales, aunque la gran mayoría han reiterado su condición y se han negado al chantaje.

CUBANO y ANTIINMIGRANTE

Carlos A. Giménez, Alcalde del Condado Miami-Dade –el más grande del estado de Florida– fue el primero en cambiar sus políticas migrantes tras la llegada de Trump, en enero pasado.

Sólo un día después de la firma de la orden ejecutiva de Trump (donde amenazaba con el retiro de fondos a las ciudades santuario), Giménez pidió a las cárceles de su condado que cumplieran las solicitudes federales de detención a inmigrantes indocumentados.

Hasta ese día, el 26 de enero de 2017, el Condado de Miami-Dade se negaba a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas y la decisión ha generado desde entonces un fuerte rechazo de la comunidad, en una zona donde dos terceras partes de su población son hispanos y que hasta entonces se había caracterizado por ser receptora de migrantes.

El propio Giménez es uno de ellos. Nacido en Cuba en 1954, llegó con su familia a los Estados Unidos en 1960 y durante más de 50 años ha sido residente del condado.

No solo ha tenido varios cargos en la administración pública, sino que durante todos estos años ha sido testigo del éxodo cubano y de las graves problemáticas de la comunidad migrante, sin embargo nada de eso fue atenuante en su determinación de alinearse con Washington.

En 2011 se convirtió en el alcalde del condado, cargo en el que se ha mantenido desde entonces.

A pesar de ser republicano, durante la campaña presidencial manifestó públicamente su apoyo a la demócrata Hillary Clinton.

Tras acatar los lineamientos antiinmigrantes de Washington, el Departamento de Justicia confirmó el pasado 7 de agosto que el Condado de Miami-Dade ya no se encuentra en la lista negra de quienes se niegan a cooperar con las autoridades federales.