Ciudad de México.- Seis organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, pidieron al gobierno estadounidense que detenga el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano, tras considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos para tener acceso a estos recursos.

La situación de los derechos humanos ha empeorado en el país en los últimos seis meses con el asesinato de periodistas, y el espionaje que ha hecho el gobierno mexicano a través del sistema “Pegasus” a los mismos, a activistas anti-corrupción y defensores de derechos humanos, señala el documento.

“En los últimos seis meses hemos atestiguado cómo la situación de los derechos humanos en México ha empeorado, incluyendo elevados niveles de violencia y ataques particularmente atroces contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Un total de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.

Este ambiente ha sido agravado por la reciente revelación del periódico “The New York Times” y de organizaciones civiles mexicanas e internacionales sobre la utilización ilegal de spyware, que puede ser sólo adquirido por entidades gubernamentales, en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anti-corrupción.

Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos, “ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad”, dijo Maureen Meyer, coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México, cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos, sólo empeorará la situación del país en lugar de mejorarla”, dijo la activista.

La solicitud al gobierno de Estados Unidos se realizó a través de un memorándum que fue enviado a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Estado y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, y a la embajadora de ese país en México, Roberta Jacobson. “Se presenta la investigación y casos documentados por nuestras organizaciones que demuestran que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos en derechos humanos señalados por el Congreso para el año fiscal 2017”, señala el documento.

“Consideramos que el informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos humanos incluidos en la ayuda para Financiamiento Militar Exterior a México representa una importante oportunidad para realizar una evaluación meticulosa y completa del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos establecidas por el Congreso”, agrega.