Saltillo, Coahuila.- Como un acto de justicia, los elementos de los cuerpos de seguridad pública del Estado serán beneficiados con la entrega de compensaciones económicas, como retribución especial por los riesgos que enfrentan en el cumplimiento de su deber.

Los beneficios incluyen pensión por fallecimiento, pensión por incapacidad, seguro de vida, seguro de gastos médicos, pago de marcha por fallecimiento y pago de gastos funerarios.

A iniciativa del gobernador Rubén Moreira Valdez, el Congreso del Estado aprobó el decreto que establece las bases de compensación económica para los integrantes de las corporaciones policiales que forman parte del Sistema Estatal de Seguridad.

Los apoyos tienen el carácter de complementario, como reconocimiento expreso al esfuerzo que llevan a cabo en la lucha contra el crimen organizado, por lo que no excluirán cualquier otra prestación a la que tuvieren derecho.

Los beneficios sociales establecidos en el decreto se aplicarán en forma retroactiva a los elementos policiales que hayan perdido la vida o resultado con incapacidad, a partir del 1 de diciembre de 2011.

Coahuila ha vivido momentos difíciles ante la presencia de grupos criminales, y el Gobierno ha respondido para recuperar la seguridad y tranquilidad de la
población.

En esto ha sido determinante la participación de las corporaciones policiacas que forman parte del Sistema de Seguridad Pública estatal, pues con sus acciones, han logrado mantener a raya la amenaza del crimen organizado.

Sin embargo, en esta lucha los elementos se encuentran especialmente expuestos a poner en juego la propia vida, la integridad física y la patrimonial, trascendiendo este riesgo, por la naturaleza propia del mal al que combaten, a sus familias.

Algunos apoyos

» En caso de fallecimiento, tendrá pensión vitalicia el cónyuge, concubina o concubino, o pactante civil de solidaridad, mientras no contraiga nuevo matrimonio.

» El pago de marcha por fallecimiento consiste en tres meses de sueldo en una sola exhibición, que se entregará a los hijos, cónyuge o concubino.

Pide PRI a partidos tanda igualitaria para damnificados

La diputada Verónica Martínez García (PRI) pidió a los partidos representados en el Congreso del Estado sumarse a la iniciativa del tricolor para apoyar con 25% de su presupuesto anual a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

También planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) analice la posibilidad de destinar, por única ocasión, lo recabado por concepto de multas fijadas a los partidos para el mismo fin de llevar ayuda a los afectados.

Si bien es cierto, dijo, que se han tomado acciones oportunas por parte de las autoridades y que surgió la solidaridad de los mexicanos, la magnitud de lo ocurrido hace imprescindible la colaboración de todas las autoridades y de todos los sectores.

“Estamos convencidos de que los partidos no pueden permanecer ajenos a lo que ocurre y que es su deber moral apoyar a las zonas afectadas en cuanto ello sea posible”, refirió.

Aunque las leyes electorales indican que el financiamiento público de los partidos debe destinarse a actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, capacitación política, la investigación y las tareas editoriales, ello no implica que no puedan buscarse vías y mecanismos legales, a efecto de que estos recursos puedan destinarse a apoyar a las familias damnificadas, expresó.

Destacó que el PRI nacional informó que renuncia al 25% del financiamiento público anual y exige que el monto se destine de forma inmediata, legal, transparente y apartidista a los afectados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

“El PRI demanda que el procedimiento se realice con estricto apego a la legalidad y que los recursos sean transferidos directamente a la Tesorería de la Federación, con la finalidad de que esta institución destine los fondos a las instancias encargadas de brindar apoyo a los damnificados”.

Posible

» En días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que es posible reasignar el financiamiento de los partidos, lo cual podría realizarse con cargo al presupuesto de este mismo año.

» A su vez, el INE señaló que existen los mecanismos jurídicos viables para transferir el dinero a los afectados.

Dan ‘armas’ a la Auditoría Superior del Estado

El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para homologarla con la ley federal en la materia, conteniendo disposiciones que atienden al establecimiento del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

Así, se establece la facultad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para presentar denuncias, así como coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

De igual modo, se modifica la fecha de presentación de la cuenta pública, se mantiene la atribución de la ASE para emitir informes individuales de los resultados de la fiscalización superior, se amplía el plazo de presentación del Informe Anual de Resultados, y se establecen facultades para que la ASE realice auditorías del ejercicio fiscal en curso.

Exige PVEM a alcaldes electos no ‘chapulinear’

El PVEM exhortó a los próximos alcaldes en Coahuila a que respondan a la confianza de la ciudadanía que los eligió como representantes, dejen a un lado sus intereses particulares y ejerzan con probidad su cargo hasta concluir el mandato constitucional.

“Buscar su reelección implicaría renunciar al cargo a unos días de haber tomado la protesta de ley.

“Considero necesario retomar el sentir de la ciudadanía, que estima poco responsable que los representantes populares no terminen el periodo constitucional para el que fueron electos a fin de buscar otro cargo, dejando inconcluso su proyecto de Gobierno”, expresó el diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza.

Agregó que los alcaldes electos el pasado 4 de junio deben analizar la situación y recordar que, por única ocasión, las presidencias municipales sólo durarán un año, a efecto de homologar el calendario electoral con lo dispuesto en las leyes generales en la materia, por lo que sería inapropiado rendir protesta sólo para pedir licencia.