Proceso / Morelia, Mich.- “Hay heridas que no sanan y permanecen para siempre”, dice María Guadalupe Hernández Arreola, una de las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre del 2008, durante la celebración del Grito de Independencia. Y a nueve años del hecho dice que siguen tocando puertas, pues la ayuda que reciben no es suficiente.

Otro de los afectados, que pidió omitir su nombre, dice que ese hecho calificado “como el primer acto de terrorismo oficial en México”, demuestra que Michoacán es un “narcoestado”.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, dijo que es responsabilidad del gobierno del estado atender las necesidades de quienes resultaron afectados en los sucesos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Y afirmó: “Es mi decisión que reciban los apoyos que requieren sin importar quiénes estén al frente del ejecutivo estatal”.

Durante una reunión de seguimiento con afectados y familiares de quienes perdieron la vida en los hechos, el mandatario estatal revisó el avance de cada uno de los compromisos asumidos para garantizarles atención a la salud, social y económica.

“Lo que pasó en ese acto reprobable no sólo lastimó a sus familias, sino a la sociedad michoacana, y el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad, debemos dar seguimiento puntual a las necesidades que deban atenderse”, indicó.

Destacó que el pasado 30 de agosto se entregó al Congreso del estado una propuesta de dictamen para actualizar las pensiones que los afectados reciben desde 2008, y ante la solicitud de los asistentes de que otras 16 personas se incorporen a dicho esquema, se comprometió a revisar su situación e incluirlas de ser necesario.

Al respecto, el secretario de gobierno, Adrián López Solís, recalcó que continuará el trabajo para que dichas modificaciones a las pensiones sean incluidas en el Presupuesto estatal 2018.

El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, explicó que se ha dado seguimiento al estado físico de las víctimas y que se acordó trabajar para garantizarles los medicamentos controlados que requieren, canalizarlos con los especialistas necesarios, así como continuar brindándoles atención psicológica.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, dijo que ya recibieron nueve solicitudes para proyectos productivos, por lo que en próximas fechas estarán liberándose los apoyos y exhortó a que más personas aprovechen los diversos programas con que cuenta la Sedeco.

De igual manera, la secretaria técnica del despacho del gobernador, Taygete Luna Cruz, manifestó que algunos jóvenes solicitaron apoyo para contar con un empleo, por lo que ya se realizan las gestiones pertinentes para conseguirlos.

Durante esta reunión varios de los afectados manifestaron sus inquietudes y externaron su agradecimiento a Silvano Aureoles porque desde la reunión del año pasado han tenido importantes avances en los apoyos que reciben.

Silvano Aureoles también manifestó su deseo de que este 15 de septiembre, autoridades, lesionados y familiares de las víctimas, rindan honores en la Plaza Melchor Ocampo a quienes perdieron la vida en aquellos hechos.

A las víctimas les explicó que la pensión no se ha incrementado debido a que se dio mediante un decreto administrativo.

“Hoy, les puedo decir que todo apoyo hacia ustedes quedará estipulado mediante leyes y tendrán que cumplirse”, señaló.

Y afirmó que, al margen de que el Congreso del estado autorice o no el decreto que fue enviado en este sentido, su compromiso es dotarles de mayores apoyos.
La noche trágica

A nueve años de las explosiones con granadas en Morelia, no hay claridad sobre el rumbo de las investigaciones a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al amparo de la secrecía que atribuye a sus averiguaciones, la PGR se rehusó a proporcionar cualquier dato que indique que no se le ha dado carpetazo al suceso que dejó ocho muertos, más de un centenar de lesionados y sembró temor, aún no superado entre la sociedad moreliana, cuando se trata de celebraciones cívicas masivas. Autoridades gubernamentales aseguran que no hay amenazas de nuevos atentados contra la población, sin embargo, con el antecedente que dejó la celebración del Grito de Independencia en septiembre de 2008, optan por extremar precauciones.

Esa “noche trágica”, se celebraba el CXCVIII Aniversario de la Independencia de México.

En la Plaza Melchor Ocampo, desde el balcón central de Palacio de Gobierno, el entonces gobernador, Leonel Godoy, gritaba “¡Viva Michoacán, viva México!” cuando, entre la algarabía de los patriotas, dos granadas de fragmentación fueron detonadas a un costado de la Catedral de Morelia, en el cruce de la Avenida Madero con la calle Andrés Quintana Roo.

Desde entonces las fiestas patrias no se viven de la misma forma. Prueba de ello son las medidas de seguridad también dispuestas este año para la celebración del Grito y el Desfile Cívico, que implican el cierre de vialidades, mayor disposición de elementos del estado y la federación, así como puntos de revisión para evitar la introducción de bebidas alcohólicas, armas y artefactos explosivos.

En mayo de 2015, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco ordenó la liberación de las cuatro personas arrestadas y únicas sospechosas de haber lanzado las granadas de fragmentación en Morelia.

El juez federal Emilio Enrique Pedroza ordenó la liberación al considerar que se violaron los derechos humanos de los implicados, se les fabricaron pruebas y no se respetó el principio de presunción de inocencia, cuando la autoridad difundió videos donde los presuntos responsables hacían una confesión.

Para muchas de las víctimas el terror no ha culminado. Oficialmente la cifra de víctimas por las explosiones es de ocho muertos y 106 heridos. Por decreto administrativo, desde el gobierno de Leonel Godoy Rangel se apoya con recursos económicos mensuales a familiares de fallecidos y víctimas afectadas con un monto equivalente hasta por 192 días de salario mínimo vigente en Michoacán.

El 9 de septiembre de 2009, el Congreso del Estado aprobó conceder 18 pensiones temporales y cuatro vitalicias. Actualmente, lesionados que aún padecen los efectos de tener esquirlas de una granada de fragmentación dentro de su cuerpo sostienen una luchan con las autoridades para que su pensión temporal sea clasificada como vitalicia.

El 27 de septiembre de 2008 la PGR anunció que, por medio de una denuncia ciudadana, en el municipio de Apatzingán se había logrado la captura de tres sujetos, a los cuales se les atribuyó la autoría material de los granadazos en el Centro Histórico. Se dijo que los detenidos, Julio César Mondragón Morales, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elísea, uno de ellos con signos de haber sido golpeado, admitieron pertenecer a Los Zetas y reconocieron ser los autores materiales del ataque con granadas de fragmentación.

En noviembre de ese mismo año las esposas de estos hombres aseguraron que los tres son inocentes y que fueron secuestrados y torturados para que confesaran ser los culpables.

Esperanza Fajardo, la esposa de Juan Carlos Castro; Yudith Medina, de Julio César Mondragón, y Julia Sánchez, de Alfredo Rosas Elísea, denunciaron que sus esposos fueron secuestrados en tres sucesos distintos entre los días 18 y 23 de septiembre en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde residían antes de que la PGR los presentara.

Autoría intelectual, un misterio

En cuando a la autoría intelectual, la PGR la atribuyó a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss; a Alfredo López Romeo, La Bola; y a Heriberto Lazcano, El Lazca, presuntos fundadores de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

En septiembre de 2012 fue detenido Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y un mes después se informó que El Lazca, había sido abatido por agentes de la Marina, en el estado de Coahuila.

Más allá de esos hechos no se tiene clara su participación en los granadazos de Morelia ni los motivos que los llevaron a fraguar y ejecutar el ataque contra los civiles que acudieron la noche del 15 de septiembre de 2008 a celebrar el Grito de Independencia.

En el 2015, el entonces secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, subrayó que ya se había cumplido con el pago de pensiones vitalicias y temporales, conforme lo estipula el decreto que emitió el Congreso local después de los granadazos, pero resaltó la necesidad de que se revise cada caso.

“Justamente así lo señala el decreto, que se hagan revisiones de las condiciones que viven los que resultaron lastimados y si procede una pensión vitalicia habrá que dárselas y, por el contrario, si ya están en condiciones óptimas para dedicarse a su vida normal, pues también cancelarlas”, sentenció.

De septiembre de 2008 a mayo de 2010 se apoyó a quienes perdieron algún miembro de su cuerpo. Fomento Social Banamex y la Fundación Rafael Márquez apoyaron hasta 2014 a las víctimas con una beca única anual por siete mil pesos, como apoyo a sus hijos por el inicio del ciclo escolar. Ese año ya no hubo aportación económica privada para el Fideicomiso y el gobierno se declaró imposibilitado para solventar ese recurso.

A razón de ello, Silvano Aureoles acordó que de manera mensual se revisará el cumplimento de los apoyos y se establecerán mesas temáticas para atender las particularidades.