Ciudad de México.- El ex Alcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco se declaró culpable de peculado, confirmó el vocero de la Fiscalía General, Carlos Huerta.

Este viernes se realiza una audiencia de juicio oral abreviado en la Sala Oral número 1 de la Ciudad Judicial en la capital del Estado, como parte del proceso penal que se le sigue por presunto desvío de recursos durante la Administración del ex Gobernador priista César Duarte, cuando fungió como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.

La audiencia es encabezada por el Juez Alejandro Legarda.

Garfio Pacheco, de 53 años de edad, presenta un cuadro de depresión en el Cereso Estatal número 1, donde se encuentra recluido desde marzo cuando fue detenido por el presunto delito de peculado.

Autoridades penitenciarias indicaron que cuenta con tratamiento médico. Debido a ello, ha sido internado tres veces en el hospital del Cereso ubicado en el Municipio de Aquiles Serdán, la última hace un mes.

El hombre, quien encabezó el Gobierno municipal en el trienio 2013-2016, también padeció deshidratación hace dos meses.

Los problemas de depresión los enfrentó al poco tiempo de que fue recluido, por lo que se le dio atención psicológica, indicó personal de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

Fue detenido el 27 de marzo pasado por el presunto delito de peculado durante su gestión como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el primer trienio de Duarte, entre 2010 y 2013.

Garfio Pacheco y el ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, Gerardo Villegas, fueron los primeros ex funcionarios duartistas en ser capturados por el Gobierno del Mandatario panista Javier Corral.

El ex Edil fue vinculado a proceso el 31 de marzo, al considerar un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua, que en su calidad de titular de Obras Públicas en la pasada Administración participó en la distracción de recursos públicos por 328 millones de pesos.

La acusación de la Fiscalía General del Estado forma parte de una carpeta de investigación iniciada el 14 de diciembre de 2016 sobre el ilícito por la venta de un predio de 190 hectáreas, destinado a la construcción de viviendas populares, a una empresa particular en una cantidad inferior al valor comercial.