Río de Janeiro.-El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva planea lanzar su candidatura a un tercer mandato al frente de Brasil durante el Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), del 7 al 9 de abril próximo.

Afectado por cinco imputaciones judiciales –tres de ellas por corrupción vinculada a la Operación Lava Jato-, Lula indicó en varias ocasiones que estaba dispuesto para optar a un nuevo mandato al frente de la mayor economía de América Latina.

Este martes, sin embargo, el presidente del PT, Rui Falcao, dijo que Lula es el “candidato permanente” de la formación de izquierda, que fue apartada del poder en mayo del año pasado como consecuencia de la destitución por juicio político de Dilma Rousseff.

Lula es nuestro candidato permanente a la presidencia de la República”, dijo hoy Falcao, en momentos en que el partido trata de recomponer sus bases tras el impeachment a Rousseff y la sonora derrota en las elecciones municipales del año pasado.

Lula, que ha multiplicado sus apariciones públicas tras la caída de Rousseff, dijo la semana pasada que si vuelve a ser elegido presidente “haría mucho más de lo que hizo” en sus dos anteriores mandatos (2003-2010).

A pesar de los escándalos de corrupción que salpican a su partido y que, según los fiscales de la Operación Lava Jato, también le afectan a él y a su familia, Lula mantiene una gran popularidad en regiones pobres del país como el noreste, una de las áreas que mayor transformación social vivieron con sus programas sociales.

Ello le coloca como uno de los candidatos presidenciales más sólidos, según los más recientes sondeos, en los que competiría en un eventual segundo turno electoral con la ecologista Marina Silva, quien fue ministra de Medio Ambiente de Lula.

Sin embargo, sus planes electorales podrían verse frustrados en función del desenlace de las causas judiciales que hay contra él.

Si Lula es eventualmente condenado en segunda instancia en alguna de las causas, el expresidente podría ser inhabilitado para presentarse a las elecciones –en principio previstas para finales de 2018-, ya que la ley impide en Brasil que condenados disputen cargos políticos.

El exmandatario dice ser víctima de una “caza judicial” en Brasil con el objetivo de impedir su nueva candidatura presidencial, y ya presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al argumentar que la justicia brasileña está violando sus derechos.