El Mundo | España.- “No sólo no se puede salvar a Iñaki Urdangarin sino que no se debe. No puede ocurrir que se ponga en riesgo el Estado por intentar librarle. Las evidencias son abrumadoras y las instituciones sufrirían un daño irreparable”. Este razonamiento, hasta ahora inédito y al que ha tenido acceso LA OTRA CRÓNICA, fue expuesto y compartido en La Zarzuela en febrero de 2012, cuando las máximas autoridades españolas se reunieron en secreto para abordar el riesgo de la institución como consecuencia del caso Urdangarin y la necesidad de salvar por todos los medios a la Infanta Cristina.

Aquellas palabras fueron cruzadas en presencia, entre otros, del Rey Juan Carlos, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en una cita que desveló en exclusiva este periódico. Pese al tiempo transcurrido, hace ya seis años de aquello, los argumentos gozan hoy de plena vigencia.

Aquel gabinete de crisis al más alto nivel se puso en marcha al conocerse la petición de Manos Limpias para que Cristina de Borbón declarase como imputada y se abordó la situación de la Infanta, pero también y, en detalle, la del propio Urdangarin. Torres Dulce acudió al encuentro con un informe minucioso del fiscal Pedro Horrach en el que ya por aquel entonces le avanzaba que las pruebas de que se había apropiado irregularmente de fondos públicos eran abrumadoras y que formularía un demoledor escrito de acusación para que fuera a la cárcel.

El ex máximo responsable del Ministerio Público puso sobre la mesa la cuestión, se acordó que no había nada que hacer, y por aquellas fechas se dictó la primera sentencia condenatoria contra el ex duque de Palma sin que él mismo lo supiera.

Aquel gabinete de crisis al más alto nivel se puso en marcha al conocerse la petición de Manos Limpias para que Cristina de Borbón declarase como imputada y se abordó la situación de la Infanta, pero también y, en detalle, la del propio Urdangarin. Torres Dulce acudió al encuentro con un informe minucioso del fiscal Pedro Horrach en el que ya por aquel entonces le avanzaba que las pruebas de que se había apropiado irregularmente de fondos públicos eran abrumadoras y que formularía un demoledor escrito de acusación para que fuera a la cárcel.

El ex máximo responsable del Ministerio Público puso sobre la mesa la cuestión, se acordó que no había nada que hacer, y por aquellas fechas se dictó la primera sentencia condenatoria contra el ex duque de Palma sin que él mismo lo supiera.