Nacional
Por La Jornada
Publicado el sábado, 1 de abril del 2017 a las 13:52
Hermosillo, Son.- A petición de los padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC, la Procuraduría General de la República (PGR) retiró el expediente de la investigación a la agente del Ministerio Público Laura Flores Cansino y se lo asignó a Martha Patricia Muñoz Sierra, con el objetivo de que investigue el caso a fondo y determine la causa y a los responsables de la tragedia en la que murieron 49 bebés y más de 70 resultaron heridos, declaró Gabriel Alvarado Serrano, abogado de los afectados.
Integrantes del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños solicitaron al procurador “que sustituyera a la fiscal por el bajo perfil en el desempeño que se observaba respecto a sus funciones, así como la falta de sensibilidad hacia las víctimas o los ofendidos”, añadió el litigante.
El pasado 9 de septiembre, los familiares de las víctimas se manifestaron en las afueras de la Guardería en contra del Ministerio Público que llevba el caso; ahí se enfrentaron con elementos militares y de la Policía Federal para acceder a las instalaciones tomadas por la empresa texana LWG Consulting, quien por a orden de Laura Flores Cansino realizaban el octavo peritaje para determinar después de siete años la causa del incendio.
Alvarado Serrano detalló que era de gran importancia cambiar de Ministerio Público, a quien le tocará investigar a los presuntos responsables por el incendio, el homicidio y las lesiones que sufrieron las víctimas, dentro del antiguo sistema de justicia penal.
Señaló como indispensable que el caso se comience a llevar a través del Nuevo Sistema de Justicia Oral, el cual incluirá la declaración e investigación del ex mandatario Eduardo Bours Castelo y al ex procurador de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez; una de las principales demandas de los padres.
“El pasado 23 de diciembre un Juez Federal ordenó incluir como indiciados al ex gobernador de Sonora y su Fiscal General, para que investigue los crímenes conexos, que en este caso son dos, por los delitos cometidos en contra de la procuración justicia y falsificación de documentos por haber utilizado oficios apócrifos para desviar los primeros peritajes de la Guardería ABC”, aseveró el representante legal.
El abogado Gabriel Alvarado y un grupo de padres de las víctimas sostienen la teoría de que el fuego que incendió una bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y que después se propagó a la estancia infantil subrrogada por el IMSS, fue encendido intencionalmente para destruir las pruebas de una enorme deuda pública que supuestamente contrajo la administración del ex gobernador Eduardo Bours.
A ocho años de la mayor tragedia infantil en la historia de México, ninguna persona ha sido sentenciada o responsabilizada por el siniestro, que permanece impune.
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