Chiapas.-Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) arrestaron por 36 horas al presidente municipal de Cintalapa, Carlos Enrique Arreola Moguel, por desacato al fallo de un juez federal para liquidar un adeudo de casi dos millones de pesos a una empresa proveedora de materiales.

La tarde del pasado domingo, Arreola Moguel estaba en su casa cuando los agentes le llevaron la orden de captura. Entonces, lo trasladaron a la delegación estatal de la Procuraduría y le informaron que debía purgar un arresto de 36 horas.

La captura fue por un delito en materia mercantil en agravio de una empresa, tras incumplir una sentencia definitiva dictada por el juez Cuarto de Distrito de Amparo Juicios Federales en el Estado. Se prevé que en breve sea detenido el resto del cabildo.

Como apoderado y representante legal del ayuntamiento de Cintalapa, Arreola Moguel demandó el amparo y protección de la justicia federal y la suspensión contra los actos del juez, por los actos reclamados en el acuerdo de fecha 29 de marzo de 2017.

Según el expediente mercantil 104/2016, existe el requerimiento de pago que la comuna le adeuda a la empresa Distribuidora Calli Materiales SA de CV, acuerdo en que se le requirió y apercibió con el arresto de 36 horas.

El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado negó la suspensión definitiva del acto reclamado, toda vez que en el acuerdo con fecha 7 de abril de 2017, dictado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales manifestó en su informe previo que no se impuso ninguna medida de apremio a la parte quejosa.

La autoridad expuso que únicamente le requirió el cumplimiento de la sentencia definitiva dictado en el expediente 104/2016, del índice de ese juzgado, bajo el apercibimiento que de no cumplimentarla se le arrestaría por 36 horas, ya que la medida de apremio fue despachada en el diverso proveído el pasado 7 de abril, sin que la parte quejosa haya ofrecido pruebas para desvirtuar dichas negativas y no el acuerdo de fecha 29 de marzo de 2017, como lo pretendió hacer valer la parte quejosa.

La deuda data de la administración del entonces alcalde Guillermo Toledo Moguel, entre 2009 y 2011. Entonces sumaba 600 mil pesos, pero al paso de los años y con los intereses, la deuda creció a cerca de dos millones de pesos. Ese alcalde dejó una deuda de unos 34 millones de pesos a diversas empresas proveedoras y contratistas.